De acuerdo con el estudio “Debates presidenciales: la elección del formato y sus implicaciones”, la organización de los debates presidenciales actualmente se encuentra regulada por el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas faculta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para organizar los debates obligatorios entre los candidatos a la presidencia de la República, así como para definir las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos.
La facultad anterior del INE para la organización de debates presidenciales, supone la adopción de un formato que permita mejorar los resultados obtenidos en ejercicios pasados, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Dicho estudio señala que como el mismo INE ya reconoció, es necesario flexibilizar el formato en dos aspectos clave: primero, en la generación de una dinámica que favorezca la interacción y el debate entre los candidatos, disminuyendo la utilización de discursos e ideas preestablecidas. Segundo, permitir un mayor involucramiento de la ciudadanía en los debates que promueva una interacción más directa con los candidatos, afirma el documento.
Se explica en la investigación por lo tanto, que dos variables de gran relevancia en la discusión sobre los formatos de debate son: el rol del moderador y el nivel de participación que se permite a la ciudadanía en este tipo de ejercicios.
Bajo este tenor, el IBD apunta que es necesario que el INE tenga claridad ex ante sobre las variables que deberán documentarse y medirse para valorar la efectividad del formato, lo que significa también definir con claridad qué se considerará efectividad, es decir, bajo qué criterio será posible señalar que un formato contribuyó en mayor o menor medida al cumplimiento del objetivo de esta actividad.
En ese sentido, el estudio sostiene que valorar la efectividad del formato de un debate entre candidatos presidenciales puede abarcar temas tan amplios como el nivel de audiencia captada, el involucramiento de la ciudadanía en la discusión o la vinculación entre electores y candidatos.
La investigación alude a la recomendación de la comisión Annenberg para el formato de los debates: según la cual, estos ejercicios deben ser lo más informativos e inclusivos posibles sin que deriven en “un espectáculo” que no contribuya informativamente al elector.
