El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Aunque muchos estudiosos del comportamiento de la opinión pública rechazan que la percepción sea necesariamente igual a la realidad, el fenómeno de la inseguridad en México es experimentado por los ciudadanos como reflejo fiel de una violenta realidad. Los estudios demoscópicos del INEGI -todavía confiable-, como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del primer trimestre de 2024 demuestran que más del 60 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años no se sienten seguros en el lugar donde viven.
Contrario a la narrativa oficial que niega el clima de violencia generado por el crimen organizado y la delincuencia común -lo que se traduce en la pérdida de gobernabilidad en algunas regiones del país-, la terca realidad se empata con la sensación de la gente que considera que ha fracasado la política pública de seguridad y ha perdido la confianza en las autoridades.
Sin embargo, los candidatos de la 4T llevan como bandera de campaña la falsa promesa de velar por la integridad y el patrimonio de sus posibles electores; peor aún, presumen una disminución de la incidencia delictiva y hasta hablan de impunidad cero, cuando más de nueve de cada diez ilícitos quedan sin castigo. El 61 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en sus localidades, en diciembre del año pasado la tasa era de 59.1 por ciento y en marzo de 2023 el índice llegó a 62.5 por ciento.
Ahora que dos mujeres se disputan la Presidencia de la República y que la paridad de género reservó el 50 por ciento de los cargos de elección popular a las féminas, debieran revisar la infografía del INEGI, ya que el 66.5 por ciento de sus pares se sienten más inseguras en la calle, en el transporte público, rumbo al trabajo o a la escuela, contra un 54.5 de hombres.
La gente también se siente menos segura en los cajeros automáticos en vía pública, a las afueras de los bancos y en las carreteras. En mítines y debates no se habla de propuestas, de políticas públicas que busquen mejorar la seguridad o dar más protección a la población femenina, solo descalificaciones.
Los pronunciamientos gubernamentales son la negación de la realidad. La ausencia de un plan sexenal que pretenda resolver el problema de la seguridad es renunciar a la función primigenia de todo Estado.
Las diatribas de autoridades y aspirantes insisten en que con los abrazos y no balazos y el rechazo categórico al uso legítimo de la fuerza puede regresar la paz y la tranquilidad social, pero nuevamente la terca realidad muestra otra cara: En Fresnillo casi la totalidad de la población experimenta la inseguridad, o al menos el 95.4 por ciento de ellos. Naucalpan, Zacatecas, Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad Obregón son otras localidades con alta percepción de inseguridad.
Pero el discurso oficial insiste: no hay porqué alarmarse en Guerrero, Morelos, Sonora o Zacatecas, a pesar de impresentables mandatarios y aunque el crimen organizado parezca mandar ahí. Curiosamente, en dos alcaldías de la CDMX los ciudadanos se sienten más seguros: Benito Juárez y Cuajimalpa, administradas por la oposición. Otras localidades menos inseguras son Piedras Negras, Mérida, Tampico y Los Cabos.
La encuesta del organismo encargado de la información estadística refleja que el 57 por ciento de los ciudadanos considera que la inseguridad continuará igual o peor en los próximos 12 meses.
La falta de una política pública de seguridad ha impedido controlar los motivos que alientan la percepción de inseguridad como el consumo de alcohol en la vía pública, el atestiguar robos y asaltos, el vandalismo a comercios, la venta y consumo de drogas, los disparos de armas de fuego en la calle y el pandillerismo. Esa sensación de inseguridad hace que la gente cambie sus hábitos de conducta, como salir sin objetos de valor o tarjetas bancarias, no transitar en la calle después de las 20 horas o evitar la salida de los hijos por la noche.
Esa es la nueva realidad, la que mantiene como rehén al ciudadano recluido en su casa -aunque ahí se da la violencia intrafamiliar-, que también desconfía de la policía y del ministerio público, por lo que no denuncia los delitos.
Mientras los gobiernos no conciban programas de prevención del delito, atiendan los factores que generan la percepción de inseguridad y hagan proporcional uso legítimo de la fuerza, la percepción será realidad. Ningún candidato parece interesarse en el tema.
