Por María Manuela de la Rosa Aguilar.
A raíz de la fuga del líder de la organización delictiva Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito” se desató una ola de violencia en todo el país que hizo que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción, reconociendo que existe un “conflicto armado interno”, y por lo pronto estará vigente durante 60 días a partir del pasado domingo 7 de enero. Esto incluye a todos los centros penitenciarios del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y habilita a las fuerzas armadas a ingresar a estas cárceles; se ha reforzado la seguridad interna y perimetral de estos centros, así como las vías y zonas de influencia de los mismos, así como las fronteras, puertos y aeropuertos.
Por tanto, se limita el derecho a la libertad de reunión, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito de 5 AM a las 23 horas, con excepción de casos específicos de urgencias de salud, la comunicación y de los empleados públicos. El presidente dispuso la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional “para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”. Sin embargo, ha trascendido que en varios centros penitenciarios los reclusos tienen sometidos a los guardias, quienes han pedido la protección urgente de las autoridades porque está en riesgo su vida; así que la seguridad en Ecuador pende de un hilo. Desde el domingo ha habido estallidos de vehículos en distintas ciudades, ataques con explosivos, secuestro de policías y retención de personal carcelario en seis prisiones.
La policía informo que en Guayaquil detuvo a 13 hombres que incursionaron en un canal de televisión y sometieron a los trabajadores e integrantes del foro que se encontraba transmitiendo. A estos sujetos se les incautaron armas, granadas y material explosivo. Se presume que los detenidos pertenecen al grupo criminal de Tiguerones”
Todo comenzó cuando las autoridades desplegaron operativos en busca del líder de los Choneros, una de las bandas criminales mñas peligrosas Ecuador por sus presuntos nexos con cárteles mexicanos. Fito, cabeza de Los Choneros estaba purgando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato y no obstante que estaba en una prisión de máxima seguridad, el reo de 44 años se desvaneció. Más de 3.000 uniformados lo buscaron sin éxito en los tejados y hasta en las alcantarillas del penal. Se tiene conocimiento de que Los Choneros, cuyo germen se encuentra en la provincia costera de Manabí, donde se está el pueblo de Chone, tienen fuertes vínculos con el Cartel de Sinaloa y ha tenido sangrientos enfrentamientos con otras bandas de narcotraficantes; este grupo criminal está acusado de sicariato, trasiego de narcóticos, robo y extorsión.
Luego de esta fuga también se dio la de Fabricio Colón Pico, ingresado apenas la semana pasada, luego de que la Fiscal General del estado, Diana Salazar, denunciase un plan para asesinarla. La fiscal señaló a Pico como integrante de Los Lobos, un grupo criminal identificado como terrorista.
En una entrevista con BBC Mundo Carolina Sampó, doctora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentinal, señaló que desde hace tiempo Ecuador tiene un rol central en el transporte de cocaína tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa y no es coincidencia que comparta frontera con Colombia justo en la zona en la que se produce la hoja de coca y si a esto se agrega la debilidad del Estado y la falta de recursos de las instituciones estatales, el país lamentablemente se volvió un lugar no sólo de tránsito, sino también desde donde se puede operar, lo que explica porqué Ecuador desde hace unos cuantos años sufre una ola de violencia exacerbada por las luchas entre cárteles de Colombia y México.
En esta lucha encarnizada el año pasado resultó muerto el anterior líder de los Choneros, Júnior Roldán, días después de que hubiera salido de prisión, por lo que Fito lo relevó, quien se quedó en la cárcel y compartía el liderazgo desde prisión. Fito ya anteriormente había escapado de prisión, en el 2013, cuando sólo llevaba 2 años preso, evadió los controles de la cárcel de máxima seguridad La Roca, En Guayaquil, así que esta vez perfeccionó su método. Este delincuente estudio leyes durante su reclusión y al parecer obtuvo su título como abogado y durante diez años no sólo controló las operaciones de narcotráfico, sino que amplió su giro a la extorsión, mandando asesinar a todo aquel que obstaculizara sus actividades criminales y llegó a acumular unos 23 millones de dólares entre testaferros, empresas fantasma y otros negocios ilícitos. Incluso en la cárcel controlaba a su banda, donde tenía bien establecido un esquema de extorsión a los presos.
Según cálculos de la Dirección de Investigación Antinarcóticos, cada semana le generaba ganancias por unos 70,000 dólares por pabellón. Y era tal su poder dentro de prisión que se dice que creaba piscinas en espacios de los pabellones destinados para caminar, organizaba fiestas, filmaba videos, introducía armas con drones e incluso ofrecía ruedas de prensa. ¿Dónde hemos visto eso? En un país al Norte dominado por los cárteles, donde los políticos son sus socios o cómplices.
Desde 2021, se han reportado más de 400 muertes en las prisiones de Ecuador por los enfrentamientos entre bandas rivales.
En septiembre del año pasado Fito fue trasladado a otro reclusorio de máxima seguridad después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La situación de Ecuador ha puesto en alerta al gobierno de Perú, por lo que El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, informó que dispuso el envío inmediato de un contingente de la Diroes de la Policía para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador. Los principales ministros se reunieron con el jefe de gabinete, Alberto Otárola, para analizar la situación en el país vecino, con el que comparte una porosa frontera de más de 1.500 kilómetros, aunque no se dio a conocer el número de agentes que se desplegará ni la zona a la que acudirán, aunque trascendió que el contingente está integrado por 50 miembros de la Diroes y que, además, se ha desplegado a otros 400 agentes a la zona del puesto fronterizo en la ciudad de Tumbes, donde se realiza un control de documentos a los ciudadanos de ambos países. Poco antes de la reunión de los ministros, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, hizo un llamado para tomar medidas urgentes en la frontera para evitar hechos similares.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que el Gobierno de Perú condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Ecuador, los cuales vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese país hermano y expresa su respaldo al Gobierno del presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en Ecuador.
La inseguridad provocada por los grupos criminales es una amenaza real para el estado de derecho y para el Estado mismo, los gobiernos deben tomar muy en serio esto, sobre todo cuando los políticos aceptan su financiamiento, mantienen un silencio cómplice sobre sus fechorías, e incluso se vuelven sus socios. Aunque quien paga siempre es la población inocente.