Por Aurelio Contreras Moreno
En el proyecto de Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD) que entregó el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez al Congreso del Estado de Veracruz, se incluye un apartado referido a un Programa Especial de “Honestidad y Austeridad”.
Ahí se plantea que “la ciudadanía veracruzana optó por un cambio a nivel estatal en julio de 2018, convencida de que solo a partir de la Honestidad es posible generar una sociedad más justa y equitativa para todos. La operación y gestión institucional, para el logro de tal exigencia, no puede suponer derroches, gastos superfluos o injustificados, sino fundarse en la diaria Austeridad, directriz esencial de las instancias públicas que esta administración aspira a eficientar e innovar” (sic).
También se establece que el Programa Especial de Honestidad y Austeridad –mismo que será elaborado y operado de manera coordinada entre la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado- “nace de la urgencia de armonizar y unificar acciones y políticas públicas dirigidas al cumplimiento de las responsabilidades en materia de Transparencia Presupuestaria, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción, Eficiencia y Redireccionamiento del Gasto Público”.
Según lo plasmado en el proyecto de PVD –que aún no ha sido aprobado en sus términos por los diputados de la LXV Legislatura del Estado-, se “fortalecerá el estado de Derecho y la participación ciudadana en los procesos democráticos asociados a la implementación de medidas administrativas y presupuestales eficientes, traducidas en mayores recursos a los programas de mejora en seguridad, salud, educación y combate a la pobreza”.
Asimismo, se subraya que el objetivo es “erradicar la corrupción en la administración pública estatal a partir de la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas”, con base en el diseño de una “política estatal transversal en materia de honestidad y austeridad para el ejercicio legal y transparente de los recursos estatales y federales”.
Lo anterior –se agrega en el documento- bajo tres líneas de acción: aplicar la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz; garantizar la rendición de cuentas y la honestidad en el ejercicio de los recursos públicos; y sancionar a servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Este tipo de documentos suelen ser, por lo general, meros compendios de buenas intenciones que se trazan objetivos irrealizables. O que simplemente los autores del propio plan no están dispuestos a cumplir a cabalidad. Como parece ser el caso del gobierno de Veracruz, que ha “pasado de humo” varias de sus decisiones y acciones, en contraposición con los principios de rendición de cuentas y transparencia que dice enarbolar.
Un ejemplo reciente de lo anterior es la información dada a conocer este lunes por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que en un amplio reportaje da cuenta de cómo un funcionario público, Carlos Lomelí, quien se desempeña como “superdelegado” del gobierno federal morenista en el estado de Jalisco, aparece en el centro de un emporio empresarial dedicado a la venta de insumos médicos que, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha recibido contratos por más de 164 millones de pesos. Solamente del gobierno lopezobradorista, en menos de seis meses.
De acuerdo con el reportaje firmado por las periodistas Valeria Durán y Laura Sánchez, una de las empresas que forman parte de este conglomerado, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), firmó el pasado mes de diciembre un contrato con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por 36 millones de pesos, mismo que le fue otorgado mediante el método favorito de las administraciones de la “cuarta transformación”: la adjudicación directa, sin licitación de por medio.
¿Honestidad y austeridad? ¿Rendición de cuentas? ¿Transparencia? Pues lo único que se percibe es opacidad, camino directo a la corrupción, pura y dura. Hasta parece que los asesorara Javier Duarte.
¿Parece?
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