El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, aclaró que la reciente reforma de “supremacía constitucional” no influirá en el fallo sobre la reforma judicial que la Corte discutirá el próximo 5 de noviembre.
González Alcántara explicó que la reforma, aprobada por el Congreso para evitar impugnaciones contra cambios constitucionales, no aplicará a esta reforma en particular ya que el proceso judicial inició antes de que se presentara la nueva norma en el Congreso.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ministro señaló que “esta reforma fue planteada por Morena en términos claros para evitar la revisión de reformas constitucionales”.
Sin embargo, destacó que las nuevas disposiciones no afectarán a los procedimientos que ya estaban en trámite, como es el caso de la reforma judicial propuesta durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
González Alcántara también advirtió que el partido oficialista, junto a sus aliados, podría proponer una nueva iniciativa que incluya a la reforma judicial dentro de la supremacía constitucional, lo cual “tumbaría” los recursos legales en curso contra esta reforma.
El ministro hizo un llamado a reflexionar sobre los efectos de “dejar sin poder judicial al país” y de “entregar un nuevo poder judicial con una estructura y capacitación distinta”. Según él, se trata de una “crisis constitucional” que afecta la percepción global sobre la justicia en México.
¿Qué implica la supremacía constitucional?
La reforma de supremacía constitucional establece que las modificaciones a la Constitución no podrán ser impugnadas mediante amparos u otras acciones jurídicas.
Para parte del sector empresarial, este cambio genera preocupación debido a que, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando el sistema de contrapesos”.
En días anteriores, Olga Sánchez Cordero defendió la reforma y afirmó que “rescata el poder soberano” sin comprometer la defensa de derechos humanos.
Sin embargo, la oposición y organismos de derechos ciudadanos ven en esta medida una amenaza que impide a los mexicanos defenderse judicialmente contra iniciativas de Morena.
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