Redacción MX Político.- El presidente Sebastián Piñera Echeñique avanza a toda velocidad con su “agenda de seguridad y paz social” que, en los hechos, pretende convertir a Chile en un Estado policial.
Anunciada el 7 de noviembre último, 20 días después del estallido social del 18 de octubre, esta agenda considera 11 medidas, de las cuales se ha cumplido 77%, según presume el gobierno en su página en internet.
Entre esas acciones destaca la promoción de leyes “antisaqueos”, “antibarricadas” y “antiencapuchados” –ya aprobadas por el Congreso Nacional, nominalmente dominado por la oposición de centroizquierda, pero que en los hechos está controlado por el gobierno–, que aumentan exponencialmente las condenas contra los manifestantes.
Previamente, en julio de 2019, Piñera había emitido el Decreto Supremo 256, que dispuso que las fuerzas armadas (ejército, armada y fuerza aérea) aporten “tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico”. Eso ya había marcado el inicio del intento de Piñera de involucrarlas en labores de seguridad interna.
Pero la “agenda de seguridad y paz social” considera un proyecto que va mucho más allá y tiene claros tintes autoritarios.
Se trata de la norma que “moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado”, mejor conocida como Ley de Inteligencia, y que, de aprobarse, instalaría al propio Piñera a la cabeza del sistema y convertiría a los chilenos en “enemigos” del Estado.
Doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash expone en su artículo Más poder para el presidente, publicado el martes 16 por el Centro de Investigación Periodística, que el proyecto presidencial “consolida la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, enmarcándose estas modificaciones al sistema de inteligencia en un contexto político de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como ‘enemigo interno’”.
Esta connotación quedó claramente establecida el 22 de enero cuando este proyecto fue aprobado en el Senado, en su primer trámite legislativo. Sobre el tema, el ministro de Defensa, Alberto Espina, deslizó su sentido: “Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en octubre se podrían haber impedido”.
Espina aludía al feroz estallido social del 18 de octubre de 2019, que remeció los cimientos del modelo neoliberal chileno y abrió un proceso constituyente –en pleno desarrollo– en una rebelión que no pudo ser sofocada pese a la feroz represión policial que significó decenas de muertos y miles de torturados y mutilados.
Las iniciativas represivas alcanzan límites difíciles de creer. El jueves 18, Piñera promulgó una ley que sanciona con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes infrinjan las cuarentenas domiciliarias impuestas a más de la mitad de la población del país, como medida para evitar la expansión del coronavirus.
Sin embargo, muchos de los que salen a la calle lo hacen porque no tienen que comer en sus casas, dada la escasa y casi nula ayuda que el gobierno ha dado a los afectados por el cese de actividades económicas derivadas de la expansión del covid-19 en Chile.
El proceso
Aunque el proyecto ya pasó la barrera del Senado, en un debate que apenas fue conocido por la opinión pública dada la casi nula difusión de los medios, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se ha vuelto una barrera infranqueable –por ahora– para el gobierno, resultado del creciente rechazo de la opinión pública contra la iniciativa.
El 28 de abril se aprobó en la citada comisión la idea de legislar el proyecto, pero éste no ha sido discutido ni votado en lo particular. El 29 de mayo los siete diputados opositores de la Comisión de Defensa pidieron retirar la urgencia en la tramitación de ese proyecto fijado por el Ejecutivo y llamaron al gobierno a concentrarse en las tareas de control de la pandemia.
Una de las críticas más duras y significativas vino de Marcelo Schilling, exjefe de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, antecesora de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y de la diputada Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende. Ambos publicaron el lunes 1 en el diario El Mostrador la columna Un mal proyecto para Chile, en la cual advirtieron que, con la propuesta de ley, el gobierno demuestra “que no sabe qué tipo de inteligencia desea producir”.
Ambos legisladores del Partido Socialista justificaron así su aseveración: “La propuesta no distingue entre lo que se entiende como inteligencia estratégica del Estado (que debería producir la ANI), la inteligencia de la defensa (propia de las fuerzas armadas y del Estado Mayor Conjunto) y la inteligencia policial (que realizan los Carabineros y la Policía de Investigaciones)”.
También alertaron que, con dicho proyecto de ley, el Congreso Nacional verá mermadas sus facultades de supervisión de la actividad de inteligencia, ya que se obstaculiza la posibilidad de citar al director de la ANI a la Comisión de Inteligencia de la Cámara.
“Más grave –agregan los legisladores– es el hecho de que el proyecto no asigna al Congreso ninguna facultad para evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia. Se ve coartado el único canal mediante el cual la ciudadanía puede aplicar un control democrático a la actividad de inteligencia.”
Pero sin duda la principal oposición al proyecto presidencial viene del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, quien milita en el partido Revolución Democrática de la izquierdista coalición Frente Amplio.
Este joven legislador se ha negado a dar paso a la votación del articulado, poniendo en tabla otras iniciativas. Esto ha desatado la furia de Espina y de sectores de derecha que han iniciado una especie de campaña en su contra, acusándolo de tener vínculos con grupos “terroristas” de izquierda.
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