* ¿Nos gustaría desayunar con la noticia de que San Lázaro y el Senado fueron ocupados por grupos armados instigados por autoridades que no están de acuerdo en respetar la ley y la Constitución?
Gregorio Ortega Molina
Ya que el presidente de México sostiene que nada hay como el sentido común para tomar decisiones, preguntémonos para qué se redactó la Constitución y sirven las leyes. Para preservar las libertades. Éstas tienen un costo que es necesario pagar: el respeto a los otros como principio básico de alteridad.
Si nos comportamos como fifís y recurrimos al Vocabulario técnico y crítico de la filosofía y leemos la entrada sentido político y social de la libertad, nos topamos con lo siguiente: Cuando se trata de esta libertad particular, o de libertades en plural, no hay sino una aplicación social… marca la ausencia de restricciones sobre el individuo: en ese sentido, se es libre de hacer todo lo que no está prohibido por la ley, o de rehusarse a hacer todo lo que no ordena. La libre expresión de las ideas y las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir con libertad, a excepción de cuando se abusa de esta libertad en los casos determinados por la ley. (Aquí existe, por norma constitucional y legal, una veda electoral).
Cuando los presidentes de México asumen el cargo, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Es Andrés Manuel López Obrador una excepción a ese ordenamiento? ¿No tiene un mandato constitucional? ¿Su palabra y su voluntad están por encima de cualquier norma legal?
La relación de los ciudadanos con la Constitución y el gobierno que administra al Estado está perfectamente clara. En este contexto el titular del Ejecutivo es un ciudadano más, pero con mayores responsabilidades. Él es el garante de que la ley se cumpla, él debe poner el ejemplo, si no lo hace, todos, absolutamente todos pueden hacer lo mismo y no cumplir con las obligaciones que impone la ley. Esto es la libertad.
En cuanto a los usuarios con los prestadores de servicios que se sirven de Internet, los contratos de aceptación de uso especifican las condiciones. Elegir servirse de ellas, o no, es hacer uso de la libertad de elección. Se puede prescindir de las redes sociales “comerciales” o se puede solicitar a los gobiernos que las normen, lo que de ocurrir facilitará que se tomen otros caminos, como el del clandestinaje para comunicar, criticar, deturpar, exhibir o negar lo que quien así lo hace cree estar en todo su derecho de hacerlo, sin detenerse a pensar siquiera que su libre arbitrio se expresa en un ámbito social y político que tiene establecidas reglas del juego constitucionales y legales, y al quebrarlas lo primero que se pierde es la paz interna de la nación, y el buen convivir con el vecino.
¿Nos gustaría desayunar con la noticia de que San Lázaro y el Senado fueron ocupados por grupos armados instigados por autoridades que no están de acuerdo en respetar la ley y la Constitución? Vigilemos entonces que, desde el presidente de México hasta el último de los siervos de la nación, cumplan con lo que marcan las normas legales y constitucionales.
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