La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una línea de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que apunta a funerarias de Iguala y a funcionarios del Servicio Médico Forense (Semefo). La versión ha sido cuestionada por los padres de los estudiantes y familiares de personas detenidas.
De acuerdo con un trabajo publicado por Proceso, la indagatoria incluye las declaraciones de Gildardo López “El Gil” y Ernesto Ramírez “El Neto”, identificados como líderes de Guerreros Unidos y testigos protegidos. Ambos sostienen que un grupo de normalistas habría sido incinerado en una funeraria habilitada como Semefo en Iguala.
La carpeta de investigación señala que las instalaciones eran operadas mediante una concesión otorgada a la familia Rueda y que presuntamente también habrían sido utilizadas para ocultar, destruir o sepultar otros restos humanos.
Siete personas fueron vinculadas a proceso por desaparición forzada el pasado 30 de junio. Entre ellas hay integrantes de la familia relacionada con las funerarias, así como funcionarios o exfuncionarios vinculados con el Semefo. A tres de los imputados también se les atribuyó el uso indebido de la función pública.
Uno de los detenidos es Julio César Valladares Baranda, coordinador del Semefo de Iguala en 2014. Según el reportaje, meses antes de su captura, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa le había ofrecido convertirse en testigo protegido.
Los familiares de Valladares rechazan las imputaciones y aseguran que las declaraciones de los testigos protegidos fueron rendidas casi 12 años después de los hechos. También sostienen que, en septiembre de 2014, las instalaciones señaladas no tenían horno crematorio y que durante la noche de la desaparición se realizaron necropsias en presencia de distintas autoridades.
Los padres de los normalistas también han puesto en duda los hallazgos. Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, relató que durante una diligencia del 20 de marzo les mostraron una bolsa con supuestos restos óseos etiquetada con el año 2014, además de otras áreas de la funeraria.
“Era una pinche burla, desafortunadamente, quieren hacer un teatro mediático, en el lugar no vimos nada real que tenga que ver con los 43 muchachos”, señaló González Contreras.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado de las familias, negó que los padres hubieran sido informados sobre el supuesto hallazgo de 20 bolsas con restos. Afirmó que únicamente conocen la existencia de la bolsa localizada en la funeraria.
Los familiares solicitaron que, si la bolsa contiene restos humanos, estos sean examinados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, Vicario Aguilar señaló que las nuevas investigaciones y detenciones todavía no han permitido establecer dónde están los jóvenes.
“Llegamos a 12 años sin ningún responsable sentenciado y lo peor es que no tenemos información del paradero de los 43”, afirmó.
Entre las diligencias pendientes está otra búsqueda en la funeraria El Ángel, en el sitio donde se encontraba en 2014. Para esa tarea, las autoridades esperan contar con un georradar.
