Joel Hernández Santiago
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México ocurren nueve feminicidios al día. En tanto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública marcan que 2,240 mujeres fueron asesinadas, durante los primeros siete meses del año, en México, según esto, representa un incremento de 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2019.
En el desglose que hace el mismo Sistema en el informe presentado el 25 de agosto pasado 1,674 casos fueron homicidios dolosos y 566 feminicidios, y de éstos encabeza la lista de casos el Estado de México, luego Veracruz y enseguida la Ciudad de México… De ahí en adelante la mayoría de los estados de la República presenta sucesos catalogados como feminicidio, que es decir, por el hecho único de ser mujer.
Una de las casusas principales del feminicidio doméstico – según el Consorcio de Investigación Económica y Social del Perú- es por celos; luego por el sentimiento machista de superioridad, y la sub estimación de los valores de la pareja femenina.
Hay, dice ese estudio, los criminales domésticos; pero también los hay del tipo general, los que atentan en contra de gente fuera de su domicilio, ya vecinas o compañeras de trabajo, o simple y sencillamente porque buscan cometer su crimen con mujeres desconocidas… Hay muchas otras razones, del tipo patológico, por supuesto.
La situación en México parece incontenible y tanto la procuración como la administración de justicia están rebasadas por este fenómeno que tiene que ver con el comportamiento social y económico; psicológico y aun patológico, de la población masculina mexicana.
Aun así, a la vista de cifras cada día crecientes, el gobierno federal ha puesto muy poca atención en encontrar una solución al problema mediante modelos estructurados de contención, mediante la prevención y la procuración de justicia y, ciertamente, mediante asignación de recursos suficientes para llevar a cabo estas tareas urgentes.
Grupos de mujeres organizadas para reclamar el estado de las cosas, insisten –con evidencias-, en que para el presidente Andrés Manuel López Obrador el problema de las mujeres no es una prioridad nacional. Pero todavía más: han reclamado que organismos que atienden el tema de la mujer en México, siguiendo la pauta presidencial, hacen caso omiso de las denuncias y de las exigencias de justicia y en contra de la impunidad.
Como se sabe, apenas el 3 de septiembre una de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue tomada por dos grupos de mujeres: “Ni Una Menos” y el colectivo “Bloque Negro”.
La toma del edificio fue estruendosa en el país y fuera. La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, no alcanzó a argumentar las razones por las que en su periodo se ha desentendido de uno de los grandes problemas que aquejan al país, y que menos atención se le ha prestado.
Inmediato desde el gobierno se acusó a estos grupos de ser ‘provocadoras’, de estar impulsadas por ‘intereses políticos’; de representar la voz ‘de los adversarios’… “Porque hoy ya no es lo mismo de antes”… “ellas no quieren dialogar…” y otros argumentos que indignan aún más a estos grupos.
Sin embargo, como el dinosaurio de Tito Monterroso, el problema está ahí, es vigente y es terrible. Lo es para quienes están en esta lucha, pero también lo es para la sociedad mexicana en momentos en los que el cúmulo de problemas se agolpa en todo el país.
El gobierno federal insiste en que “el tema de mujeres está siendo atendido”. Pero queda la duda de cómo lo hacen y quién lo hace, toda vez que las cifras muestran un panorama trágico.
El 18 de septiembre la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el colectivo “Ni una menos”. Ahí dijo que la dependencia que encabeza ‘las acompañará, desde el ámbito de sus competencias, en sus legítimas demandas”. En la sesión, estuvo la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, de quien piden su renuncia.
Como quiera que sea el problema es social, y de ahí deriva en lo criminal y en la procuración de justicia. La queja permanente es que poco o nada se está haciendo para encontrar a las mujeres desaparecidas como tampoco se ha intentado detener esa ola criminal que afecta a miles de mujeres en México.
Una política bien diseñada, estructurada, organizada con expertos en la materia podrá ayudar a contener este panorama trágico; una política de apoyo a las familias y a las víctimas mujeres es indispensable. Pero sobre todo se requiere sensibilidad política y social para entender que una mujer dañada es una mujer de la que se han atentado a sus derechos humanos. Se requiere Justicia.
Y por lo que se ve no será la señora Rosario Piedra la que encabece una lucha para acabar esta situación que, desde su ámbito, debiera ser una de sus prioridades. Su obediencia. Su incapacidad. Su falta de tacto. Su negativa a salir de los cánones que le establecen, a pesar de la autonomía de esta Institución, hacen que muchos y muchas le exijan su renuncia al cargo.
Ella, siguiendo la costumbre institucional, acusa una campaña en su contra y en contra de la Institución. En todo caso sería conveniente que mejor que argumentos de esta naturaleza muestra resultados de su trabajo en favor nacional y no del gobierno, del que se supone que es autónoma.
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