La red de médicos cubanos desplegada en más de 165 países enfrenta cuestionamientos por posibles prácticas de explotación laboral, relacionadas con el control que el gobierno de Cuba mantiene sobre contratos, salarios, documentos y movilidad, de acuerdo con investigaciones y testimonios citados por El Universal.
El caso más reciente corresponde a Angola, donde en julio pasado se destinaron 71 millones 300 mil euros para contratar hasta mil 102 especialistas cubanos. El dinero, sin embargo, no sería entregado directamente a los médicos, sino a la Corporación Antillana Exportadora, Sociedad Anónima (Antex), empresa controlada por el gobierno cubano.
El esquema contempla que los gobiernos extranjeros paguen al aparato estatal cubano, encargado de seleccionar a los profesionales, negociar sus servicios, administrar los recursos, fijar sus ingresos y retener la mayor parte del dinero. Médicos también han denunciado restricciones sobre sus movimientos, documentos, relaciones personales, opiniones políticas y derecho a regresar a la isla.
De acuerdo con el recuento oficial cubano, más de 600 mil trabajadores sanitarios han prestado servicios en 165 países desde 1963, cuando Cuba envió su primera misión a Argelia. En mayo pasado, más de 16 mil profesionales permanecían desplegados en 50 naciones de África, Asia, Medio Oriente, América Latina y Europa.
Un informe de 2026 elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales revisó 71 testimonios, incluidos 61 de personal sanitario, correspondientes a 109 experiencias de misión. El documento concluyó que en determinados casos existen indicadores de trabajo forzoso y que algunos hechos podrían contener elementos de trata de personas.
La Human Rights Foundation señaló en 2022 que las misiones médicas cubanas constituyen un esquema de trata de personas patrocinado por el Estado. La organización acusó la retención de hasta 85% de los salarios, la confiscación de pasaportes y restricciones severas a la movilidad y la libertad personal.
Por su parte, el Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado detectó opacidad contractual y limitaciones laborales tras revisar 48 acuerdos suscritos con 19 gobiernos o autoridades territoriales.
En una demanda presentada en Miami, cuatro médicos cubanos acusaron a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud por su participación en el programa Más Médicos, mediante el cual profesionales cubanos fueron enviados a Brasil. Una Corte de Apelaciones determinó recientemente que el caso puede avanzar a la etapa de obtención de pruebas, sin establecer que la OPS haya participado en trata de personas.
Un contrato de Antex divulgado en 2025 para Angola establecía un pago básico de 950 dólares mensuales, de los cuales 200 se entregaban localmente en kwanzas. El resto quedaba acumulado en Cuba y podía destinarse a indemnizaciones o sanciones; durante las vacaciones, el trabajador podía disponer de la mitad de ese monto.
El médico Saúl González, quien escapó de una misión, dijo que los profesionales debían entregar su pasaporte antes del vencimiento de la visa y solicitar autorización escrita para viajar dentro del país asignado, ofrecer entrevistas o participar en actos públicos. También afirmó que se les prohibía casarse o reconocer hijos durante la misión.
El cirujano Emilio Arteaga relató que no pudo regresar a Cuba para visitar a su madre enferma porque una salida anticipada podía hacerle perder el dinero acumulado. Posteriormente huyó de una misión en Namibia tras ser interrogado por publicaciones privadas en Facebook y solicitó asilo en España.
En 2023, una relatora especial de la ONU comunicó a Cuba denuncias sobre jornadas de hasta 64 horas semanales, confiscación de pasaportes, toques de queda, vigilancia y obligación de informar relaciones personales en Qatar. Según esa comunicación, el país pagaba entre 5 mil y 13 mil dólares mensuales por profesional, mientras el trabajador recibía alrededor de 10%.
El gobierno cubano rechaza las acusaciones y sostiene que las misiones son voluntarias, legales y objeto de una campaña de Estados Unidos y sus aliados para desacreditarlas. En Italia, la región de Calabria modificó el esquema y comenzó a depositar los salarios directamente en cuentas italianas; para julio de 2026, más de 200 médicos cubanos trabajaban ahí.
Al menos 11 mil profesionales sanitarios cubanos están documentados como desertores de las misiones, mientras una estimación actual ubica el total mundial entre 15 mil y 20 mil.
