(Segunda parte)
Por: José Murat
Una de las características medulares del pensamiento de la derecha neofascista mundial, entronizada en el poder público y ya no sólo en el poder económico, es el cortoplacismo monetarista, la desnuda lógica del capital, la acumulación de ganancias y la conquista de los mercados a cualquier costo, incluida la depredación del planeta, hasta poner en riesgo la viabilidad de la vida, la inteligente y la biosfera en su conjunto.
El consenso de la comunidad de naciones en torno a la protección del planeta, su salud y su preservación, está roto. Es parte de un nuevo orden mundial, inopinado e inimaginado hasta hace muy poco. Hoy, en puntos neurálgicos de poder, se reinstaura la ley de la selva, un nacionalismo obcecado que ha dejado fuera de las prioridades el cuidado de la casa común de los seres humanos, el planeta.
Ya describimos los fríos y pavorosos números, los indicadores del calentamiento global y sus consecuencias en los fenómenos meteorológicos extremos, datos que no dicen nada a los tomadores de decisiones en los gobiernos de la derecha, tanto que han decidido abjurar de los compromisos internacionales para reducir los índices de emisión de CO2 y otros contaminantes, compromisos suscritos en el Pacto de París y ratificados apenas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024 (COP29).
En esa cumbre celebrada en Bakú, Azerbaiyán, entre el 11 y el 24 de noviembre de 2024, donde más de 65.000 líderes mundiales públicos y privados, incluidos representantes del gobierno de Estados Unidos, demócrata entonces, se reunieron para actualizar y reforzar la agenda ambiental mundial, concretamente aumentar los fondos financieros disponibles y crear mecanismos efectivos para los mercados de carbono, los sistemas de intercambio de créditos que permiten a las empresas y personas comprar y vender emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para mitigar el cambio climático.
La COP29 fue la primera “COP del Financiamiento”, donde se acordó movilizar $300 mil millones para financiamiento climático, del 2025 al 2035, una cifra que quedó lejos del billón de dólares solicitado por los países no plenamente desarrollados, pero un avance significativo, pues triplicó los 100 mil millones de dólares aplicados previamente.
Ese financiamiento, se acordó en esa cumbre, estaría dirigido a eliminar los obstáculos para la transición energética y cumplir con los objetivos de triplicar las energías renovables, acortar drásticamente los tiempos de permisos, mejorar la preparación de las redes y aumentar la financiación de proyectos autosustentables en los países en desarrollo.
De manera más puntual, estas tres iniciativas clave son: a) el Compromiso Global de Redes y Almacenamiento de Energía, que tiene como objetivo implementar 1.500 GW de capacidad para 2030; b) el Compromiso de Energía Verde, que promueve corredores dedicados a energías limpias, y c) una Declaración sobre el Hidrógeno, orientada a aumentar la producción limpia. Son tres iniciativas fundamentales para garantizar que la infraestructura energética global sea capaz de soportar el aumento significativo en la capacidad de almacenamiento, optimizar la distribución de electricidad para fomentar el acceso a una energía asequible y sostenible, y diversificar las fuentes de energía, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles. Todo este esfuerzo orientado a reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Ese compromiso no existe más, a partir del 20 de enero del 2025, por parte del principal contribuyente a esta causa: el gobierno de Estados Unidos, la primera economía mundial y también la principal fuente de contaminación, quien no sólo se había comprometido con la agenda verde al interior de sus fronteras, sino también a apoyar con financiamiento a las economías rezagadas.
Desde el día 1 de la era Trump, el clima, la biodiversidad y el medio ambiente en general comenzaron a sufrir las consecuencias. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para retirar (por segunda vez) a Estados Unidos del Acuerdo de París y firmó otras tantas donde prioriza la energía fósil frente a la renovable.
No es cualquier decisión de Estado: el objetivo del Acuerdo de Paris es «mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales».
La orden ejecutiva, titulada Putting America First in International Environmental Agreements (Poniendo a EE. UU. primero en acuerdos ambientales internacionales), argumenta que estos tratados envían el dinero de los contribuyentes estadounidenses a «países que no necesitan, o merecen, la ayuda financiera en los intereses del pueblo estadounidense».
De acuerdo a la orden, el embajador estadounidense ante la ONU «inmediatamente remitirá una notificación formal escrita» declarando la retirada de «cualquier acuerdo, pacto o compromiso similar» bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (antecesor del Acuerdo de París). Además, el escrito señala que «cesará o revocará inmediatamente cualquier supuesto compromiso financiero contraído por Estados Unidos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático».
En suma, en este nuevo orden mundial instaurado por la derecha y la ultraderecha la depredación del planeta tiene permiso. Esperamos que la responsabilidad global contenga esta embestida retrógrada, en donde perdemos todas las naciones, todas las personas y todos los seres vivos.
