José Luis Parra
Rápido subió y se convirtió en una aplanadora que todo arrollaba a su paso. Y todo hace suponer que con esa misma rapidez bajará de la escalera del poder, que intenta derrumbar para que ya no sea utilizado por otra fuerza partidista. Ya no es una lucha con adversarios. Es por la supervivencia, para no desaparecer del mapa político. Así se podría resumir lo que podría ser la breve historia de Morena.
Ese movimiento-partido que puede ser atacado por varios flancos: La división interna, el desprestigio, la decepción del electorado, el pronto desgaste en el ejercicio del poder y, lo que parece más letal: La posibilidad de enfrentar a la justicia de Estados Unidos por declaraciones de narcotraficantes, la simbiosis con el anterior gobierno y algunos miembros del actual régimen.
Los narcos mexicanos ya son considerados como terroristas. Y en la misma categoría podría quedar Morena por esa simbiosis de poder político, dinero y violencia.
Las mujeres y hombres que ya están en franca precampaña, como la chihuahuense Andrea Chávez, tendrían que preguntarse, antes de meter el acelerador: ¿Habrá Morena en 2027?
Y es que en todos los estados que renovarán gubernatura hay Andreas Chávez.
Morena y el riesgo de una desintegración sin precedente
A lo largo de la historia reciente de México, ningún partido gobernante ha estado tan cerca de enfrentar una crisis existencial como la que podría avecinarse para Morena. No se trata de una baja en las encuestas ni de una ruptura interna por diferencias políticas, sino de un escenario mucho más profundo, que toca el núcleo mismo de su legitimidad: la creciente percepción internacional de que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador podría tener vínculos con estructuras del crimen organizado, en particular con grupos del narcotráfico mexicano.
Lo que en otros tiempos se habría leído como una acusación sin fundamento o parte de la lucha electoral, hoy adquiere una dimensión distinta con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. La narrativa que ha construido el nuevo gobierno republicano no distingue entre gobiernos amigos y enemigos, cuando se trata del combate al crimen transnacional, al narcotráfico y a la producción de fentanilo.
Desde inicios de marzo, Trump ha señalado abiertamente que recomendará a la fiscal general de su administración, Pam Bondi, que investigue y procese a políticos mexicanos por su presunta colaboración o complacencia con los cárteles. Esa línea de acción ya cobró su primera gran víctima diplomática: la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le prohibió ingresar a territorio estadounidense por sus vínculos con casos de corrupción.
Las consecuencias para México pueden ser devastadoras si una acusación de este tipo se concreta. El sistema político nacional opera bajo principios establecidos en la Constitución, pero no es inmune a la presión diplomática, financiera o incluso penal que pueda surgir del extranjero. Un ejemplo reciente de estas tensiones es la investigación que agencias estadounidenses han emprendido sobre los viajes de Andrés Manuel López Obrador a Cuba, lo que ha despertado suspicacias en Washington sobre sus contactos postsexenio y los posibles motivos de su alejamiento del ojo público.
A esto se suma la controversia por la figura de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021 tras iniciar contacto con la DEA. Según la periodista Anabel Hernández, Carmona habría financiado campañas de Morena, incluido el proyecto presidencial de 2018. Aunque ninguna autoridad ha confirmado estas acusaciones, en Washington ya circulan informes que colocan a Morena como una organización política potencialmente infiltrada por intereses criminales.
Una clasificación de Morena como grupo aliado del terrorismo o del crimen transnacional por parte de Estados Unidos no sólo implicaría sanciones a sus dirigentes y bloqueos financieros. Podría, en un escenario extremo, poner en entredicho la legalidad del partido ante las autoridades electorales mexicanas, al abrirse la puerta a investigaciones penales internas o internacionales.
El artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece que una organización puede perder su registro si realiza actos ilícitos con recursos de procedencia ilegal o si se demuestra vínculo con actividades delictivas. Hasta ahora, ningún partido gobernante ha enfrentado una amenaza de esa magnitud.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en deslindarse de los señalamientos y proteger la figura de su antecesor. Sin embargo, las presiones seguirán creciendo. Con Trump en la Casa Blanca y una agenda centrada en la seguridad nacional, Morena podría dejar de ser solo un partido incómodo para Washington y convertirse en un objetivo directo de su política exterior.
El tiempo y las decisiones del próximo año serán clave. La pregunta ya no es si Morena ganará o perderá las elecciones locales o federales. La verdadera pregunta es si sobrevivirá políticamente a la tormenta internacional que se avecina.
