Por: Mtro. José Alberto Vázquez Cruz
La libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia, es un derecho que “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley”.
Pero qué sucede cuando los medios de comunicación tergiversan la información de manera deliberada para generar confusión, caos y manipulación e incluso desestabilizar a las instituciones del Estado, eso también es corrupción.
Por ello, me permito reiterar en una cita sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas define como campañas de desinformación a través del Informe “Contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”, a saber:
“Mientras que la información errónea se refiere a la difusión accidental de información inexacta, la desinformación no solo es inexacta, sino que tiene por objetivo engañar y se difunde con el fin de causar graves perjuicios.
La desinformación puede ser difundida por Estados o por agentes no estatales. Puede afectar a un amplio abanico de derechos humanos, socavando las respuestas a las políticas públicas o amplificando las tensiones en tiempos de emergencia o conflicto armado.
No existe una definición universalmente aceptada de desinformación. Ninguna definición puede ser suficiente por sí sola, dados los múltiples y diferentes contextos en los que puede surgir la preocupación por la desinformación, incluso en relación con cuestiones tan diversas como los procesos electorales, la salud pública, los conflictos armados o el cambio climático.”
La historia de los medios de comunicación es nuestro país es de triste memoria, cuando se hace referencia a la propagación de la información falsa y hace de esto una campaña para dañar, desprestigiar o manipular.
Tenemos innumerables casos de ello, la negación de la represión de los estudiantes en la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las tres cultura en Tlatelolco o de la guerra sucia, cuando un comunicador del canal de las estrellas decía que los precios no subirían sucedía todo lo contrario, recientemente, comunicadores a través de los principales medios de comunicación señalaron, cuando el Presidente López Obrador padecía Covid, que al presidente se le había trasladado a un hospital militar, incluso llevaron “expertos” en derecho constitucional para saber cuáles serían los pasos a seguir en caso de falta absoluta del ejecutivo.
Como se puede advertir de estos ejemplos, la desinformación tenía por objetivo generar confusión, incluso se podría llegar a afirmar, desestabilizar al gobierno.
La pregunta es, ¿existe un antídoto contra esas campañas de desinformación?, ¿es posible contrarrestarlas con las instituciones vigentes?
La respuesta es sí, pero se tiene que hacer acopio de voluntad para enfrentar a medios que tienen intereses muy específicos y por los que atraviesan negocios cuantiosos.
Las campañas de desinformación no tienen por interés defender el derecho a la libertad de expresión, tampoco tienen por objeto informar a la sociedad, todo lo contrario, existe la voluntad de hacer uso de todas las herramientas a sabiendas de que la información es falsa o errónea y se difunde de manera masiva.
Las nuevas tecnologías de la información potencian esa mala información, tan solo en nuestro país existen 135 millones de teléfonos inteligentes, 7 de cada 10 personas tienen acceso a internet y de ellos, 9 de cada 10 mexicanos usan las redes sociales.
La capacidad de difusión es voluminosa, por ello, el Estado debe velar por el uso adecuado de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
El artículo 6º de la constitución establece la obligación del Estado, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que la difusión de la información sea imparcial, objetiva, oportuna y veraz.
Si eso no sucede, el IFT está en posibilidades de sancionar a los difusores de las informaciones falsas, incluso retirándoles la concesión.
Esto es posible porque las telecomunicaciones y la radiodifusión son de interés público, lo que significa que el Estado y sus instituciones son responsables de proteger que los servicios que se prestan en la materia deben apegarse a los principios constitucionales, entre ellos la veracidad de la información.
Existen diversas maneras de comprobar la veracidad de la información, verificar si una fotografía es verdadera o si ha sido manipulada, incluso si la voz o algún acontecimiento se presenta con alteraciones de inteligencia artificial, muchos de esos métodos de comprobación están al alcance de cualquier usuario, por supuesto que están al alcance de los medios de comunicación masiva.
La industria del clic deja millonarias ganancias a los medios masivos de información, ahí es donde deben apuntar sus baterías las instituciones estatales, en nuestro caso el IFT y afectar las ganancias indebidas de las empresas y deducir la responsabilidad patrimonial correspondiente por difundir noticias falsas.
No se trata de censura previa, ni tampoco de sancionar al joven advenedizo que pretende saltar al estrellato de manera súbita en las redes sociales, sino a la industria que solapa y fomenta noticias e información contra el interés colectivo.
La reforma de 2013 en materia de telecomunicaciones impulsada por Peña Nieto solo buscó regular la “competencia”, el mercado, pero poco hizo para defender los derechos de las audiencias, eso fue secundario, el avance democrático debe potenciar los derechos de todas y todos para tener información veraz, es nuestro derecho, obligación de los medios de comunicación y responsabilidad de las instituciones del Estado para vigilar su complimiento.
Una entrega de Latitud Megalópolis para Índice Político
