Por Aurelio Contreras Moreno
Las cifras sobre desapariciones y sepulturas clandestinas a lo largo del territorio nacional publicadas en el recientemente difundido reportaje “El país de las 2 mil fosas”, elaborado por Quinto Elemento Laboratorio de Investigación Periodística, Open Society Foundations y el proyecto “A dónde van los desaparecidos” son sobrecogedoras.
De acuerdo con esta investigación, entre 2006 y 2016 han sido ubicadas casi dos mil fosas clandestinas en 24 entidades de la República Mexicana. Con base en los datos aportados por los gobiernos estatales, se han encontrado mil 978 entierros subrepticios, cifra que nada tiene que ver con las 232 inhumaciones ilegales que apenas admite la Procuraduría General de la República.
Estos números reflejan el tamaño de una barbarie que ningún gobierno quiso ver ni detener en la última década, a pesar de que sucedía ante sus ojos. Y sin embargo, tampoco pueden considerarse, ni cercanamente, definitivos. El verdadero tamaño de la tragedia es mucho mayor.
Tómese como ejemplo el caso del estado de Veracruz. La investigación de la autoría de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati señala que “la Fiscalía General de Veracruz reporta que entre 2006 y 2016 ha localizado 332 fosas con 222 cuerpos, de los cuales 104 han sido identificados. En estos entierros también ha localizado restos óseos de 157 personas, 293 cráneos y en seis puntos más, miles de restos óseos. La autoridad reporta que ha identificado a 16 víctimas. En Veracruz han sido descubiertas fosas clandestinas en 46 de los 212 municipios”.
Sin embargo, las estimaciones que el propio gobierno estatal hiciera al inicio de la actual administración, así como las de los diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos que operan en la entidad, hablan de cifras que alcanzarían más de cinco mil personas de las que hasta la fecha se desconoce su paradero. La mayoría, a partir del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, aunque no exclusivamente durante ese periodo.
La verdadera magnitud de esta atrocidad que ha enlutado e incluso destruido a miles de familias en todo el país probablemente nunca llegará a ser conocida en su totalidad. Ha sido tan grande la impunidad con que los grupos criminales secuestraron la cotidianidad de franjas territoriales enteras y dispusieron de la vida de todos a su alrededor, así como la complicidad de las diferentes autoridades que, por decir lo menos, cerraron los ojos ante esta tragedia, que sus crímenes sobrepasan cualquier cálculo, cualquier testimonio, cualquier denuncia y cualquier búsqueda en las entrañas de la tierra, donde aún debe haber decenas, cientos, quizás miles de restos de seres humanos.
En un artículo publicado a raíz de “El país de las 2 mil fosas”, el investigador y analista de International Crisis Group, Falko Ernst, define que “lo que destapa la sistematización de esta investigación periodística debe ser leído como señal de lo que aún queda enterrado, de los vacíos de un mapa emergente del exterminio. Sin duda, esta pieza marca el inicio de una conversación seria sobre la magnitud real de lo que significa decir ‘fosa México’”.
Lo increíble es que apenas hasta ahora se hable de declarar una crisis humanitaria a causa de esta tragedia. Y ni siquiera a nivel nacional. Apenas si se considera a Veracruz y eso debido a la violencia política, aunque debería ser suficiente con escenas dantescas como las de Colinas de Santa Fe, El Porvenir y Arbolillo, parajes convertidos en auténticos campos del horror por criminales que cada vez se distinguen menos de quienes deberían combatirlos y garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Los números de la muerte así lo indican.
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