Joel Hernández Santiago
Antonio Enrique Tarín García llegó el martes 28 de marzo a la Cámara de Diputados para rendir protesta como diputado, a la muerte del ex diputado federal Carlos Hermosillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del que es suplente.
En realidad la muerte del legislador le cayó del cielo porque podría asumir la responsabilidad legislativa por Chihuahua y porque con esto salvaría su propia situación…
Pero no contaba con que el día anterior la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro había recibido un documento en el que se notificaba a la autoridad cameral que Tarín García contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado:
“Ante la posibilidad de que dicha persona el día de hoy pudiera hacerse presente en las instalaciones del recinto legislativo, remito a usted el mandamiento judicial, solicitando su apoyo y colaboración en el ámbito de sus atribuciones”. Firma el documento el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.
Tarín había sido director de Adquisiciones del gobierno de Chihuahua durante el sexenio del ex priísta César Duarte y se le acusa del desvío de 300 millones de pesos a Frigat, S.A., una empresa ligada a él. Por supuesto las averiguaciones legales habrán de decidir inocencia o culpabilidad…
Pero mientras son peras o son perones, era evidente que quería ser titular para beneficiarse del fuero Constitucional y que las acusaciones en su contra se perdieran en el laberinto del artículo 111, por el cual es intocable mientras ostente el cargo como diputado federal…
Mucha historia ha transcurrido, y tropiezos para el famoso fuero, desde que apareciera en 1397 en el Parlamento Inglés como ‘inmunidad parlamentaria’ para defenderse de la corte de Ricardo II.
De ahí pasó a Francia y se extendió a las constituciones de la mayor parte del mundo. Pero era eso, precisamente, un contrapeso para defender a los representantes populares de las amenazas o crímenes de sus oponentes de gobierno o adversarios políticos. Hubo casos en los que gobiernos propiciaron la desaparición del fuero para enseguida apresar a la oposición parlamentaria acusándola de cualquier delito…
El fuero es una figura importante pero muy mal utilizada en México. Surgió también como el contrapeso para evitar que legisladores fueran amenazados por gobierno u oposición en razón de sus expresiones mientras ejercen el cargo de representación social.
Pero en México el tema es al revés. Con mucha frecuencia se le utiliza para esconder o cometer delitos, con lo que se vuelve un puente al abuso de autoridad, al crimen y, claro, a la impunidad.
No es novedad ver que funcionarios públicos, ministros o magistrados, consejeros y, sobre todo, legisladores de cualquier partido se vean involucrados en asuntos ilegales, ajenos a su tarea primordial y que estas ilegalidades se resbalen en el aceitoso camino del fuero.
Si ha habido casos de ‘Declaración de Procedencia’ (‘Desafuero’). El caso más sonado, reciente, fue el del diputado por Michoacán, Julio César Godoy en 2010, a quien sus cómplices diputados introdujeron a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de una camioneta para garantizarle el fuero, aunque al final la presión pública fue tan intensa que le fue retirado; pero son los menos.
¿Qué hacer?… Quizá lo más sencillo: acotarlo: volver el fuero exclusivamente a su origen como contrapeso de poderes y defender a legisladores o funcionarios cuya autonomía se vea amenazada de peligros en contra de su vida, en contra de su libertad o su patrimonio.
Quitarlo significaría entregar la libertad de expresión a enemigos o adversarios políticos. Acotarlo significaría devolver este derecho a algunos funcionarios para expresarse con libertad en razón de su responsabilidad pública y democrática, exclusivamente.
“A nivel federal gozan de inmunidad procesal contra cualquier delito de tipo penal un total de 683 funcionarios públicos: 20 integrantes del Poder Ejecutivo, 628 legisladores 24 miembros del Poder Judicial y 11 Consejeros del Instituto Nacional Electoral. A ellos se añaden cuando menos 1,860 funcionarios estatales que se encuentran protegidos contra acusaciones penales de nivel federal” (Víctor Aguilar, en la revista Nexos, 2015). No todos ahí deben contar con fuero…
Hay que reducir la escala y quitar los excesos por los que se permite que cualquiera de estos funcionarios o representantes hagan lo que quieran, pisen la ley, cometan crímenes, robos, saqueos, corruptelas desvergonzadas y en nombre de la Constitución todo quede impune, para luego salir a la calle y cínicamente, frente a una mesa rodeada de amigos, hondos y orondos levanten la copa y brinden a los cuatro vientos: “¡por mi fuero, bohemios!”.
