El gran problema del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es la ausencia de una visión sistémica, y ello la aleja mucho de sus propósitos, expusieron los analistas que participaron en el “Balance de la reforma en materia de justicia penal”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El error deriva de que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio implica también la reforma de las policías, los ministerios públicos, los jueces, el sistema penitenciario y de la práctica de los abogados; y además se ha olvidado la creación de las fiscalías.
Respecto al fenómeno de la corrupción, combatirla con una estrategia que se base principalmente en la persecución de servidores públicos, es un proyecto que está destinado al fracaso, comentaron.
La corrupción en México es un fenómeno de carácter sistémico, institucional que implica la existencia de redes de intereses en las que participan actores públicos y privados en todos los niveles de gobierno, acotaron.
Carlos Galindo López, investigador del IBD, refirió que a partir de 2006, cuando iniciaron los operativos militarizados permanentes en las calles, se elevó la cifra de homicidios y generó una ola de violencia que aún continúa en el país.
Dijo que el nuevo sistema acusatorio ofrece una oportunidad distinta para lidiar con la criminalidad, porque sólo los casos más graves son llevados a juicio; lo que impacta en la efectividad para combatir los delitos, ya que en el antiguo sistema se calcula en 21 por ciento, y con el nuevo incrementó hasta 60 por ciento.
Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió que regresar al modelo de prisión preventiva oficiosa para todos los delitos sería un grave error, “hago un llamado al Senado a que resistan las tentaciones de regresión”; y exhortó a los legisladores a concentrarse en el funcionamiento de la fiscalía anticorrupción.
Explicó que no existe una fórmula única para reducir la corrupción, ya que en la experiencia internacional, pocos esfuerzos, con diversos modelos de intervención, han sido exitosos; “las posibilidades de error son altas, y continuamente se deben hacer cambios sobre la marcha”.
La coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, María Novoa, señaló que apenas el 75 por ciento de las procuradurías en los estados se han transformado en fiscalía, y la mayoría aplican aún un modelo de sistema acusatorio obsoleto.
Dijo que una de las prioridades es fortalecer el sistema de justicia penal, o de lo contrario no habrá pacificación en el país.
El director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, sostuvo que existe un riesgo de contrarreforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debido a la falta de visión sistemática de la misma, además de carecer de recursos y evaluaciones.
Subrayó que se debe fortalecer el ministerio público para tener un óptimo sistema de justicia penal.
Durante la mesa de “Balance de la reforma político-electoral”, Jaime Cárdenas Gracia, de la Facultad de Derecho de la UNAM, mencionó que no se han garantizado las elecciones libres y auténticas, a pesar de las reformas iniciadas desde la década de los sesenta y hasta la reforma del año 2014. “Sin esas garantías el sistema democrático no es real”, dijo.
La reforma electoral mejoró algunas cosas, respecto a la previa de 2007, pero no fue aceptable, en términos democráticos, comentó. “Los mexicanos debemos de aspirar a otro tipo de democracia más amplia y radical”, para que las decisiones fundamentales sean tomadas por la sociedad, añadió.
También participaron, Perla Gris Legorreta, del IBD, y Salvador Nava Gomar, especialista en materia político-electoral. A las mesas de análisis asistió la senadora electa Xóchitl Gálvez.
