Guillermo Portugal Vela
La crisis nacional del Covid 19 y sus efectos de arrastre en lo económico y social ha evidenciado una diferencia entre el segmento de los trabajadores de las empresas transnacionales, las grandes y algunos medianos negocios con respecto a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas. Pues en las primeras destacan pocos casos de despidos de los trabajadores y donde han convenido en algunos casos el trabajo en línea por el confinamiento desde las casas de los mismos y el consecuente pago de sus salarios con reducciones que van entre un 15 y hasta el 30 por ciento del salario total. En tanto en el segundo segmento por la paralización económica y su cierre de negocios fueron cesados “ipso facto” (sin indemnización alguna) miles de trabajadores de sus puestos formales e informales.
De acuerdo al Inegi en mayo pasado son 4.8 millones de unidades económicas en el país de los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros, cuyo 54.7 por ciento del valor agregado censal bruto está en función de menos de 11 mil grandes empresas y que al sumar las 17 mil unidades económicas de tamaño mediano arrojan un valor agregado que sobrepasa el 66 por ciento del total nacional. En tanto que el 94.9 por ciento del total son unidades económicas de las micro y pequeñas y que corresponden a 4.1 millones de ellas.
En este contexto sobre estas últimas el impacto de la pandemia por el cierre de establecimientos y desempleados ha sido brutalmente devastador (estimándose que en más del 25 por ciento de sus empresas), es decir en un millón veinticinco mil de las mismas (las cuales multiplicadas por cuatro integrantes promedio de las familias arrojan la cantidad de 4 millones cien mil habitantes) que es la aportación que se suma (en referencia a un estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUED de la UNAM) de los nuevos “16 millones de personas cayeran en situación de pobreza extrema por ingresos”; por lo que es prioridad dar cumplimiento al artículo 4º. Constitucional que “Toda persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizara.”
Se reconoce que la sobrevivencia de estos despedidos ha sido entre otros factores gracias a los apoyos y subsidios gubernamentales, los envíos de remesas por los mexicanos en el exterior y la solidaridad de sus familiares; sin embargo, esta ayuda no da pie a una solución estructural, por lo que es imperativo buscar una salida que promueva crear nuevos empleos, conservar los mismos e incentivar la inversión y por ende tener crecimiento y desarrollo económico.
Conclusión, en suma por la incertidumbre presente y que viene por la crisis sanitaria y económica no cabe el discurso “que todo va de maravilla”, por lo que se debe promover un consenso económico entre los actores involucrados con programas estratégicos que “rompan con la trampa neoliberal”, entre otros como la posibilidad de dar créditos con tasas preferenciales y capacitación técnica a las micro y pequeñas empresas para incentivar la productividad de las empresas y así asegurar los medios de vida sustentables de los trabajadores.
