Por: Ricardo Aguirre Cuellar
Estimado amigo; la negativa de senadores y diputados, así como de la presidencia de acatar las resoluciones de jueces, magistrados y ministros nos llevan por un irreductible camino de caos y confrontación de enormes consecuencias.
El pretender instalar la supremacía legislativa y ejecutiva por encima del Poder Judicial es acabar con toda la Constitución, pues supone que cualquier tontería impulsada por las mayorías legislativas representadas por los castrados diputados y senadores de morena y sus rémoras, podrá establecerse en no ya una Constitución que sea el instrumento que regule a toda la sociedad mexicana, sino sólo para una excluyente “constitución” donde los afines a un régimen déspota y dictatorial, sea el protegido, mientras que el resto de la sociedad no afín sean parias sin derechos, pues al no haber ninguna posibilidad de independencia y autonomía jurisdiccional los derechos de los contrarios u opositores serán conculcados por una supremacía mayoritaria que decidirá el destino de toda la nación.
Incorporar conceptos de enorme significado racial y discriminatorio y plasmarlo en la Constitución, con el “ingenuo” propósito de que una reforma constitucional no sea impugnada mediante ningún instrumento y por lo tanto no tenga validez, es de enorme peligro, pues implica que todo queda al capricho y voluntarismo de la poderosa casa presidencial, sin más contrapeso que su “ prudencia y tolerancia” que han demostrado que no tienen y que por el contrario van por todo el poder para imponer un régimen autoritario y dictatorial.
Y es que la supremacía que alega el poder legislativo como poder reformador y que buscan plasmar en nuestra Carta Magna, dista mucho de buenas intenciones y si por el contrario abre las puertas para hacer lo que les venga en gana.
No hay que olvidar que esta treta se la sacan de la manga para, evitar que mal llamada reforma judicial y que la Corte está estudiando sea declarada de inconstitucional, de manera que supremacitamente dos poderes el Legislativo y el Ejecutivo conspiran en contra del Poder Judicial Federal y prácticamente lo reducen a la nada jurídica al impedirle su intervención para revisar si una disposición es constitucional o no o si viola los Derechos Humanos y Garantías Individuales, que hasta ahora tenemos todos los mexicanos, pues le otorga a las iniciativas presidenciales y legislativas la inmutabilidad de cosas juzgadas, así sean monstruosas aberraciones como la que pretenden con la mal llamada reforma judicial, que destruye el equilibrio de poderes y sobre todo la independencia y autonomía judicial.
En suma, modificar sustancialmente nuestra forma de organización política y social y establecer conceptos supremacistas en el texto constitucional inevitablemente nos remite a explorar los pasajes más obscuros del pasado reciente de la humanidad.
Permitir el uso conceptual del supremacismo, es permitir la creación de una sociedad basada en que quien gana, gana todo y el que pierde, pierde todo.
Una donde el pueblo está representado por el poder político en voz de la casa presidencial y el otro.
El fantasma que nadie representa.
El excluido.
El marginado.
El discriminado.
A eso orillan las camisas moradas que hoy se sienten supremacistas y que con la arrogancia de los déspotas tiranos sumergen a sus pueblos en regímenes de miedo y sumisión.
Exagerado. No que va.
Lo que no se quiere ver, es que se pretende engañar con una supuesta supremacía constitucional, cuando lo que verdaderamente es.
Es la supremacía del poder legislativo y ejecutivo sobre el poder judicial.
En nuestra Constitución se consagra el principio de supremacía constitucional por encima de todo el cuerpo de leyes y reglamentos y donde se consagra los fundamentos de la nación, su organización política, social y jurisdiccional con una efectiva división de poderes, que de ninguna manera puedes ser subsumidos por uno u otro poder a costa de uno de ellos, como se pretende en este grotesco parche discriminatorio con el que buscan de una vez por todas desmantelar al Estado Mexicano y su equilibrio de poderes.
Para imponer ahora si.
El poder de una sola ideología y un solo dogma.
Ni más ni menos.
Entre paréntesis; se ha insistido que corresponde al Poder Judicial Federal revisar la constitucionalidad de cualquier reforma y más cuando está ataca los rasgos fundacionales del Estado Mexicano o va en contra de los derechos consagrados.
Así entonces que Sheinbaum se ponga a disertar que el Poder Judicial no puede emitir una resolución contraria a sus deseos, no sólo la muestra como autoritaria sino también como ignorante.
Pues sólo al Poder Judicial le es permitido revisar las disposiciones constitucionales y legales que regulan las relaciones entre particulares y de estos con el poder público, de manera que no hay otro poder que pueda desentrañar los alcances de una legislación y que aún cuando mañosamente se tergiversa el artículo 61 constitucional, pues no se analiza en concordancia con el entramado constitucional que le da base y fundamento a la nación. Sino sólo desde el punto de vista de que una reforma a la constitución no puede ser combatida por un juicio de amparo; siempre que dicha reforma no destruya o cambie la forma de organización política y social y por supuesto la división de poderes de una república democrática y federal. Como lo hace la mal llamada reforma al PJ.
Así entonces aplicar la literalidad de la ley dista mucho de una fundada interpretación de la misma, pues esta debe hacerse en conjunto con todas las disposiciones que afectan y que le son contrarias.
Así que no señora. La Corte si tiene facultades para revisar su mal llamada reforma judicial que acaba con una pieza fundamental de la división de poderes.
Les guste o no.
Y sentenciar que la reforma va. Es provocar una crisis de graves consecuencias para el orden jurídico y social de la nación.
El estado de derecho no es una entelequia caprichosa que queda a la voluntad presidencial, ni tampoco de sus alcahuetas.
El estado de derecho es cumplir a cabalidad lo que dice la ley y que resuelve un juez.
Nada más y nada menos.
Sino es así. Simplemente se acaba el orden jurídico y entraremos al sálvese quien pueda.
Es decir, al caos.
Que no les va gustar nadita de nada a los inversores y que por lo mismo no habrá empleos y si mucho desempleo y muy pocos recursos para paliarlos.
Y cuando los trabajadores salgan a la calle, reclamando empleo, que va hacer?
Encapsularlos y criminalizarlos. Muy seguramente
Porque si se pierden empleos, eso va suceder.
Ni duda quepa.
Y todo por un capricho despótico que dice que es deseo del pueblo.
Si como no.
PD siete ministros de la Corte y su presidenta renuncian anticipadamente a su mandato, para no ser comparsas de una elección matraquera que pondrá de cabeza a la nación.
PD2 y mientras se perfila una profunda crisis constitucional, hay otras crisis en seguridad pública y combate al narcotráfico, en salud, en empleo, en infraestructura, en educación, en economía, etcétera, etcétera, etcétera.
Y todavía no cumple 30 días en el poder.
Y no se da cuenta que las consecuencias son por los casi seis años del desgobierno de López.
Y que cada día que pase se irán agravando mucho más.
Y su presidencia debilitando más y más.
Una entrega de Latitud Megalópolis para Índice Político
