José Alberto Sánchez Nava
1.-Nunca en la historia de México, los pacientes del sector salud mexicano habían enfrentado una situación tan preocupante debido a la afectación directa a su salud y bienestar. Esto se debe a la falta de atención médica por la escasez de insumos y medicamentos en todo el país. La crisis social ha alcanzado proporciones alarmantes, poniendo en riesgo uno de los derechos fundamentales de todo ser humano: el derecho a la salud. A pesar de estar protegido por los artículos 1° y 4° de la Constitución, el primero bajo la tutela de un derecho humanitario y el cuarto como un derecho fundamental y garante frente a los tres poderes que integran el Estado mexicano.
2.-Sin embargo, como consecuencia de la opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte del actual gobierno, ante los miles de contratos de insumos médicos por asignación directa, los mexicanos han sufrido las consecuencias de esa política de desvío de recursos públicos. Se han destinado recursos para sostener de forma directa e indirecta obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas. Estas obras han sido objeto de críticas debido a su sobrecosto proyectado, que ha llevado a desviar fondos de rubros tan esenciales como el fideicomiso de más de 45,000 millones de pesos destinados al fondo para gastos catastróficos en materia de salud cuyo destino es incierto ante la discrecionalidad hacendaria para reasignar dichos recursos a otros rubros.
3.-El artículo 4 de nuestra Carta Magna establece el derecho a la protección de la salud, y el artículo 123 garantiza el derecho a la seguridad social para los trabajadores. Asimismo, el derecho humano a la salud está protegido por tratados internacionales de los cuales México es signatario, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta situación de desabasto atenta contra esos preceptos y compromisos internacionales.
4.-Además de la escasez de medicamentos, también es alarmante la eliminación por decreto de la Secretaría de Economía, de las normas oficiales en materia sanitaria que afectan a enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer cérvicouterino, el cáncer de próstata, diabetes y enfermedades transmitidas por vectores, entre otras. En total, se eliminaron 32 normas que regulaban tratamientos para enfermedades que requieren especialización. Estas normas son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento oportuno y su eliminación cuestionable parece estar relacionada con evitar la inversión que requieren y no cumplir con las suspensiones provisionales que puedan otorgar los Jueces de Distrito a los pacientes que se amparen por falta de atención médica. Con ello, el Estado incumple con los estándares necesarios para garantizar el acceso a la salud de calidad y pone en grave riesgo la vida de miles de pacientes, incluyendo aquellos que necesitan medicamentos psiquiátricos, lo cual está ocasionando una inconformidad y desesperación sin precedentes entre pacientes y familiares.
6.-Es importante señalar que no podemos olvidar el tema del mantenimiento en infraestructura del sector salud en todo el país. La falta de inversión en este ámbito ha tenido consecuencias devastadoras, como la muerte de una niña paciente de dengue en Quintana Roo, quien perdió la vida debido a un elevador sin mantenimiento adecuado. La infraestructura de salud debe ser segura y funcional para brindar el adecuado tratamiento y cuidado a los pacientes. Sin embargo, la desviación de recursos públicos ha dejado en el olvido estas necesidades críticas.
7.- Es urgente que el gobierno en turno asuma su responsabilidad y tome medidas inmediatas para abordar esta crisis. La salud es un derecho humano fundamental, y su vulneración no puede ser tolerada en una sociedad democrática y justa como la nuestra. Se deben asignar los recursos necesarios para asegurar el abasto de medicamentos, la implementación de normas oficiales y el mantenimiento de la infraestructura de salud.
8.-En este contexto de crisis sanitaria, es fundamental que la sociedad se una en una sola voz para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. La sociedad civil, los profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación deben hacer un frente común para poner en evidencia la grave situación que enfrentan miles de mexicanos a diario debido a la escasez de medicamentos y la falta de inversión en el sistema de salud. Es fundamental exigir que se restablezcan cada uno de los efectos de las Normas Oficiales Mexicanas en materia sanitaria, para salvaguardar el principio humanitario de progresividad, el cual consiste en que en materia de salud, para hacer frente a enfermedades crónico degenerativas y otras enfermedades graves, no puede haber retroceso en aspectos tecnológicos y científicos, así como los criterios de las ciencias médicas que se encuentran prescritas en dichas normas.
9.-Es imperativo que las autoridades gubernamentales rindan cuentas y transparenten el uso de los recursos públicos. La desviación de fondos hacia proyectos que carecen de beneficio real para la población debe ser cuestionada y denunciada enérgicamente. La construcción de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería en Dos Bocas, si bien pueden tener su importancia, no deben ser prioritarias cuando la salud de miles de personas está en juego. Por ello, el criterio de resguardar la información relativa al gasto público en las citadas megaobras con un sobrecosto programado, por tratarse supuestamente de un tema de seguridad nacional, es inaceptable. En realidad, lo que debería tener el carácter de seguridad nacional y ser parte de la agenda nacional es el tema del crimen humanitario a los pacientes en el país, quienes por omisión gubernamental en materia sanitaria tienen una enorme reducción en sus expectativas de vida, como una sentencia de muerte.
