Ricardo Del Muro / Austral
Más de 32 mil adolescentes estuvieron implicados en algún delito en 2023, lo que significó un incremento de 45% en sólo tres años, de acuerdo a las carpetas de investigación registradas en 2021, señalan los datos del programa de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL), recientemente presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Estas cifras coinciden con otra estadística alarmante: Los homicidios son la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años, con 6 mil 118 fallecimientos en 2023. En ese mismo año se registraron 28 mil 899 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes; de ese total,6 de cada 10 fueron mujeres y 56.7% tenía 19 años de edad o menos.
El vínculo entre ambas tendencias muestra un deterioro del entorno social y la influencia del crimen organizado, que ha convertido a niños y adolescentes en delincuentes y víctimas de la violencia.
Los cinco delitos más frecuentes en 2023 en los que estuvieron involucrados menores de edad fueron lesiones (24.8%), robo (15.2%), amenazas (9.4%), abuso sexual (9.0%) y narcomenudeo (8.4%).
El informe del Inegi destaca que sólo seis de las 32 entidades federativas concentran la mitad (50.7%) de los adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos en 2023. En conjunto, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua acumularon 16 mil 663 de las 32 mil 852 imputaciones registradas en el país, reflejando una concentración regional en contextos de alta conflictividad.
Las cifras del INEGI revelan que los delitos cometidos por menores se concentran principalmente en zonas urbanas marcadas por pobreza, marginación, falta de oportunidades educativas y desempleo juvenil. Este entorno adverso es aprovechado por los grupos delictivos, que han desarrollado sofisticadas estrategias de reclutamiento, ofreciendo dinero rápido, un sentido de pertenencia o incluso protección frente a la violencia cotidiana.
Organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otras bandas locales han incorporado a menores en diversas funciones: desde “halcones” (espías callejeros), hasta sicarios, distribuidores de droga o víctimas del tráfico humano. La edad de reclutamiento ha disminuido de manera preocupante, detectándose casos de niños desde los 10 años involucrados en actividades criminales.
Expertos en criminología advierten que el involucramiento de menores en el crimen perpetúa ciclos de violencia difíciles de romper. Los adolescentes que cometen delitos suelen haber sido previamente víctimas: de abuso familiar, abandono escolar, violencia comunitaria o negligencia institucional.
Del total de adolescentes que enfrentan problemas con la ley, sólo 3 mil 785 fueron acreedores a una sanción efectiva. De ellos, el 66.3% recibió medidas cautelares no privativas de la libertad, mientras que el 33.7% restante sí tuvo alguna restricción preventiva de libertad.
Ante este panorama, el coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia, Juan Martín Pérez, señaló que las cifras reportadas muestran la necesidad de que la clase política ponga mayor énfasis en los menores de edad para acabar con los ambientes violentos en hogares y principalmente en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
En una entrevista con el diario Milenio, Martín Pérez reiteró: “Los datos oficiales nos muestran que necesitamos una acción de Estado (…) Estos datos y los anteriores que tenemos de violencia nos dan cuenta de que los niños y niñas de hoy están creciendo en un contexto de guerra y necesitan no solamente reducir impunidad, sino garantizar una vida libre de violencia”. RDM
