En mi reciente participación en el programa radiofónico que conduce el destacado periodista Juan Manuel Jiménez en MVS Radio, expuse con datos y cifras, los factores que considero limitan la libertad tecnológica en México. En este artículo expongo con datos derivados de mediciones hechas por la OCDE, el marco legal e institucional existente y la reciente adopción por parte de México de la Convención contra el Ciberdelito de la ONU, la importancia que tiene para nuestro país crear una infraestructura digital robusta, actualizar el marco jurídico nacional y el fortalecimiento de capacidades institucionales, la implementación estratégica de políticas para cerrar la brecha digital, la lucha contra el ciberdelito y la ciberdelincuencia, la protección de derechos humanos, la privacidad y la libertad de expresión, y la investigación y desarrollo; todo ello a la sazón del fortalecimiento de la cooperación regional e internacional que mantiene vigente a nuestro país en el mundo, es por ello que titulo el presente artículo: “México mira hacia el futuro de la transformación digital y la ciberseguridad. Retos y perspectivas”.
El acceso a la tecnología en México enfrenta múltiples retos derivados de factores legales, económicos y sociales. La combinación de un marco jurídico ineficaz o mal aplicado, la falta de políticas públicas sólidas y los riesgos inherentes al vertiginoso avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) configuran un panorama complejo que limita el desarrollo tecnológico del país. Además, la política impulsada por el gobierno actual ha generado controversias sobre la libertad de expresión y la centralización de servicios tecnológicos, profundizando las desigualdades existentes.
México carece de un marco legal actualizado y eficaz que regule el acceso y uso de la tecnología de forma integral. Aunque existen leyes como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley Federal de Derechos de Autor, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código Penal Federal, que hacen referencia a la seguridad de la tecnología de la información (ciberseguridad), dejan muchos vacíos legales y áreas grises, por lo que su implementación y supervisión suelen ser deficientes. Tal problemática se agrava ante fenómenos como la ciberdelincuencia, que ha crecido exponencialmente con la digitalización acelerada. Los ciberdelincuentes emplean herramientas como la IA para actividades ilícitas, incluyendo: lavado de dinero, fraudes electrónicos, robo de información sensible como estafas y suplantación de identidad y deepfake y ciberacoso y explotación infantial, entre otros delitos.
Por otro lado, la reforma constitucional para adjudicar al Estado funciones exclusivas como la provisión del servicio de internet ha generado un intenso debate. Otro punto álgido es la percepción de que el gobierno actual ha promovido medidas que podrían coartar la libertad de expresión. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la iniciativa para regular contenidos digitales han sido criticadas por especialistas del sector y organismos internacionales que señalan esto como un retroceso en la garantía de la protección de datos y un entorno de incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Derivado del diagnóstico de la “Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe. Construyendo Servicios Públicos Inclusivos y Responsivos” , publicado por la OCDE. En América Latina y el Caribe la mayoría de los países (más del 80%), incluyendo México, contemplan en sus legislaciones cuestiones como la privacidad y la protección de datos, la transparencia y el acceso a la información del sector público, la firma digital, la contratación electrónica, la ciberseguridad y el gobierno digital.
Sin embargo, la mitad de los países quedan rezagados en términos de capacidades digitales avanzadas o enfoques proactivos y anticipatorios dentro de sus marcos legales y reglamentarios, en temas como la identidad digital, el acceso a la información y los datos del sector privado, la computación en la nube, los entornos aislados legales y/o reglamentarios, la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, el derecho de impugnación (es decir, la posibilidad de solicitar exenciones de las normas vigentes o de pedir que se reconsideren), entre otros.
Asimismo, la Revisión destaca que la Encuesta sobre Confianza de la OCDE descubrió que los habitantes de Colombia y México tenían mediciones de confianza por debajo del promedio de la OCDE en diferentes dimensiones: desconfían que su gobierno utilizará sus datos personales con fines legítimos, al esperar que su solicitud de una prestación o servicio público sea tratada con equidad o que los organismos públicos adopten ideas innovadoras.
El documento aplaude que los países de América Latina y el Caribe hayan avanzado significativamente en la integración regional, en objetivos tales como la integración política, integración económica regional, bancos de desarrollo y bloques económicos, que dan impulso a las redes regionales de gobierno digital como es el caso de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Red de la OCDE sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe (NOIG LAC, por sus siglas en inglés).
El 08 de agosto de 2024, los Estados miembros de la ONU aprobaron por consenso el texto de la Convención contra el Ciberdelito , primer instrumento de alcance mundial jurídicamente vinculante en materia de ciberdelincuencia, marcando un hito histórico en la regulación internacional del ciberespacio.
México participó activamente en la adopción de esta Convención. Entre las oportunidades que ofrece el marco de la Convención contra el ciberdelito de la ONU para México están: 1. La Convención ofrece una hoja de ruta para que México actualice su marco jurídico, abordando lagunas legales en áreas como el uso indebido de inteligencia artificial, el deepfake y las criptomonedas. 2. Al ratificar la Convención, México podrá acceder a redes internacionales de intercambio de información, capacitación y mejores prácticas en ciberseguridad. 3. La implementación de la Convención puede impulsar la creación de organismos especializados en ciberseguridad y ciberdelincuencia, dotándolos de mayores recursos y competencia. 4. La Convención también brinda oportunidad para que México lidere iniciativas que equilibren la lucha contra el ciberdelito con la protección de derechos humanos, como la privacidad y la libertad de expresión. 5.
De forma estratégica México puede impulsar la creación de un marco integral de ciberseguridad a través de la creación de un organismo rector que coordine estrategias de ciberseguridad y ciberdelincuencia en todos los órdenes de gobierno, al tiempo de promover la capacitación continua de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales. 6. Fomentar la alfabetización digital mediante programas educativos enfocados en la prevención del ciberdelito, integrando la ciberseguridad en los planes de estudio desde la educación básica.
