Por: Arq. Mario González R. Cedillo, CPP
VIVIR EN EL RIESGO
El hecho de VIVIR EN EL RIESGO tendría que ser evaluado desde una perspectiva más amplia que la del riesgo mismo al impacto de un evento, siendo hoy por hoy los riesgos más comunes la cotidiana subsistencia por el desempleo, la violencia generada por la inseguridad pública, que tiene secuestrada no solo a la sociedad en su conjunto, sino a las autoridades de los tres órdenes de gobierno ante una delincuencia organizada y autoridades ineficientes, omisas y corruptas.
Lo anterior adquiere relevancia, pues soslayar la observancia a la normatividad para los controles del uso del suelo en franca complicidad entre población y autoridades locales para el beneficio económico o político de unos cuantos, siendo éstos, quienes además de no participar del riesgo, involucran a las autoridades responsables de brindar el auxilio y recuperación a la población afectada cuando los desastres se hacen presentes.
En zonas de alto riesgo en donde se pretendan desarrollar obras de beneficio social por parte de los sectores público y/o privado, es necesario que el sector público no solo reconozca el riesgo, amenaza y vulnerabilidad de sus instalaciones, sino impedir la viabilidad y factibilidad de las mismas, como es el caso de un sinnúmero de instalaciones construidas en terrenos donados, en comodato o adquiridos no aptos para su construcción, poniendo en riesgo a los usuarios, el equipamiento, contenidos e información sensible.
Es obvio que desde la particular óptica del asentamiento (casi siempre irregular) de familias de escasos recursos, la percepción y ajuste sicológico al riesgo es asunto secundario, ya que la actual realidad económica de supervivencia familiar adquiere mayor relevancia que la autoprotección frente a una permanente amenaza de desastre, producto de la proliferación de asentamientos irregulares en los malhadados “cinturones de miseria”.
LA PROTECCIÓN CIVIL EN MÉXICO
Como resultado de los desastres sufridos en nuestro país en las últimas décadas, principalmente los de septiembre de 1985 y 2017, así como los esfuerzos de las autoridades por contar con organismos de emergencias para la mitigación de los desastres naturales, no fue sino a consecuencia de los sismos de septiembre de 1985 que el gobierno federal elaboró las Bases del Sistema Nacional de Protección Civil (DOF 6 Mayo de 1986), el cual ha sido desvirtuado en su concepción política y operativa; política, por la incapacidad de aglutinar y articular las políticas y acciones descritas en dicho documento rector; operativa, por su descoordinación y alta rotación de funcionarios improvisados y sin experiencia cuyas equivocadas tomas de decisión podrían poner en riesgo a los habitantes como fue el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hgo., al replegar los apoyos que causaron la muerte de 135 personas, sin que hasta la fecha haya responsables.
La Protección Civil debe ser parte de la solución de una ineficiente planeación del desarrollo urbano y regional, en cuanto a prevención de desastres se refiere, provocados por agentes destructivos que integran el Sistema Afectable, el cual se compone por la población y diversos componentes propios del desarrollo urbano, entre los que destacan la infraestructura, el equipamiento, el uso del suelo, la vivienda, vialidades y transporte colectivo, que al ser expuestos al impacto de fenómenos naturales, pueden causar severos daños al Sistema Afectable y consecuentemente dar origen al desastre.
Para minimizar la ocurrencia de un desastre en cualquier Sistema Afectable, inicialmente se tiene que definir el grado o nivel de vulnerabilidad, analizando las características y resistencia de cada componente ante los daños que pueda producir cada tipo de fenómeno perturbador para con posterioridad reducir o minimizar dicha vulnerabilidad con el reforzamiento de la resistencia del Sistema a los daños y/o a la reubicación del componente urbano hacia sitios de menor riesgo.
En este sentido, la vulnerabilidad se define como medida indicadora de qué tan propenso es el Sistema a los daños que pudiese ocasionar el impacto de un fenómeno destructivo, midiendo la factibilidad con que el Sistema cambia de un estado normal a otro de desastre; esta vulnerabilidad dependerá de las condiciones y características del Sistema, tales como la densidad de población, el diseño urbano y arquitectónico y tipo de construcciones, estado de deterioro de las mismas, su conservación, mantenimiento y equipamiento.
Actualmente con la implementación de procesos administrativos de Alta Dirección como la planeación estratégica (FODA) e incorporación de tecnología como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), resulta imposible actuar en base a pronósticos y predicciones de horóscopo para la oportuna y correcta toma de decisiones que en forma extemporánea generan omisiones en la violación de las garantías individuales a las que tenemos derecho los mexicanos.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
Sin duda, la participación del Ejército (PLAN DN-III-E) y la Marina Armada (PLAN MARINA) han resultado de vital importancia en la planeación para las operaciones tácticas y capacidad logística para responder a los desastres, no solo por su espíritu de cuerpo y solidaridad con sus compatriotas en desgracia durante y después de los impactos de fenómenos naturales, sino por su organización y disciplina, con el inconveniente de que sus programas carecen de acciones de prevención (antes), pues solo realizan acciones de auxilio y rescate (durante) y recuperación (después).
Por todos es sabida su invaluable colaboración ante fenómenos naturales como huracanes, ciclones, inundaciones, terremotos, sequías, incendios forestales, vulcanismo, epidemias, etc., siendo los primeros en acudir al auxilio de la población afectada, quienes han asumido esas plausibles actividades que gozan del sensible reconocimiento y admiración de la sociedad por su desempeño con eficiencia, lealtad y patriotismo; actualmente su intervención ha sido vital para la subsistencia de las instituciones (Seguridad Interior) y de la vida de millones de mexicanos ante el clima de inseguridad y violencia (Seguridad Pública) que ha sumido al país en una laguna hemática.
CONCLUSIONES
Desde la óptica de Planeación Estratégica del Desarrollo Urbano y Regional para la Prevención de Desastres por fenómenos naturales o humanos, podrían ser tomadas en cuenta algunas propuestas contenidas en este ensayo para la detección oportuna de amenazas, riesgos y vulnerabilidad, a través de su análisis y evaluación que redunden en la seguridad y protección física de instalaciones, usuarios y contenidos a través de normas técnicas de diseño urbano y arquitectónico, de resistencia en los materiales de construcción que prevean y provean de seguridad al patrimonio inmobiliario, de conformidad a las leyes y reglamentos emitidos en materias de Planeación Proyectos, Construcción y Protección Civil.
Siendo la Protección Civil parte de la Seguridad Ciudadana, dentro de cuya normatividad deberán de conducirse con eficacia, eficiencia y efectividad, la administración de los recursos humanos, financieros, económicos, materiales, tecnológicos, naturales, etc., que deben ser traducidos en acciones de supervisión deberán ser provistos con el equipamiento de protección y seguridad física tanto para las instalaciones como de la protección personal a los responsables de la vigilancia, custodia y salvaguarda de la vida de millones de mexicanos que cotidianamente realizan sus actividades en miles de instalaciones públicas y privadas.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) informó que en México se registran cada año más de mil sismos. Esto se debe a que México está ubicado en una zona geológica como es el “Cinturón del Fuego” y sobre un eje volcánico en actividad; lo grave es que no se sabe con exactitud cuándo ocurrirá un sismo ni de qué magnitud; es imposible prever un sismo, pero sí prevenir y disminuir sus efectos, especialmente en las zonas más propensas a movimientos telúricos por el acomodamiento de las placas tectónicas en las costas del Pacífico, pero si no estamos preparados para salir indemnes de los sismos, también fallaremos al enfrentar fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional para las costas del Pacífico y Atlántico en el territorio nacional para la presente temporada de 2019.
En el campo de la prevención para la protección de la población y el medio ambiente, el Sistema Nacional de Protección Civil resulta útil en México, habida cuenta de los frecuentes “accidentes” por la clandestina ordeña (huahicol) y derrame de hidrocarburos o sustancias tóxicas y peligrosas que contaminan aire, suelo, ríos y mantos acuíferos; por explosiones e incendios forestales que afectan los bosques y selvas; las sequías o la destrucción de ecosistemas para contrarrestar los efectos de huracanes; así como el daño de arrecifes coralinos o la pérdida de los manglares provocados por la indiscriminada construcción de zonas hoteleras en zonas de conservación en varios estados con destinos turísticos de playa.
A éstas últimas consecuencias se deben agregar los costos de la inversión gubernamental para la reconstrucción de la infraestructura y obra pública destruida y la restitución mínima del patrimonio que pierden las familias cuando ocurren los desastres naturales con las consecuentes secuelas sicológicas de VIVIR EN EL RIESGO.
*****
