* Es demasiada complicidad, tanta que se convierte en actitud política intolerable. Así sucede ahora que el PRI decidió bloquear en el Congreso, durante la sesión del seis de marzo, la investigación del caso Odebrecht-Emilio Lozoya Austin
Gregorio Ortega Molina
Asustarnos por el uso político y/o faccioso de la administración de justicia es pueril, pues en este país y en el mundo los ministros, magistrados y jueces, si son hábiles, aplican la ley por sobre la justicia cuando de servir al gobierno del que forman parte se trata, o imponen la justicia por encima de la ley, cuando de verdad deben obedecer a la sociedad. Ni siquiera lo notan, o los gobernados lo aceptan sin chistar, porque convienen en que así debe ser en cada caso.
Pero en ocasiones muy contadas es demasiada complicidad, tanta que se convierte en actitud política intolerable. Así sucede ahora que el PRI decidió bloquear en el Congreso, durante la sesión del seis de marzo, la investigación del caso Odebrecht-Emilio Lozoya Austin. La mayoría fue suficiente para neutralizar, contener y desnaturalizar la propuesta de la oposición para que la Auditoría Superior de la Federación avanzara en sus pesquisas sobre las irregularidades, ya detectadas, en contratos por valor de 2500 millones de pesos, o 135 millones de dólares.
En el último informe de la ASF se certificó que entre 2015 y 2016 la petrolera pública mexicana “pagó más de 668 millones de pesos por servicios no prestados, a la vez que se apuntó pérdidas de 1935 millones con la venta de etano por debajo del precio de mercado. Ambas operaciones en el marco de un mega proyecto petroquímico controlado por la mexicana Idesa y la brasileira Braskem, subsidiaria de Odebrecht”.
La nota de El País indica: “la petición de la diputada de Morena Rocío Nahle -candidata de la formación de López Obrador para ocupar la cartera de Energía- era que el Congreso aprobara una investigación más exhaustiva y abrir, en su caso, acciones judiciales contra los funcionarios implicados. Con 182 votos en contra y la abstención de una sola silla priista, esta nueva ramificación del mayor caso de corrupción conocido en la región, queda de momento bloqueada.
“Mientras que la trama ha provocado un tsunami político en países como Brasil, Perú o Colombia, en México la polémica se circunscribe a las novedades que se van conociendo del caso abierto por la justicia brasileña, o informaciones esporádicas revelados por investigaciones independientes. En octubre del año pasado, días antes de su renuncia como procurador general, Raúl Cervantes anunció: <<Ha concluido la investigación respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto>>.
“En diciembre, el exdirector en México de la constructora brasileña reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). <<Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir (…) para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años>>. Así narró Luis Alberto de Meneses Weyll el pago de un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto”.
Es momento de preguntarnos: ¿Por qué nada contra Emilio Lozoya Austin, y todo en contra de Ricardo Anaya Cortés? ¿Será que están urgidos de conservar el poder?
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