Baja California enfrenta una crisis política, institucional, económica y de violencia durante la recta final del gobierno de la morenista Marina del Pilar Ávila, de acuerdo con un reportaje de LatinUS.
La administración estatal concluirá el 31 de octubre de 2027, en medio de acusaciones sobre una presunta intervención del crimen organizado en el gobierno estatal y en ayuntamientos como los de Tijuana y Playas de Rosarito.
La entidad es considerada una de las cinco más violentas del país según el Índice de Paz México 2026, mientras sus habitantes enfrentan inseguridad cotidiana.
El reportaje también describe una ausencia de autoridad y señala que la gobernadora enfrenta cuestionamientos relacionados con su administración, el retiro de su visa de Estados Unidos y otros señalamientos públicos.
El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California señaló que el cobro de piso y las extorsiones, impulsados por la impunidad y el dominio de grupos criminales en las calles, han provocado el cierre de decenas de negocios.
Las acusaciones de infiltración criminal abarcan tanto a la administración estatal como a gobiernos municipales, en un contexto de violencia y crisis política.
El contenido forma parte de la segunda entrega de una nueva temporada de Estado de Sitio, serial de reportajes de LatinUS sobre la inseguridad en distintas entidades del país.
