* Quizá la táctica usada para impulsar el voto del miedo quedó convertida en una de control social y gobernabilidad por intimidación. ¿Quién lo sabe?
Gregorio Ortega Molina
El uso legítimo de la violencia se deformó, o dejó de existir. Hoy, sostener la supuesta legalidad de los gobiernos y la “democracia” se hace a punta de pistola, como el Imperio Romano -para prolongar su decadencia, en la ilusión de un poder propio- lo hizo durante su ocaso, comprando alianzas militares o contratando grupos de mercenarios, porque sus soldados, para hacerlo, le exigían, al menos, el reconocimiento al convertirlos en ciudadanos romanos.
Los estadounidense son renuentes a que sus hijos viajen a la muerte en guerras que consideran ajenas, sobre todo porque al pacificar las zonas en conflicto empiezan los “préstamos” o financiamientos para la reconstrucción e inicio de un supuesto desarrollo, que nunca se logra, salvo el Plan Marshall al concluir la Segunda Guerra Mundial.
Por lo anterior me llaman la atención el reporte periodístico de El País, donde “Mario Laborie, coronel del Ejército español, curtido en misiones en Bosnia y Afganistán, explica desde su experiencia, porque <<allí donde no llega el Estado, siempre hay alguien que ocupa el vacío>>.
Por eso los mercenarios y los piratas existen, surcan, por dinero, mares y tierras donde no impera la ley, aunque hoy el gran problema legal, el gran vacío, son <<los nuevos corsarios>>, como se autodenominó Erik Prince, fundador de Blackwater. Son <<los corsarios del siglo XXI>>, afirma José Luis Gómez del Prado, ex miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre utilización de mercenarios, porque, a diferencia de los mercenarios, actúan <<con la patente de corso, la patente de un Gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas>>, como lo define la RAE. La situación actual puede ser más compleja <<porque los Estados no responden por las acciones de sus corsarios, antes sí>>, añade Carlos López, investigador de la escuela diplomática de Barcelona CEI”.
Abunda: “La Convención Internacional de la ONU contra el uso de mercenarios, de 1989, establece que un mercenario es <<toda persona que tome parte en las hostilidades, animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas>>. Los expertos convocados por el CEI coincidieron que esta definición está obsoleta porque ahora ya no se trata de individuos sin escrúpulos, sino de corporaciones con su plantilla de empleados, que ganan contratos públicos como quien se adjudica un concurso para proveer de ambulancias a un hospital”.
¿Cómo clasificar a esos grupos armados que se mueven en la república? ¿Sólo sirven a los intereses de la delincuencia organizada? O, como lo auto proclaman las auto defensas, ¿se crearon para defenderse de los abusos de la violencia legítima del Estado? ¿O sólo son grupos desestabilizadores creados para meter miedo, intimidar, aterrorizar, y echar al pueblo en brazos del gobierno?
Quizá la táctica usada para impulsar el voto del miedo quedó convertida en una de control social y gobernabilidad por intimidación. ¿Quién lo sabe?
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