José Alberto Sánchez Nava
“Sin la libertad del juez para interpretar la ley, la justicia se convierte en una herramienta de opresión y el Derecho, en una sombra vacía.”
1.-René González de la Vega*, maestro y jurista eminente, nos confronta con una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que es imposible soslayar: el papel insustituible del juez como guardián de la justicia en un Estado de Derecho. Su reflexión, un grito de alerta ante la amenaza que se cierne sobre la autonomía judicial en nuestro país, nos obliga a repensar los fundamentos mismos de nuestra convivencia civilizada.
El aforismo que menciona—“el legislador tiene las enseñas de la ley, pero las llaves de la ley las tiene el juez”—es tan cierto como esencial. El legislador es quien establece las leyes, quien debate y codifica normas con la intención de proteger derechos, organizar instituciones y dejar un legado de justicia. Sin embargo, la realidad nos recuerda que las leyes, por perfectas que parezcan en el papel, son obras humanas y, como tales, están plagadas de imperfecciones, lagunas, y a veces, contradicciones.
2.-Aquí es donde el juez entra en escena, no como un simple aplicador mecánico de normas, sino como el verdadero intérprete y custodio de la justicia. Es el juez quien tiene las llaves de la ley, quien puede discernir cuándo una norma debe ser aplicada, reinterpretada o incluso desestimada si contradice los principios más altos de la justicia o la Constitución. Esta función es esencial para mantener el equilibrio en un Estado de Derecho.
Sin embargo, hoy en día, enfrentamos una amenaza grave. En México, se escuchan cada vez más voces que sugieren limitar o incluso anular la capacidad interpretativa de los jueces. ¿Qué significa esto? Significa arrancar de raíz la esencia misma de la justicia. Impedir a un juez interpretar una norma es convertir la ley en una camisa de fuerza, en una herramienta de opresión más que de equidad.
3.-René González de la Vega, con su lúcida advertencia, nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de un sistema judicial amordazado. Si permitimos que estas ideas despistadas ganen terreno, estaremos despojando a nuestra sociedad de su mayor defensa contra la arbitrariedad y el autoritarismo. Las leyes, sin la interpretación judicial, son meros textos, vacíos de la esencia que les da vida: la justicia.
Los mensajes ominosos que menciona el maestro González de la Vega, provenientes de Oaxaca, la Ciudad de México, Sinaloa y otros rincones del país, no son meros ecos lejanos; son señales de alarma que debemos tomar en serio. Si seguimos por este camino, podríamos ser testigos de un desmantelamiento del sistema jurídico que nos dejaría desprotegidos ante el renacimiento de un Dracón moderno, más autoritario y más tonto, que busca gobernar sin límites y sin contrapesos.
4.- No es exagerado pensar en un futuro en el que, si estas tendencias se consolidan, nuestro país podría ser el primero en el mundo civilizado en borrar de un plumazo su sistema judicial y todo concepto de Derecho. ¿Qué quedaría entonces? Un Estado de fuerza, donde la justicia es dictada por quienes tienen el poder, no por quienes deben equilibrarlo.
En este sombrío escenario, la advertencia de René González de la Vega no es solo una reflexión académica, es un llamado urgente a la acción. Defendamos la autonomía judicial, la interpretación de la ley y, sobre todo, la justicia que da sentido a nuestra convivencia. De lo contrario, preparemos, como bien dice el maestro, el pliego de mortaja para nuestra profesión, y con ella, para los derechos y libertades que tanto nos ha costado conquistar.
La justicia no puede ser negociada, ni su función reducida a un mero trámite burocrático. Es tiempo de recordar que, sin jueces con las llaves de la ley, no hay justicia. Y sin justicia, no hay civilización que merezca ese nombre.
5.-La reflexión de González de la Vega es más que una advertencia; es un llamado a la conciencia colectiva de todos aquellos que valoran la libertad y la justicia. En un momento donde las amenazas a la autonomía judicial se vuelven cada vez más palpables, es imprescindible que todos, desde los académicos hasta los ciudadanos de a pie, comprendamos lo que está en juego.
La historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando el poder judicial es debilitado, el camino hacia el autoritarismo se allana. Los regímenes más oscuros del pasado y del presente tienen algo en común: un desprecio por la independencia del poder judicial. Esto no es casualidad; los jueces, con su capacidad para interpretar y aplicar la ley, representan un contrapeso esencial al poder político. Cuando esa capacidad se limita, lo que queda es una justicia controlada, manipulada, y al servicio de intereses que no siempre coinciden con los de la sociedad en su conjunto.
6.-En México, la situación es especialmente preocupante. Los recientes intentos de socavar la independencia judicial se han manifestado en varias formas: desde la descalificación pública de jueces y magistrados, hasta propuestas legislativas que buscan restringir su autonomía. Esto, combinado con un clima de creciente violencia y amenazas contra operadores de justicia, genera un entorno en el que la función judicial se convierte en una tarea no solo difícil, sino peligrosa.
González de la Vega no exagera cuando habla de la posibilidad de que México sea el primer país en borrar su sistema jurídico y judicial en el mundo civilizado. Esto podría parecer una hipérbole, pero es una advertencia que debemos tomar en serio. La erosión de la independencia judicial no ocurre de la noche a la mañana; es un proceso gradual, hecho de pequeños retrocesos que, cuando se suman, resultan en un colapso total del Estado de Derecho.
7.-¿Qué podemos hacer ante esta situación? Primero, es crucial que defendamos el principio de la separación de poderes. El poder judicial debe ser independiente no solo en la teoría, sino también en la práctica. Esto implica que los jueces deben tener la libertad de interpretar la ley sin presiones externas, ya sean políticas, económicas o de cualquier otra índole. Cualquier intento de restringir esta libertad debe ser rechazado de plano, pues atenta directamente contra los fundamentos de nuestra democracia.
Además, es necesario fortalecer la cultura jurídica en nuestro país. La ciudadanía debe entender que el papel del juez no es meramente aplicar la ley de manera literal, sino interpretarla y adaptarla a los principios de justicia que rigen nuestra sociedad. Esta labor requiere de un profundo conocimiento, no solo de la ley, sino también de la ética y de los principios fundamentales que sustentan nuestra Constitución. Un juez que no puede interpretar la ley es, en efecto, un autómata, y un sistema judicial compuesto de autómatas no es más que una farsa.
8.-Finalmente, debemos estar vigilantes ante cualquier signo de retroceso en la independencia judicial. Los ataques a los jueces y magistrados, ya sea a través de descalificaciones públicas, amenazas directas, o intentos de reformas legislativas que buscan controlarlos, deben ser confrontados con firmeza. La comunidad jurídica, junto con la sociedad civil, debe alzar la voz para proteger a quienes tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio entre el poder y la justicia.
De la Vega nos recuerda que la justicia no es un concepto abstracto, sino una realidad que se construye día a día en los tribunales, en las aulas, y en las calles. Si permitimos que esta realidad sea deformada o destruida, no solo estaremos perdiendo un sistema legal; estaremos perdiendo la base misma sobre la cual se sostiene nuestra sociedad.
No podemos permitir que el Dracón moderno, autoritario y tonto, tome las riendas de nuestro destino. Es nuestra responsabilidad defender la autonomía judicial, no como un capricho de los juristas, sino como una necesidad vital para la supervivencia de nuestra democracia y de nuestras libertades. La justicia debe prevalecer, y con ella, la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos. Esta es la lucha que nos plantea René González de la Vega, y es una lucha que no podemos permitirnos perder.
*René José Ángel González de la Vega Pérez Miranda, nació el 7 de julio de 1947, Cursó Estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),1965-1969. Es Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales desde 1997. Es Presidente de su Comisión de Derecho Constitucional-Penal. Obtuvo la Medalla Ignacio Manuel Altamirano del Poder Judicial, de la hoy Ciudad de México en 2014, por sus actividades en materia de investigación jurídica, docencia y doctrina, la recibió junto a los Doctores Héctor Fix Zamudio y Ulises Schmill. Entre algunas de sus obras: Derecho Penal Contemporáneo, INACIPE, México, 2008. Dialogo en el infierno con Roxin, IFP-PGJDF-UBIJUS, 2009. Epistemología jurídico penal, tres tomos, Editorial Ubijus, 2012, Ha colaborado en más de 40 obras colectivas sobre derecho. Ha publicado medio centenar de artículos en materia jurídica en distintas revistas especializadas. Etc.
