Ricardo Del Muro / Austral
Este miércoles 21 de agosto quedó paralizado el poder judicial en todo el país, después de que más mil 200 jueces federales, magistrados y trabajadores acordaron suspender sus actividades como una medida extrema para intentar detener la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al sistema de impartición de justicia que esta semana discutirá y votará la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría Morena y esto hace previsible su aprobación.
“Los jueces de México van a paro contra la revisión del poder judicial”, destacó el periódico estadounidense The New York Times, por lo que la noticia de este movimiento ha tenido trascendencia internacional.
“Los jueces federales votaron el lunes por la noche para ir a paro en todo México, en protesta por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar el sistema judicial del país. Los jueces se unirán a los miles de empleados judiciales que a primera del día se declararon en huelga indefinida por los polémicos cambios”, señala la nota de los periodistas Simón Romero y Emiliano Rodríguez, corresponsales del NYT en la Ciudad de México.
“Las medidas – indicaron – reflejan las crecientes tensiones en torno a la propuesta de López Obrador de introducir los cambios más radicales en el sistema judicial mexicano en décadas. Tanto él como sus partidarios quieren que miles de jueces mexicanos, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean elegidos en vez de ser nombrados en función de sus capacidades y formación especializada”.
López Obrador ha defenido la reforma, argumetando que el objetivo final es librar al poder judicial “de la corrupción y de los privilegios”. Los críticos dicen que el cambio podría originar que personas con mínima experiencia jurídica sean elegidas para ocupar cargos judiciales, señaló el NYT.
Sin embargo, la resistencia contra la iniciativa arrancó el lunes con los trabajadores que cerraron las sedes del Poder Judicial en la Ciudad de México y en 28 entidades de la República, incluyendo a Chiapas, ya que consideran que la pretendida reforma atenta contra sus derechos laborales y no resuelve los problemas de justicia en el país. Explicaron que con estas acciones pretenden que se suspenda el proceso legislativo de la citada reforma y que se realice de manera conjunta una nueva protesta.
El primer día de protesta de los trabajadores del Poder Judicial tuvo un impacto directo en los juzgados del país, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, los manifestantes señalaron que los juzgados en suspensión de labores sólo están haciendo excepciones para atender casos de delitos que se encuentran en el artículo 19 constitucional, donde se enumeran los crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa, y del artículo 22 constitucional, donde se establece la extinción de dominio para bienes inmuebles.
López Obrador negó que la reforma afectará a los trabajadores y dijo que están en su derecho de manifestarse, pero los llamó “paleros” de corruptos ya que “apoyan privilegios”. En respuesta, los trabajadores del poder judicial acusaron que los “paleros” son los diputados de Morena por “levantadedos” y calificaron de mentiroso al presidente, al afirmar que la reforma sí afecta la carrera judicial y al sistema de procuración de justicia.
El presidente reviró los señalamientos de los opositores en la conferencia mañanera del martes, donde reiteró que es ilegal la suspensión de labores, pero sostuvo que hay absoluto respeto a la huelga que iniciaron los trabajadores y a la que se unieron los jueces, aunque no pudo evitar lanzar una ironía, al señalar:
“Si no están los jueces, magistrados y ministros en activo, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes”.
Fue el pasado 5 de febrero cuando el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propone, principalmente, que se realice una elección popular de ministros, magistrados y jueces. También plantea que se modifique la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se creen órganos administrativos y disciplinarios que sustituyan al actual Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa se ha discutido en la Cámara de Diputados, del primero hasta el 22 de agosto, en lo que se llamó Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, cuyas conclusiones se presentarán en un proyecto de dictamen que se presentará el próximo 23 de agosto para su voto al pleno del poder legislativo. RDM
