La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de Carlos Torres Torres luego de que Estados Unidos lo sancionara por sus presuntas operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
En un comunicado de cinco puntos, el Gobierno estatal estableció que ambos están legalmente divorciados y que únicamente comparten el interés por el bienestar de su hijo.
“La Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, estableció el posicionamiento.
La administración estatal también recalcó que “La Gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC” y aseguró que Ávila Olmeda no tiene cuentas ni bienes en el extranjero, además de que su patrimonio está declarado en México.
Tras conocerse las sanciones, la mandataria instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas celebraron contratos con el Ejecutivo estatal. En caso de existir, los expedientes deberán enviarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra 21 personas y 25 entidades presuntamente vinculadas con la estructura financiera y redes de corrupción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
“Las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes, que serán las encargadas de informar sobre las investigaciones. El Gobierno del Estado no hablará en su nombre y continuará enfocado en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de Baja California”, señaló el comunicado.
“La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará concentrada en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de las y los bajacalifornianos”, agregó el Gobierno estatal.
De acuerdo con la OFAC, Torres Torres sería un operador político presuntamente aliado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por autoridades estadounidenses como comandante de “Los Rusos” en Mexicali.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, sostuvo que las sanciones muestran el grado de penetración que, según Washington, habrían alcanzado organizaciones criminales en estructuras públicas de Baja California.
“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el Gobierno de México, particularmente en Baja California, donde allegados al ex esposo de la Gobernadora, un ex director de seguridad pública de Mexicali así como otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las policías”, sostuvo Pigott.
La OFAC también señaló que Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres presuntamente auxiliaron a esa facción criminal mediante mandos policiales locales, entre ellos Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. La autoridad estadounidense confirmó además que la visa de Torres Torres había sido revocada desde 2025.
Las sanciones contemplan el bloqueo de los bienes de las personas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones para realizar transacciones con ciudadanos de ese país.
Por su parte, Carlos Torres rechazó “absoluta y rotundamente” los señalamientos y anunció que recurrirá ante las autoridades estadounidenses para aclarar su situación.
“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, aseveró.
Torres precisó que, entre las empresas incluidas por la OFAC, únicamente posee 30 por ciento de las acciones del mercado “Vive Orgánico”, en Tijuana.
También afirmó que los señalamientos derivan de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025 y que, hasta el momento, no ha sido citado a comparecer.
