* Todos los gobiernos denuncian y combaten el lavado de dinero, pero procuran que esos dólares de sangre resulten benéficos para sus economías
Gregorio Ortega Molina
El problema fundamental de todos los Estados auto llamados democráticos es la hipocresía. Erradicar la delincuencia organizada es una utopía. Los capo di tutti capi poseen espacios urbanos y rurales en comodato, porque las fuerzas del orden son insuficientes, y porque la realidad económica así lo determina: el reciclaje del dinero negro en la economía legal es un muro de contención frente a las presiones entre países, y ante los perniciosos efectos de la globalización: naciones pobres, especuladores y poderes fácticos ricos.
Por una filtración periodística a través de Reuters, los mexicanos venimos a enterarnos de que nuestro pudoroso gobierno tiene graves deficiencias en su estrategia contra la corrupción; dicha apreciación está descrita y es analizada en el reporte elaborado para la evaluación internacional al empeño legal de este gobierno en combatir el lavado de dinero.
Dicho estudio asevera que “el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que además es susceptible de lavarse en el mundo económico legal.
“En octubre de 2016, el gobierno publicó una versión oficial mucho más breve de los hallazgos, en la que describió el riesgo de lavado de dinero sin dar detalles”.
En el combate a la delincuencia organizada, dinero que se decomisa ingresa a la economía formal de manera etiquetada, lo mismo para procuración y administración de justicia, que para programas sociales y de otra índole, pero que apoyen las políticas públicas.
En cuanto al dinero negro -el que no se decomisa, pero al que se le hecha mano-, sólo en Colombia durante los años del boom de los barones de la cocaína, con Pablo Escobar Gaviria a la cabeza, operó con todo descaro la caja negra, pero dónde va a dar el dinero que se confisca y no se registra. El gobierno de Estados Unidos pelea el control de esa montaña de dólares, porque es útil para desarrollar programas de seguridad interna y de geopolítica no autorizados por su Congreso.
Ni allá ni aquí lo queman con la droga decomisada. Tiene un uso, y quienes lo administran sabrán qué hacer en cuanto le ponen la mano encima.
A lo anterior habría que sumar los escándalos de los paraísos fiscales destapados por un conglomerado de prensa internacional, en los que se dan nombres y cifras, además de destaparse la auténtica personalidad de los tenedores de esas fortunas, seguramente consideradas por algunos el “guardadito de seguridad” ante una severa crisis económica, y para otros es simplemente cuidarse del descuido jurídico en que están muchas de nuestras instituciones.
Los medios informativos mexicanos indican que “Los fondos ilícitos identificados en el reporte clasificado equivalían a 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014, cuando se recopilaron los datos, aunque el informe no incluyó ninguna previsión del monto generado por la corrupción y varios otros delitos.
“El reporte de 321 páginas fue preparado en anticipación a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), asociación de agencias de gobiernos dedicadas a combatir el lavado de dinero”.
No le demos vueltas, todos los gobiernos denuncian y combaten el lavado de dinero, pero procuran que esos dólares resulten benéficos para sus economías.
La cornucopia mexicana está allí. Es de otra naturaleza, pero permanece vigente.
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