Historias para Armar la Historia
Ramsés Ancira
Me comparte una lectora este mensaje y lo suscribo: “En nombre de la sed de justicia y de la autocrítica, ¿debemos deslindarnos de la 4T porque no se sujetó a proceso a Cienfuegos con base en unas pruebas que no prueban nada presentadas por la “prístina” DEA?
¿En serio?”
Prístina no es una palabra muy usual, por lo que vale la pena recordar su significado: inalterada o pura.
En las series de Netflix, la “Drug Enforcement Agency”, nombre completo de la Agencia que se aplica a combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, y extrajudicialmente en el resto del mundo, no es precisamente pura, pero al menos sirve como base para hacer programas de ficción, inspirados en historias reales, muy entretenidos.
Sin embargo, no se necesita hacer un análisis muy profundo para ver que, en un balance de la vida real, la DEA es un fracaso, si no fuera así Estados Unidos no sería el país con el mejor sistema de importación y distribución de drogas del planeta y la nación que más enervantes consume, con o sin receta.
Tan es así que ha sido ampliamente documentada la participación de la Agencia Central de Inteligencia en la distribución de drogas en los barrios negros de Los Ángeles, con cuyo dinero financiaron grupos contrainsurgentes.
La CIA es también presunta responsable del asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía, autor del libro “La CIA en México” y del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Para no agotar el espacio sin llegar al punto que deseamos, para saber más sobre el tema le recomendamos buscar en la Wikipedia el nombre del periodista, con premio Pulitzer, Gary Webb, asesinado con dos balazos en la cabeza, aunque oficialmente “se suicidó”.
Amigos periodistas en Nueva York nos han informado que la investigación que la DEA entregó al gobierno mexicano sobre el general Salvador Cienfuegos es de 2013, es decir de hace más de 7 años. La compraron a soplones mexicanos y está basada en mensajes de texto enviados por teléfonos móviles de la marca BlackBerry, que en ese tiempo era la más confiable porque usaba su propia red de internet, con lo que se dificultaba interceptar los mensajes.
Que un militar que inició sus estudios en el prestigiado Colegio Cervantes, escribiera con tan notorias faltas de ortografía y con modismos inusuales para los nacidos en la Ciudad de México, son solo algunos de los primeros indicios de que la información que brindó la DEA es, por decir lo menos, poco confiable.
Si la DEA hubiera dado pruebas de que los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa fueron incinerados en crematorios cerrados, pues la ciencia nos indica que es imposible que lo hayan hecho a cielo abierto, o sobre la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, entre los cuales estaban tres adolescentes; hechos ocurridos mientras Salvador Cienfuegos era el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto que nos hubiera resultado muy interesante la información. No fue así.
La Fiscalía General de la República decidió, y decidió conforme a derecho, y decidió bien, que con eso no bastaba para ejercer la acción penal contra el general Cienfuegos.
Ahora bien ¿Qué sucedería si la Fiscalía General de la República y las fiscalías de Justicia de la Ciudad de México y del resto del país decidieran hoy que debe suspenderse la acción penal contra todos los presos a los que no les ha probado científicamente su culpabilidad?
Qué ocurriría si se liberara a todas las personas víctimas de violaciones al debido proceso, por hechos como negarles el uso de agua potable, durante su estancia en prisión, para obligarlos a comprar agua embotellada en plásticos, al triple de precio; o a quienes no pueden pagar por usar los baños de los reclusorios, razón por la que su única posibilidad es defecar en las atarjeas que abren cada mañana y orinar en los canales donde también tiran la basura. Basura que tiene que ser recogida a mano limpia, entiéndase, sin guantes, por los presos más pobres y los más jóvenes, generalmente indígenas.
En México hay casi tantas personas con más de dos años en “prisión preventiva”, es decir culpables hasta que demuestren su inocencia, como personas muertas por Covid, en los 10 primeros meses de la pandemia. Sin embargo, de esta epidemia no se han ocupado ni López Obrador, ni Olga Sánchez Cordero, ni Alejandro Encinas ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ante el fenomenal aumento de los secuestros, tuvieron la política de fabricar culpables a como diera lugar para simular eficiencia.
Sólo voy a exponer un caso, pero podría ser representativo de más de 100 mil, el del joven colombiano Nino Colman Hoyos quien trabajaba en la zona rosa de la Ciudad de México hace once años. Un día que salió a comer lo aprehendió la policía de investigación, sin orden judicial. Mide más de 1.90 de estatura y pesaba menos de 70 kilos.
Lo acusaron del secuestro de una joven. Las cámaras del @C5_CDMX captaron el momento del plagio y se pudo ver a dos jóvenes robustos y no tan altos. Ninguno era Nino. Insisto, con su estatura de más de 1.90 y su escaso peso era imposible confundirlo con otra persona. Por otra parte, demostró que tenía una forma honesta de vida y que estaba trabajando cuando ocurrió el secuestro que le imputaron.
Nino trabajaba en una empresa relacionada con computación. Como prueba en su contra dijeron que había escrito correos electrónicos desde Hotmail, pidiendo rescate. La defensa demandó a Microsoft el testigo de estos correos y la empresa trasnacional dijo que simplemente no existían. La policía cibernética tampoco los encontró. El juez le dijo a Nino que eso era una buena noticia para él, pero el MP apeló. Dos años después, la secuestrada apareció muerta. Nino tenía ese tiempo incomunicado en la cárcel, así que él no pudo ser el asesino, sin embargo, al cargo de secuestro le agregaron el de homicidio.
Hay que reiterar: su estatura, peso y la falta de los correos que le adjudicaban eran elementos suficientes para ver que los elementos en su contra eran mil veces más endebles que los de la DEA contra #Cienfuegos.
Nino quiso estudiar Derecho en prisión para defenderse. Lo hizo, pero no oficialmente, las autoridades carcelarias no se lo permitieron, aunque él sigue haciéndolo por su cuenta.
Estaba por conseguir la revisión de su caso en la Suprema Corte de Justicia, pero según su madre, por influencias de Isabel Miranda de Wallace, no lo admitieron. Es una lástima que se apellide Colman y no Cienfuegos, porque así fuera no habrían encontrado elementos para ejercer la acción penal y no llevaría once años en la cárcel sin recibir sentencia.
