Joel Hernández Santiago
El tema de la acusación que hizo el Gobierno de Estados Unidos, desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en contra de diez funcionarios del gobierno mexicano en Sinaloa sigue en aumento.
Lo más recientes es la entrega de dos de los nombrados en la lista que presentó ante Relaciones Exteriores el gobierno estadounidense de presuntos narcopolíticos.
Se trata de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad con el ex gobernador Rubén Rocha Moya (quien fue asimismo señalado y se encuentra bajo protección del gobierno mexicano bajo el argumento de que pide al gobierno estadounidense pruebas-pruebas-pruebas de sus acusaciones).
Así que el 15 de junio, por hangas o por mangas, el Gabinete de Seguridad mexicano informó que Mérida Sánchez está bajo custodia de autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo, cuando quedó a disposición de los Marshals.
“El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de los Marshal”.
Ese mismo día, 15 de junio por la tarde, la agencia Reuters reportó que Enrique Díaz Vega, secretario de Finanzas de Rocha Moya, se entregó ante autoridades de EUA. Fuentes del gobierno de Sinaloa señalan que se encuentra bajo custodia en la Unión Americana, pero no dio detalles.
Según la acusación de EUA-DEA, Gerardo Mérida recibió sobornos de “Los Chapitos” y a cambio les proporcionó información previa sobre las redadas de seguridad en narco laboratorios, además de que evitó sus detenciones.
“En 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Gerardo Mérida Sánchez, el acusado, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”, se lee en la acusación.
Por su parte, Díaz Vega es acusado de, presuntamente, “entregar al grupo criminal los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya en la elección de 2021, para que “Los Chapitos” los amenazaran y los obligaran a retirarse de la contienda, dice el documento estadounidense.
En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Hacienda.
El tema se complica para el gobierno mexicano porque desde Palacio Nacional exigía pruebas-pruebas-pruebas, al gobierno de EUA para estudiar la posible extradición a ese país, de los señalados, lo que les molestó y por tanto han endurecido sus declaraciones en contra del gobierno mexicano.
Sin embargo surgen las suspicacias por la entrega de estos dos primeros funcionarios en EUA:
En primer lugar el ¿cómo fue posible que le mismo gobierno mexicano no tuviera bajo protección a estos políticos y pudieron salir del país sin hacerlo notar? toda vez que el gobierno de EUA advirtió que si no se entrega a lo que considera delincuentes por narcotráfico, ellos vendrían por ellos a territorio mexicano.
O bien pudieron ser obligados a entregarse en razón a solucionar las presiones del gobierno estadounidense y como prueba del gobierno mexicano de buena voluntad.
Casualmente, el anuncio de estas dos entregas ocurrió el mismo día en el que la presidente mexicana mantuvo una conversación telefónica con el presidente republicano y ultraderecha de EUA, Donald J. Trump, a petición de éste. Se ignora el contenido de la plática, pero muy probablemente el estadounidense mostró su enojo y desconfianza hacia el gobierno mexicano.
O, si se entregaron por su propia cuenta, buscarán el resguardo como ‘detenidos colaboradores’ de las autoridades de EUA, con lo que disminuirían la carga penal por los delitos que se les imputan y darán a conocer lo que saben y los nombres de posibles involucrados.
La 4-T-Morena están en un brete. Insisten en negar que políticos de su filiación tengan vínculos con el narcotráfico; pero los sucesos recientes demuestran lo contrario y ponen en entredicho la probidad de un Movimiento que ha priorizado la defensa de este tipo de funcionarios en contra de los intereses de México, por las amenazas estadounidenses de intervenir en México o “hacer el trabajo que el gobierno mexicano no quiere hacer”. ¿Cuánto más sabe el gobierno de EUA?
A Omar García Harfuch le convendría actuar con verdad, toda vez que dice que a Rocha Moya no se le encuentran delitos o razones para su extradición. Él tiene un capital político que debe cuidar; tiene la simpatía popular mexicana: no traicionar esta confianza es bueno para él y para el país.
Mientras tanto, el gobierno de EUA., seguirá insistiendo en la entrega de los funcionarios vinculados con narcotráfico y crimen organizado. No actuar en contra de la delincuencia en México generará confrontaciones con el país del norte y riesgos para la estabilidad mexicana.
Nadie en México, con dos dedos de frente, quiere la intromisión estadounidense en asuntos mexicanos; pero también todos queremos que terminen ya toda complicidad e impunidad por gente que daña la función pública y la seguridad nacional.
La presidente mexicana debe pensar más en México que en su Movimiento-Morena-4-T. Sin olvidar que es presidente y responsable de todos los mexicanos y no sólo de sus amigos, de sus fanáticos; de sus agradecidos beneficiarios de apoyos, y de sus seguidores y de sus protectores políticos.
