La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó a su antecesor, Jaime Bonilla, de haber organizado una “trampa” para grabarla durante una reunión privada relacionada con su visa estadounidense y posteriormente difundir los audios con fines políticos.
Durante una rueda de prensa, la Mandataria estatal afirmó que el encuentro ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en sus oficinas en Tijuana, luego de que Bonilla la contactara de manera informal a través de WhatsApp para proponerle dialogar con presuntas autoridades de Estados Unidos.
Ávila Olmeda explicó que accedió al encuentro al considerar que se trataría de funcionarios legítimos para abordar temas de relación binacional y su situación migratoria, pero aseguró que fue inducida a participar en una conversación con personas que se hicieron pasar por agentes o intermediarios.
“Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar como agentes o intermediarios”, declaró.
De acuerdo con la Gobernadora, durante la reunión los supuestos interlocutores le mencionaron posibles cargos y procesos judiciales en el extranjero con el objetivo de provocar sus reacciones. Ante ello, señaló que pidió que cualquier asunto se tratara con su abogado y destacó que nunca le presentaron documentación oficial.
La polémica surge luego de que se difundieran audios en los que se le escucha negociando con un presunto enlace del FBI, quien le advierte sobre posibles delitos y un proceso de extradición, a cambio de información en materia de seguridad. Al respecto, la Mandataria rechazó haber comprometido datos sensibles.
“Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria. Nunca he entregado ni entregaría información que comprometa la seguridad nacional”, sostuvo, al tiempo que afirmó que los audios fueron “burdamente manipulados, cortados y completamente sacados de contexto”.
La Gobernadora subrayó que el intercambio de información con autoridades de California es una práctica habitual debido a la condición fronteriza del estado, pero insistió en que siempre se realiza dentro de canales institucionales.
Asimismo, adelantó que su equipo analiza posibles acciones legales por estos hechos. “El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política”, expresó.
Ávila Olmeda también señaló que podrían difundirse más fragmentos de la conversación y reiteró que únicamente cuenta con dos cuentas bancarias en México y ninguna en el extranjero.
En el mismo contexto, recordó que Jaime Bonilla enfrenta un proceso penal y está vinculado a proceso por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por delitos como peculado y abuso de autoridad, y mencionó que su administración logró recuperar recursos relacionados con ese proyecto, incluyendo un monto inicial de 123 millones de pesos que ascendió a 174 millones con intereses, además de evitar un posible daño mayor a las finanzas estatales.
