NEMESIS
Fernando Meraz Mejorado
Un grupo de legisladores de la oposición solicitará desclasificar las carpetas de investigación reservadas por López Obrador y confirmadas por Sheinbaum, con el pretexto de considerar “estratégica” la información contenida en ellas.
Para ello, según un informe, citarán al fiscal General de la República, al secretario de Relaciones Exteriores y a funcionarios involucrados en los proyectos clave del gobierno de Amlo para que justifiquen la reserva “estratégica” públicamente; si no lo hacen, los legisladores (del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el nuevo partido “Somos México”) pedirán aplicar sanciones políticas al poder Ejecutivo de Sheimbaum.
Según la Ley General de Transparencia, la información reservada deja de serlo si cesa el motivo que la ocultaba; si vence el plazo fijado (en este caso, 5 años para documentos de la FGR y Cancillería); si una autoridad ordena revelarla por interés público mayor; o si se trata de indicios de delitos graves o corrupción sistemática.
Esto, la confidencialidad de las carpetas. “es una forma de blindaje político para evitar que avancen las investigaciones, dada la cercanía de estas con personajes y estructuras de Morena, el partido en el poder y prominentes figuras del gobierno.
Hasta ahora el gobierno federal argumenta que.”no hay pruebas públicas de amenazas directas contra el propio partido, y que la protección impide indagar con libertad sus vínculos con “Los Chapitos” y los negocios de los hijos de Rocha Moya y López Obrador en obras públicas y empresas irregulares.
Sin embargo las críticas de los legisladores señalan que la “confidencialidad” es una forma de encubrimiento irregular.
El gobierno replica que las carpetas de investigación, datos fiscales y contratos que involucran a personas no sentenciadas fueron clasificadas como reservados o confidenciales por la Ley Federal de Transparencia y la de Protección de Datos, para no afectar el proceso ni difundir información personal.
Empero hay fuertes argumentos contra el gobierno; se ha documentado que empresas de los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya y López Obrador obtuvieron contratos millonarios, usaron facturas apócrifas y se vincularon a desvíos de recursos —y no se ha dado explicación pública detallada al respecto.
En la demanda de información los legisladores indican que la reserva es una forma de evitar escrutinio y proteger intereses políticos y económicos.
“Es evidente que la falta de resultados en investigaciones, impide probar los nexos entre funcionarios y grupos delictivos, o presiones políticas, que son el verdadero propósito de este secuestro de información.
Para mantener la impunidad de toda la banda de Amlo es impedir que la ciudadanía conozca contratos, vínculos y decisiones que beneficien a personas cercanas al exmandatario, postergando la rendición de cuentas.
El caso tiene dos versiones, una, la de Sheimbaum, Amlo y su grupo, se centra en pedir respeto para protocolos, procesos y soberanía.
La otra, la de la oposición y sociedad civil, revela que la reserva y la protección de datos es, en realidad pretexto para frenar investigaciones para encubrir presuntas corrupciones. La verdad dependerá de que se libere información verificable y se avance en juicios con plenas garantías, especialmente para los críticos de la 4-T y la pandilla morenista. –oOo–
