José Alberto Sánchez Nava
«Cuando la justicia se convierte en lotería, el Estado de Derecho muere en el primer sorteo»
Introducción: Un Voto que Redefinió el Futuro
En un México donde la división de poderes pende de un hilo, la histórica resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 13 de febrero trascendió lo meramente jurídico para erigirse en un grito de rebeldía ante la asfixia institucional. Al declarar improcedente el impedimento solicitado contra los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Javier Laynez, la Corte trazó una línea roja inquebrantable frente a la injerencia del poder político en la administración de justicia.
- El Conflicto: TEPJF vs. SCJN
La confrontación entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN se cierne sobre el argumento de la imparcialidad. El TEPJF exigió excluir a los cuatro ministros de la discusión de un proyecto que cuestiona sus resoluciones sobre las suspensiones derivadas de la polémica reforma judicial. Según esta instancia, el haber expresado críticas públicas a la reforma comprometería la neutralidad de los magistrados.
Sin embargo, en una votación de 6-3, la SCJN rechazó el impedimento. La presidenta, Norma Piña, fue clara al afirmar:
«Este caso no juzga la reforma constitucional, sino el conflicto interno sobre cuál es el órgano competente para revisar las suspensiones de amparo».
El ministro ponente, Alfredo Gutiérrez, puntualizó que el proyecto trataba de una disputa jurisdiccional, mientras que las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel —identificadas con la corriente pro-gobierno— insistieron en que el verdadero objetivo era invalidar ciertos actos emanados de la reforma, promoviendo la apertura de un incidente de suspensión.
- El Núcleo del Problema: La Reforma que Desmantela la Justicia
El enfrentamiento no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una reforma judicial impulsada en 2024 por un Congreso visiblemente alineado con el Ejecutivo. Entre los cambios más controvertidos se destacan:
- La elección de jueces por tómbola: Una medida que, en lugar de afianzar la meritocracia, introduce el azar en el nombramiento, abriendo la puerta a presiones políticas e incluso a la infiltración del crimen organizado.
- La creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ): Sustituyendo al tradicional Consejo de la Judicatura, este nuevo ente integra miembros designados tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, centralizando el control administrativo y debilitando la autonomía judicial.
- La reducción del número de ministros de la Corte: La disminución de once a nueve integrantes elimina salas especializadas y concentra en un Pleno sobrecargado una cantidad desmesurada de poder.
Lejos de ser una democratización, estas reformas, lideradas por Morena, parecen orientarse hacia la cooptación del sistema judicial, un proceso que pone en jaque la independencia de la justicia.
III. El Secuestro Institucional: Poder Ejecutivo y Legislativo vs. Jueces
El debate en la SCJN pone de relieve una dinámica perversa: la convergencia del gobierno federal y sus aliados en el Legislativo en detrimento de la función judicial. Mientras numerosos jueces de distrito han otorgado amparos para frenar estos cambios, el TEPJF, en manos de la corriente oficialista, se empeña en invalidar tales medidas, quebrantando así la autonomía judicial.
Un ejemplo emblemático es la eliminación de la suspensión automática de normas impugnadas, lo que permite que leyes inconstitucionales permanezcan vigentes durante años, erosionando el contrapeso esencial que la justicia debía representar para proteger los derechos ciudadanos.
- La Tómbola Judicial: Justicia al Azar
La supuesta medida antinepotista de elegir jueces por sorteo se revela como un experimento de alto riesgo. Imagine, por un momento, un juez penal federal designado al azar que debe dirimir casos complejos relacionados con el narcotráfico, sin la experiencia necesaria y sometido a presiones locales.
Este sistema podría transformar a los magistrados en peones de partidos políticos en lugar de garantes de la ley. La advertencia de organismos internacionales, como la ONU, resuena con fuerza al señalar que este método propicia la infiltración de redes criminales. La renuncia masiva del Comité de Evaluación Judicial en enero de 2025, motivada por la falta de transparencia, subraya la magnitud del peligro.
- El Futuro: ¿Una Corte Sitiada?
Aunque la SCJN ha logrado mantenerse firme, el camino por recorrer es arduo:
- Presión política constante: El bloque pro-gobierno, encabezado por ministras como Esquivel, Batres y Ortiz, continúa buscando minar decisiones que resulten incómodas para sus intereses.
- Horizonte electoral incierto: Las elecciones de junio de 2025, en las que tanto ministros como jueces estarán expuestos a campañas políticas, podrían socavar de forma irreversible la independencia judicial.
El eco de las palabras de Jorge Pardo —«Aceptar estos impedimentos desintegraría la Corte»— advierte sobre el peligro inminente: sin un quórum robusto, la justicia podría quedar paralizada, permitiendo que el poder se concentre y se perpetúe sin oposición.
Conclusión: La Última Trinchera de la Justicia
México se encuentra en una encrucijada histórica: ¿será la justicia un pilar autónomo del Estado o se convertirá en un mero apéndice del poder Ejecutivo? La decisión del 13 de febrero se erige como un rayo de esperanza en medio de una tormenta institucional, pero la lucha por la independencia judicial apenas comienza. En palabras de Octavio Paz, «la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los conflictos». Hoy, la Corte Suprema ha levantado la voz; la gran pregunta es: ¿quién se atreverá a seguirla en esta última trinchera de la justicia?
