Ricardo Del Muro / Austral
El periódico El País publicó en su portada un reportaje del destacado reportero Tim Golden, donde señala que “Estados Unidos prepara una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narco”.
El periodista, dos veces ganador del premio Pulitzer, indica en su reportaje que dos agentes de la DEA, la agencia antidrogas del gobierno estadounidense, armaron una lista de 35 servidores públicos actuales y de la anterior administración, “después de que López Obrador comenzara a restringir la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas”.
Desde que se conoció la información publicada originalmente en ProPublica, la agencia de noticias independiente con sede en Nueva York, generó molestia e inquietud entre la clase política mexicana, que se incrementó después de que Golden, entrevistado por Carmen Aristegui, señaló que hay varios gobernadores estatales en la lista de políticos investigados por Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico.
Además, destacó que las autoridades estadounidenses están actuando con sigilo, sin declarar la forma en que procederán y dentro de poco tiempo saldrá más información a la luz.
Hasta ahora, escribió Golden en su reportaje, dos figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos: Marina del Pilar Ávila, gobernadora morenista de Baja California y su esposo Carlos Torres. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de estas restricciones en la medida que la Administración trabaja con una lista de varias decenas de figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y seguridad como vinculadas al narcotráfico.
“La lista incluye a líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, a varios gobernadores estatales y a políticos cercanos a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmaron bajo condición de anonimato funcionarios estadounidenses”, indicó Golden.
No es la primera vez que se habla de vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Allí está el caso de Abelardo L. Rodríguez, exgobernador de Baja California, quien desde la frontera brincó a la presidencia de la República en 1932, y ha sido considerado por The History Channel como uno de los primeros “embajadores de la mafia”. Rodríguez fue socio y aliado de la mafia estadounidense dirigida por Lucky Luciano, Al Capone y Meyer Lanski, quienes construyeron un casino y hotel en Tijuana, Baja California, llamado Agua Caliente.
La historia de don Abelardo ha sido repetida, con diferentes estilos y personajes, por otros gobernadores de los estados fronterizos del norte. Algunos burlaron a la justicia y se enriquecieron – incluso al fallecer, sus deudos mantienen la imagen de que fueron “políticos honorables” -, pero otros están presos o andan prófugos.
Más que el reportaje de Golden, lo que ha causado inquietud entre los políticos mexicanos es la revelación de que existe una lista. Aunque no es una información oficial ni hay certeza de su veracidad, la simple mención de que existe un documento con nombres de políticos presuntamente ligados al crimen organizado, ha generado que más de uno sude frío en San Lázaro.
Según Golden, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar restricciones de visa y sanciones a altos funcionarios y aliados del poder por presuntos vínculos con el narco. No hay nombres confirmados, pero el eco de la sospecha resuena con fuerza: quien esté limpio, que tire el primer pasaporte.
Lo más revelador no es que haya funcionarios bajo sospecha —eso, tristemente, es parte del paisaje político nacional— sino la reacción. De inmediato, aparecieron los indignados patriotas, los voceros de la soberanía selectiva, y las teorías de la conspiración que todo lo explican menos lo esencial: ¿por qué tantos se sintieron aludidos si nadie los nombró?
Lo irónico es que la clase política mexicana no tiembla ante la justicia nacional, que rara vez los toca. Tiembla cuando es el Departamento de Estado de Estados Unidos quien hace la llamada. Cuando lo que está en riesgo no es el fuero, sino el acceso a cuentas bancarias, propiedades en Texas o viajes frecuentes a Florida. Ahí sí, el discurso cambia. No es lo mismo ser señalado en una mañanera que perder el privilegio de visitar a los nietos en San Antonio o ir de paseo a Las Vegas y que sean bloqueadas las cuentas bancarias en dólares o incautadas las residencias en Isla del Padre, en San Diego o el depa en Nueva York.
Esta “lista” ha puesto a muchos a revisar sus maletas, sus vínculos, y sus antecedentes. Ha revelado, también, el cinismo estructural de un sistema donde los vínculos con el crimen no provocan escándalo moral, sino preocupación logística.
Y así, mientras algunos niegan, otros callan y unos más se justifican; pero muchos están intranquilos y con insomnio, preguntándose: “¿Quiénes están en la lista?, ¿Quién será el primero en caer…? RDM
