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López Obrador devolverá a Chiapas más de 6 mil pesos por cada peso que le aportó para sus giras en ese Estado

Redacción Por Redacción
27 agosto, 2020
en Ramsés Ancira
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Historias para Armar la Historia

Ramsés Ancira

La difusión de un video de la nueva empresa binacional México- Estados Unidos, Latin US menciona cuatro cantidades: 900 mil pesos, de los cuales hay un faltante de 30 mil; luego un millón y dice que con un millón de pesos más se completa el apoyo para los mítines, micrófonos y templetes de Andrés Manuel López Obrador, presumiblemente en Chiapas o tal vez más ampliamente, en el sureste del país.

Sin embargo, casi de inmediato cientos de personas publicaron en sus redes sociales que ellos por voluntad propia, donaban pequeñas cantidades para los gastos de López Obrador. Lo particular es que la entrega de dinero está fechada el 15 de junio de 2015, fuera del tiempo de la campaña electoral presidencial, que habría de empezar 21 meses después. En marzo de 2017.

La razón es que López Obrador no dejó de recorrer el país, con o sin campaña presidencial.

El Presupuesto Federal de Chiapas para 2020 asciende a poco menos de 48 mil millones de pesos, que representan el 3.6 por ciento del total nacional.

Sin embargo, esto es aparte del proyecto del Tren Maya, que cruzará 42 kilómetros de suelo chiapaneco: de Palenque descenderá a Bosque del Cerro y nuevamente ascenderá a Tenosique Tabasco, en este tramo trabajarán más de 10 mil personas pertenecientes a mil 078 comunidades indígenas, lo que tendrá un derrame por concepto de inversión de 13 mil 394 millones de pesos. Esto significa que en caso de que Chiapas hubiera contribuido con 2 millones de pesos para los recorridos de López Obrador en la entidad, recibirá un retorno de 6 mil 697 pesos, por cada peso que le donaron, contando exclusivamente la inversión en los 100 primeros kilómetros del tren maya.

Si las cantidades mencionadas en el reportaje de Carlos Loret de Mola fueran ciertas, ya que no se puede contar el dinero que aparece en sobres cerrados, esto significaría que un solo proyecto de López Obrador, el Tren Maya, le estaría dando al Estado un rendimiento de casi 7 mil por ciento, al mismo tiempo que en plena crisis del Coronavirus se crean miles de empleos.

Por otra parte, la inversión en el Tren Maya, sumada al proyecto de la refinería de Dos Bocas, representa un total de 35 mil millones de pesos.

Según el área de estudios económicos de Citibanamex sobre las economías regionales, estas inversiones amortiguarán de manera muy importante los efectos sobre el desempleo que ha causado el Coronavirus.

Pero hay una circunstancia de la que muy poco se ha hablado, con una carretera de menos de 100 kilómetros podría unirse la refinería de Dos Bocas con el tren maya, de tal manera que se podrían establecer rutas de combustible hacia el centro del país, y desde ahí a los estados del Norte y a Centroamérica, con lo que se agilizaría el transporte de combustible dentro y fuera del país; agilizando el movimiento económico y creando miles de nuevos empleos.

Y algo más; aunque se habla de que México está en crisis, esto no es verdad para todo el país, durante 2019 Baja California Sur creció 17 por ciento, y Quintana Roo, gracias al turismo principalmente, 5.2 por ciento, al mismo tiempo que Tabasco, Chiapas y Campeche, entidades por las que atravesará el Tren Maya perdieron el 8.2, el 2.1 y el 1.6 por ciento de su Producto Interno Bruto respectivamente, esto a pesar de ser los estados con más agua y recursos minerales y petroleros.

De esta manera, a pesar de los críticos, López Obrador hará lo que ningún otro presidente en la historia reciente, reducir la desigualdad de los estados del país.

La otra cara de la moneda

Hay por otra parte aspectos legales que representan un problema particular. Dado que el video de Pío López Obrador se grabó en 2015, cuando no había campaña presidencial, el Instituto Nacional Electoral, tiene poca materia jurídica para sancionar.

Por su parte David León, que entrega el dinero, no desempeñaba en ese momento labores de función pública. No se le puede acusar de cabildear para alguien en particular.

El 12 de febrero de 2009, en el Diario Oficial de la Federación se estableció que los partidos políticos podían financiarse “de las aportaciones obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, de sus organizaciones sociales, de las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, de sus actividades de autofinanciamiento, y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, párrafo 5, del Código”. Los videos no prueban por sí mismos que el dinero haya sido aportado por el entonces gobernador Manuel Velasco Coello.

En las elecciones de 2012 Morena aún no contaba con registro como partido político, por lo tanto, no recibió presupuesto para la campaña de López Obrador. En 2015, en consecuencia, los dos millones de pesos de los que se hablan en estas grabaciones no representan un porcentaje cuantificable, con relación al financiamiento oficial.

Por otra parte, sería necesario demostrar, como en el caso que se le sigue a Lozoya Thalmann que las grabaciones fueron proporcionadas con el consentimiento de alguien o por orden judicial.

Si fue Pío López Obrador quien utilizó una cámara oculta o un celular ¿Quién las hizo llegar a Latin Us? ¿El propio Pío, o sus comunicaciones fueron intervenidas ilegalmente?

Y hay otro resquicio legal, las Leyes Electorales hablan de donativos de particulares realizados a Partidos Políticos, con penas de prisión de 5 a 15 años, sin embargo, aquí las donaciones, según la grabación, están hechas a una persona física (Andrés Manuel López Obrador) fuera de tiempos de campaña electoral.

Existe un precedente de los diputados perredistas, que el 20 de junio de 2019 demandaron al presidente López Obrador que la extinta Fiscalía Especial para Delitos Electorales había dejado sin efecto el castigo por los cerca de 13 millones de dólares que habría aportado la empresa Odebrecht en 2012 para la campaña de Peña Nieto, porque el delito ya había prescrito.

Así que diga lo que diga el testigo protegido Emilio Lozoya Thalmann y como nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, Enrique Peña Nieto no sería sujeto a proceso de acuerdo con la Ley, al menos no por los sobornos de Odebrecht.

En cambio, para Rosario Robles a quien no le encuentran propiedades, ni cuentas por su presunta participación en la omisión de delitos cometidos y documentados en la investigación de la Estafa Maestra le quieren imponer 21 años de prisión, porque “ni canta”, ni es “chivata” ni tiene una propiedad en Bosque de Ciruelos, una de las zonas más caras de la Ciudad de México, como sí la tiene Lozoya Thalmann.

Rosario Robles está presa con el argumento de una licencia de manejo, con una dirección falsa, documento que ni los bancos aceptan como identificación para cambiar un cheque de 100 pesos.

Así que ni los principales acusados de Lozoya, ni Pío, tendrán consecuencias de sus actos, pero Rosario sí, no porque se le haya comprobado enriquecimiento ilícito o por delinquir en su beneficio, sino por omisión. Una interpretación muy conveniente de las palabras de Benito Juárez, cuya nueva versión es “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas, aunque sea con licencias de manejo hechizas con fotos tomadas de Internet”, como sucedió con Rosario Robles Berlanga, a consideración del juez que casualmente también es sobrino de la diputada Dolores Padierna, casualmente también, esposa de otra persona grabada con portafolios donde sí se ve el dinero y no solo sobres amarillos.

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