Joel Hernández Santiago
“Hombres armados atacan bar en Cancún: tres muertos y cuatro heridos”; “Ataque a balazos a fiesta en Nuevo León, ocho muertos y siete heridos”; “Comando irrumpe en bar de Xalapa: dos muertos y 4 heridos”… Son apenas algunas de las notas que en un solo día dan cuenta del estado de los estados, que es el estado de la República: el estado de violencia criminal en ascenso.
Y así cada día. Cada minuto en este país. En este mismo momento, ocurren hechos violentos que cuestan vidas y causan heridos y producen terror. El robo, el homicidio, la agresión, las violaciones, la extorsión y agravios al por mayor son cotidianas ya. Y nada parece contener esta ola sangrienta que no sólo preocupa, sino que genera pánico e indignación en poblaciones enteras de México.
Si 2017 fue el año más violento que ha vivido México, 2018 se perfila hacia un estadio aun peor. ¿Por qué? ¿En qué momento gente de este país comenzó a mostrar el rostro de la violencia y el crimen? ¿Es esa gente la que tomó las riendas del temor social en el país?
En muchos lugares de México, más de los que uno supone, la gente tiene terror a ser víctima o porque ya lo ha sido o tiene amenazas y tiene que cumplir caprichos malévolos de gente que sabe que sus agresiones no tendrán castigo, porque la impunidad es lo cotidiano y la corrupción de sus cómplices en el gobierno está a la vista.
“Ni en los años más crueles de la guerra contra el narcotráfico se registraron tantos asesinatos en México –informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–; 2017 fue el año con más homicidios dolosos con 25,339, es decir unas 70 personas eran asesinadas cada día en nuestro país”.
Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo el 75% de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2017 fueron “ejecuciones” del crimen organizado, las cuales, a su vez, tuvieron un alza de 55% con relación a 2016. Y él mismo afirma: “La estrategia de capturar líderes de los cárteles de narcotráfico no ha servido para disminuir los asesinatos que se registran en los estados, si no que los aumenta”.
Y explica: “Esta situación se gesta desde la implantación del “Plan Mérida”, que es en realidad el Plan DEA, para justificar su presupuesto, su estrategia fallida en Estados Unidos, porque quieren combatir la oferta como si eso bajara la demanda; este Plan Mérida no se ha ejercido en Estados Unidos, porque ellos saben que es meter una guerra frontal, descabezar cárteles y generar una atomización”. Pero lo que no han querido para sí ya ocurre en México.
El ciudadano mexicano se encuentra inerme frente a esta situación extrema. Sabe que cualquiera puede ser víctima y lo peor, que nadie está ahí para ayudarle, en particular los elementos de gobierno que tienen la encomienda de perseguir a la delincuencia y fallan, como fallan también en sus programas de prevención, seguridad, cuidado, vigilancia, apoyo y puesta en ley.
Los ciudadanos desconfían de los aparatos de seguridad de gobierno; federales, estatales o municipales. Les teme. No les ve como sus aliados en esta grave situación;
El ciudadano se siente inerme, al mismo tiempo que indignado porque nada parece estar a su favor, y ya está a la vista la decepción por el nuevo Sistema Penal Acusatorio del que hay la percepción de que libera delincuentes en un abrir y cerrar de ojos, para exponerlo de nuevo al peligro del crimen sin solución o la venganza.
El gobierno mexicano dice que quiere acabar de raíz con este fenómeno. Pero no habla con firmeza y certeza de acabar con la corrupción y la impunidad. Dice que habrá de hacerlo y es una constante en sus discursos, pero la realidad es lo que hay.
Y esto ocurre en todo el país. En algunos estados más, en otros menos, pero hoy mismo pocos escapan a esta escalada de terror.
Pero el problema también tiene raíces: las más evidentes son las dichas: corrupción e impunidad; pero también tiene que ver con un estado de empobrecimiento en el país; un país en el que cada día hay menos solución a los problemas de ingreso, de trabajo, de seguridad social, de alimentación, educación, salud y todo eso que hace la vida llevadera.
No es justificable, de ninguna manera, pero sí es cierto que lo que vemos es una forma de rebelión entre mucha gente que al no contar con los equilibrios que debieran ofrecer políticas públicas de desarrollo igualitario. Y ahí está el primer paso para solucionar la tragedia mexicana.
Políticas públicas de desarrollo, de productividad y trabajo; de salarios dignos y trabajo garantizado, con los consecuentes beneficios de seguridad social para el trabajador y su familia. Solucionar esto sería el principio de la solución. Y para que esto ocurra debe haber gobierno, y que este gobierno sepa gobernar en sentido de Estado…
Pero no, no y no: esto no ocurre en México y por tanto en el proceso de violencia criminal el gobierno mexicano –en cualquiera de sus escalas– termina por ser cómplice y generador de la tragedia. Un país de gente pobre genera violencia. Y ya la estamos viendo.
Sí, hay que perseguir y aplicar la ley cierta con justicia cierta para los delincuentes-criminales-violentos. Como también a las complicidades directas e indirectas: todo un país en movimiento y las estructuras que hoy están descompuestas pero que aún tienen solución: si se quiere. ¿Deveras se quiere solucionar este gran problema? ¿Si? ¿No?
