CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre (AlMomentoMX).- Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que la minuta de ley de seguridad interior otorga a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, lo que “podría debilitar la protección de los derechos humanos”. Por ello, se sumaron a las voces que rechazan esa normativa y llamaron al Estado mexicano a no aprobarla.
A través de un comunicado, los mandos de diversas áreas relacionadas con las garantías fundamentales de la ONU señalaron que esta ley -que regularizaría la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad interior- “carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”.
Recordaron que la experiencia de la última década demuestra que la presencia de las fuerzas armadas en la calle ha dejado una sistemática y generalizada serie de abusos traducida en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
“El creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se les asignó a las un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo de expertos.
Se mostraron preocupado de que el proyecto de ley otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.
Destacaron que la minuta carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos. “No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de seguridad nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
Los expertos de la ONU indicaron que se trata de una ley ambigua, con definiciones laxas de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Señalaron que cualquier nueva norma en materia de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. “Ninguna autoridad civil debería renunciar a esa responsabilidad”. También se deben prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas han recomendado durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a sus miembros que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, recordó al gobierno mexicano la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
El documento fue firmado por los expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre la Detención Arbitraria; así como por los relatores especiales sobre el derecho a la privacidad, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
AM.MX/dsc
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