El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Es innegable la crisis de seguridad y justicia en el país, pero el régimen pretende ocultar o simular una realidad que lo rebasó y prefiere escurrir el bulto para responsabilizar al Poder Judicial del quebranto de la legalidad, cuando la reforma a la administración de justicia solo es el cumplimiento de una caprichosa vendetta política del ex mandatario ante la imposibilidad de someter a ministros a los designios de una presidencia imperial.
¿Será culpa exclusiva de los jueces el 96 por ciento de impunidad que prevalece en México o que la puerta giratoria en los reclusorios posibilite la reincidencia de los delincuentes?
Desde hace siete años, la falta de una política pública de seguridad incrementó la criminalidad y la percepción de inseguridad. Tan solo en marzo, el 68 por ciento de las mujeres se sintieron inseguras en su localidad, sobre todo en las gobernadas por el proyecto político de la 4T. La inacción en materia de prevención del delito y la ineficaz persecución del mismo posibilitó que las mafias asumieran la gobernabilidad y que el Estado claudicara en proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
A la corrupción y connivencia oficial se agregó la incapacidad del policía de investigación y del ministerio público para actuar en el marco del nuevo sistema penal acusatorio. Malas indagatorias y deficiente integración de las carpetas de investigación provocaron, más que por corruptelas, que los togados liberaran a los infractores. Los indiciados no permanecen en los saturados centros de “readaptación” por la negligencia de la Representación Social y no por deshonestidad de los magistrados.
Lejos de corregir las deficientes actuaciones en los juicios orales de las áreas de seguridad y procuración de justicia, se optó por manipular las estadísticas –“se redujo el homicidio” en un país con más de 250 mil muertes violentas o “disminuyeron los delitos federales”, sabedores que esos ilícitos solo representan el cinco por ciento de la incidencia delictiva y que afectan más a las dependencias que al ciudadano de la calle-, para confundir a la opinión pública, y se prestó el aparato gubernamental para, en complicidad con un abyecto Poder Legislativo, cumplimentar la venganza personal de un reyezuelo mediante el uso faccioso de la ley. Por ello se ideó, desde el Ejecutivo, una aberrante reforma judicial para derrocar a los ministros de la Corte y someter a elección popular los cargos de jueces y magistrados para eliminar un contrapeso constitucional.
Serán votados miles de candidatos, muchos de ellos sin la experiencia necesaria para la función o coludidos con el crimen organizado, como lo reconoció el impresentable “legislador” Gerardo Fernández Noroña. Es una lástima que tampoco se haya capacitado al electorado para dilucidar por quién votar, que no sea por los candidatos del oficialismo y de las mafias.
Apostilla: Más allá del inusual y oneroso experimento comicial -pronto también querrán que se elija al presidente del Banco de México-, habrá que ser muy cuidadoso para rescatar a gente de valía que puede llegar por su carrera judicial, experiencia o trayectoria profesional y ejercer a cabalidad como impartidoras de justicia. Es el caso de la togada Karla Vianney Salgado Pérez, quien compite para juez en materia Administrativa por el distrito IX de la CDMX con residencia en Tlalpan y Coyoacán. Con maestría, especialidad en Derecho Penal y larga carrera judicial, Salgado Pérez propone una justicia accesible y cercana a la gente; sentencias comprensibles y lenguaje claro; eficiencia y modernización de la impartición de justicia; reducción del rezago judicial, y justicia con enfoque humano y social.
También resalta Karla Fernanda Fernández Barrios, candidata a magistrada de Circuito en materias Administrativa y Laboral con sede en Michoacán. Con estudios judiciales en España, maestría en Derecho Fiscal y especialidad en Derecho Administrativo, Fernández Barrios considera que en un Estado democrático y de Derecho la participación de la mujer en espacios de decisión, no solo es una prerrogativa constitucional, sino una exigencia de justicia. La jurista sostiene que la discriminación de género constituye una forma de violencia política electoral y sostiene que el principio de paridad debe traducirse en prácticas libres de estigmas y prejuicios. Ofrece justicia con perspectiva de género, intercultural, sensible, humana y profesional.
Sería una lástima que estas preparadas abogadas dependan de irreflexivos y obligados sufragios o de cuotas políticas en un Poder Judicial urgido de legitimarse para demostrar la autonomía e independencia que garantice la impartición de justicia para todos los mexicanos.
