El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Todo Estado democrático requiere de medios de comunicación libres y fuertes que ofrezcan a la opinión pública una tribuna de expresión plural y al gobierno una crítica constructiva que le permita instrumentar sus políticas públicas y corregir errores en su implementación. El sexenio que está por empezar tiene la oportunidad histórica de recomponer la relación del Estado con los medios y fomentar un periodismo al servicio de la sociedad y no del poder. La comunicación puede impulsar la unidad nacional y ser un aliado efectivo para la gobernabilidad, sin ser sumiso ante los actos de autoridad.
En el siglo XX se pervirtió la relación de la prensa con los gobernantes, a quienes lo mismo los chantajeó que aceptó ser vocero de la propaganda oficial; la publicad y los subsidios a periodistas se utilizaron no para informar o difundir las acciones de gobierno, sino para comprar las conciencias de dueños, reporteros, opinadores y conductores, por lo que el periodismo dejó de ser un instrumento de difusión de los sucesos que interesan a la sociedad o actividad profesional que visibiliza realidades que afectan a la ciudadanía o exhiben abusos de poder.
La complicidad de propietarios de medios con grupos políticos, de presión o fácticos imposibilitó que se cumpliera con los objetivos de informar con veracidad, entretener sanamente, ser un canal de educación y divulgador de ideas y cultura. Esa prostitución de la comunicación no evitó que hubiera espacios o plumas que ejercieran el periodismo con responsabilidad, pero fueron acalladas por instrucciones oficiales o por la autocensura de los detentadores de permisos y concesiones.
En el sexenio que está por concluir, el cierre de la llave de la publicidad oficial hizo que desparecieran diversos medios y quedaran sin tribuna muchos periodistas y opinadores. A pesar de las acciones oficiosas y zalameras de directivos, en este periodo se satanizó la función periodística y se fomentó la polarización entre verdaderos comunicadores y testaferros del régimen en papel de periodistas. Fue una lucha donde los informadores llevaron las de perder ante la inacción de sus patrones, quienes prefirieron quedar bien con el gobierno, con la esperanza de obtener canonjías o que se respetaran sus negocios. Poco pudieron obtener y sacrificaron el reconocimiento social, además de mandar a la calle a centenares de periodistas.
El gobierno nunca entendió que un régimen democrático requiere de la prensa libre y fuerte, comprometida socialmente y atenta a los yerros gubernamentales, no por mera exhibición, sino para corregir desvíos en la administración pública. Por eso, el sexenio que está por comenzar tiene la oportunidad histórica de abrir una nueva era en la relación del gobierno con la prensa, no exclusivamente con los propietarios. Se debe reencausar la inversión publicitaria oficial entre todos los medios, grandes y pequeños y no como hasta ahora, solo para las grandes televisoras y los medios afines como La Jornada.
Publicidad que no debe servir para cooptar medios ni exigir la autocensura o condicionar el manejo informativo, sino para la difusión real de las actividades de gobierno. Otro paso importante es crear de nuevo una agencia de noticias del Estado mexicano, dar independencia a los medios estatales y no convertirlos en instrumento de propaganda gubernamental. El sistema público de radiodifusión no debe ser La Hora Nacional setentera, sino verdadero mecanismo de comunicación que informe, entretenga, eduque y difunda.
También los medios deben entender que en la presente centuria las cosas no son como antaño y que el famoso cuarto poder no puede ser un grupo de presión para favorecer los muchos negocios de los propietarios, sino empresas con responsabilidad social. Hoy se necesita un periodismo más profesional y comprometido, para ello es fundamental abandonar el periodismo empírico, fortalecer las carreras universitarias de comunicación y avanzar en la colegiación de los periodistas en un solo organismo gremial que pugne por un salario profesional digno para evitar la tentación de los embutes, que en pasado -para satisfacción de los empresarios de la comunicación-, se veía como una indexación del sueldo de los reporteros.
El Colegio Nacional de Periodistas y Comunicadores sería el encargado de promulgar un Código de Ética, observable para todos los que se dediquen a esta noble profesión, con herramientas que hagan vinculantes las sanciones al incumplimiento de las reglas éticas de los agremiados. Periodismo libre y comprometido socialmente.
Si existe la voluntad política del nuevo régimen, todos saldrían beneficiados: el gobierno, los propietarios de los medios, la estructura de comunicación del Estado, los profesionales de la información, la sociedad en su conjunto y se abonará al fortalecimiento de la democracia como sistema de vida.
