CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero (AlmomentoMX).- El Tren Interurbano Toluca-Valle de México que está previsto se inaugure en 2018, se ha encontrado igual que otros proyectos del Gobierno federal como el del NACIM, con la oposición de los habitantes de los pueblos locales quienes se han pronunciado en contra de este tipo de megaproyectos, llamados también proyectos de muerte.
Los pueblos afectados que se han pronunciado al respecto son San Jerónimo Acazulco y San Juan Coapanoaya pertenecientes al municipio de Ocoyoacac. Los habitantes reclaman una notable disminución del agua, esto debido a las obras que afectan los mantos acuíferos que son patrimonio comunitario.
Estos manantiales abastecen a más de 10 mil personas, por lo que los habitantes se han organizado para armar un frente, no aceptar el dinero del gobierno, y exigir que no se toque su patrimonio comunal que son bienes no renovables por lo que su trabajo es cuidarlos para las generaciones futuras y evitar la pérdida del ecosistema.
Además de la invasión a los mantos acuíferos, se denunció que se invadió los terrenos de habitantes de Acazulco debido a que se amplió el derecho de vía a lo largo de cuatro kilómetros.
Aproximadamente 3 mil comuneros de Acazulco y Coapanoaya bajaron este lunes pasado con pancarta en mano desde esta región boscosa para exigir al presidente se cancelen las obras debido a la invasión y destrucción que ha generado esta obra, por otro lado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tendrá que demostrar que esos terrenos sí son propiedad federal para poder seguir con la obra.
Los afectados llegaron a la capital custodiados por elementos de la policía, pedían en sus cartulinas y mantas frenar el ecocidio que han ocasionado las obras, por lo que si el Tren Interurbano se concreta se estaría violentando la biodiversidad de ese lugar, y por ende su trabajo puesto que los manifestantes viven de sus tierras.
Se pidió la cancelación de la obra en los tramos en donde no hubo pago de renta por la ocupación con maquinaria de sus terrenos, además pidieron seguir con el compromiso de mantener elevada la construcción que presumen, fue modificada a raz del suelo del kilómetro 34 al 41.
El periódico el SUR de Guerrero escribió que el mes pasado los ejidatarios vía su asesor jurídico informaron en una manifestación que hicieron frente al Palacio de Gobierno estatal, que tenían en su poder un amparo ganado para detener las obras del Tren Interurbano hasta que se resolviera la situación de afectación al ecosistema local.
La problemática se ha complicado aún más debido a que por un lado hay pueblos opositores del megaproyecto, y otros, como Santa María Tepexoyuca en donde sus habitantes han vendido sus terrenos para el paso de las vías.
Los afectados alegan que son alrededor de 70 hectáreas con el paso del Tren y que supuestamente no están en el plano de adquisición.
Tras la marcha que los campesinos realizaron el pasado lunes para evidenciar su rechazo a la construcción de la obra, la dependencia aseguró que los terrenos donde se edifica el proyecto fueron expropiados en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1943, que los cedió a la SCT para dar paso al tren.
También afirmó que se indemnizó a los afectados, como consta en el convenio firmado entre la representación comunal y la SCT el 16 de octubre de 2015, previa autorización de la asamblea de comuneros celebrada el 9 de octubre de ese año.
No obstante, Petra Montes Torres, representante de los lugareños, advirtió que la SCT no cuenta con los documentos para demostrar su dicho, e insistió: “Son nuestros, no nos han indemnizado ni nada”.
Pascual de la Rosa Gumersindo, presidente de los bienes comunales en San Juan Coapanoaya, indicó que, como resultado de la demanda 194/2018-III promovida contra la edificación, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo les otorgó la suspensión de oficio y de plano de las obras del tren a la altura del kilómetro 41, en los límites de San Jerónimo Acazulco, para que en ese tramo se mantengan las cosas “en el estado que actualmente guardan”.
La decisión responde a que en ese tramo se afecta el paso del río Lerma, que además fue embovedado por la empresa a pesar de que no se había acordado de esa manera.
A esta suspensión se suman dos más, concedidas con antelación, también a vecinos de Ocoyoacac afectados por la construcción del interurbano: la 109/2018, que aplica para el tramo que va desde el paraje conocido como El Portezuelo a la Desviación a Chalma, y la decretada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México en la demanda 132/2015-3, a la altura del paraje El Portezuelo.
Montes Torres, por su parte, indicó que como resultado de la marcha realizada el lunes 12, sí fue posible remitir a Los Pinos una solicitud de audiencia con el presidente Enrique Peña para plantearle la petición de detener el proyecto.
De no recibir respuesta, adelantó que la semana próxima replicarán la movilización, pero ahora más nutrida, con el fin de que sean atendidos sus reclamos.
Finalmente, precisó que su lucha no tiene su origen en el monto de las indemnizaciones, sino en la defensa de los mantos acuíferos.
El periódico el SUR de Guerrero también informó que los ejidatarios han sido amenazados de muerte por obras del Tren. Tras haber ganado el amparo el 16 de enero denunciaron a los medios que recibieron amenazas directamente por parte los trabajadores de las obras.
De acuerdo con una versión de uno de los dueños de los restoranes en los que suelen comer los trabajadores, dijo haber escuchado que usarían la fuerza pública para quitar los campamentos que estaban instalados en esas fechas y que se “tronarían” al presidente del Comisariado de bienes comunales, Marcelino Nárvaez, quien por esas fechas dio a conocer los detalles de la suspensión de la obra con al argumento de daño ecológico.
El amparo fue concedido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el expediente 109/2018.
Por estas razones lo ejidatarios hicieron un llamado a la prensa antes de hacer formal una denuncia en Derechos Humanos, para buscar protección ante las amenazas.
Afirmaron que son cerca de 1,300 personas las que están involucradas en la defensa de esos terrenos ejidales, que van del Instituto Nacional de Investigación Nuclerar (ININ) a paraje conocido como El Pantano.
También confirmaron que 15 hectáreas se verán afectadas por la construcción del Tren Interurbano, mencionó pascual, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco.
Con información de El Sol de México, El SUR y el Universal
AM.MX/dss
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