El presidente argentino, Javier Milei, ha emitido un decreto que permite el despliegue de las fuerzas armadas para actuar en situaciones de disturbios y protestas que amenacen «espacios de vital importancia para el Estado». Esta medida ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre la militarización de la seguridad interna en el país.
El decreto, firmado por Milei, habilita a las fuerzas armadas a intervenir no solo en situaciones de conflicto armado, sino también en períodos de paz y en casos de «conmoción interior».
Según el texto, se consideran «objetivos de valor estratégico» aquellos que puedan ser dañados o destruidos, afectando la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Pietri, argumentaron que esta medida es necesaria para enfrentar amenazas terroristas y agresiones por parte de grupos criminales. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que este decreto otorga al presidente un poder excesivo para militarizar la protección de lugares clave como aeropuertos y plazas públicas.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma ante esta decisión. En una carta abierta a Milei, diversos grupos solicitaron la restitución de 2,400 trabajadores del Ministerio de Justicia que perderán su empleo a partir del 1 de enero. Aseguran que esta medida impactará negativamente en los programas relacionados con la defensa de los derechos humanos.
El CELS también destacó que este decreto evita el debate legislativo en el Congreso, cambiando las leyes de defensa y seguridad interior sin la participación del poder legislativo. Esto ha llevado a temores sobre un posible abuso de poder por parte del gobierno.
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