Joel Hernández Santiago
En muy poco tiempo se han acumulado evidencias de lo que sabíamos hace mucho en México. Son muestras de cómo miembros de distintos cuerpos policiacos del país han utilizado la fuerza, la crueldad, la brutalidad… para someter a ‘sus adversarios’ en la lucha de lo que se decía en el imaginario colectivo: del bien contra el mal… ¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién?…
Los ejemplos más recientes ocurrieron en unas cuantas semanas en Oaxaca.
El asesinato del joven de 16 años, Alexander Ramírez la noche del martes 9 de junio. Uno más de sus ocho compañeros está herido. Iban cada uno en su motocicleta, para comprar refrescos y celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Les disparó un policía que, con otro grupo en patrulla, los “confundieron con delincuentes”. Es el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.
[El féretro está en una explanada del campo deportivo. Es el lugar al que acudía a jugar fut bol el muchacho que quería ser estrella de este deporte. Un niño muy querido por todos. El campo deportivo está repleto… Se escucha a dolientes… Llanto colectivo. La madre del niño está inconsolable. Su padre al mismo tiempo adolorido como cargado de ira. La multitud indignada. Todos exigen “¡Justicia!” “¡Castigo para los patrulleros municipales!”
Un grupo de sus compañeros y amigos rodean el ataúd de Alexander. Adolescentes todos ellos, hacen fila y simulan un juego de fut bol; ahí está el portero en una entrante del muro; uno de ellos tira la pelota que pega en el ataúd, de ahí rebota y anota gol: el último gol de Alexander Ramírez. Arriba de la portería, en el muro, se lee: “Un gobierno para todos”.]
El 6 de mayo, los hermanos Diego Eruviel Luna Paz, de 20 años de edad, y Juan Jaciel Luna Paz fueron detenidos por policías municipales de San Pablo Huitzo, quienes los entregaron a un grupo de hombres que los llevaron a un lugar aparte para golpearlos de forma brutal. Luego los aventaron a un barranco. Diego murió. Juan sobrevivió y denunció los hechos. La autoridad municipal dice que la detención “se sujetó a derecho”. Aun no hay resultados de la investigación.
Otros casos muy recientes ocurrieron en Guadalajara la tarde del jueves 4 de mayo durante la confrontación entre policías y manifestantes por la muerte de Giovanni López, quien un mes antes había sido detenido por policías municipales de Ixhuatlán de los Membrillos, Jalisco, y quien apareció muerto luego, ya detenido…
O como vimos en la misma Ciudad de México al día siguiente cuando policías que intentaban controlar una manifestación violenta de anarquistas, golpearon extremo a una joven de 16 años…
Y tantos ejemplos más en todo el país, de la brutalidad policiaca, del abuso de la fuerza y de la incapacidad para solucionar mediante estrategias policiales, protocolos de seguridad pública, respeto a los derechos humanos cada caso o evento: Ya policías federales, estatales o municipales…
Dos razones de origen están a simple vista: La patología criminal de algunos elementos de policía quienes utilizan la saña y dureza para saciar sus frustraciones y enojos en sus víctimas, a los que asestan crueldad, odio y se ceban con ciudadanos, culpables o no. Aquí está la incapacidad institucional para seleccionar apropiadamente a los elementos que formarán parte de quienes cuidarán la seguridad social.
Pero también está una de las partes más contrastantes de esta responsabilidad, que es la falta de formación profesional; la falta de capacidad y capacitación; la ausencia de conocimientos para atender una tarea de por sí dura y extrema con frecuencia… La nula formación policiaca sólida, que muestre a policías capacitados, dotados, formalmente dispuestos en favor de su tarea y no como empleados que recurren –como ocurre en muchos casos—a la extorsión, al dolo y a la saña.
La urgente necesidad de policías en todos los niveles de gobierno hace que se recurra a cualquiera que se encuentre sin trabajo y con urgente necesidad de recursos. “Se les califica” e ingresan. Aunque no sean idóneos ni lo merezcan. Muchos otros sí merecen estar ahí, por cierto.
A finales de 2019 se informó que en México solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que avala su formación, capacidades y confiabilidad.
Es el documento llamado Certificado Único Policial (CUP), que es requisito obligatorio para permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para certificar a todos sus elementos. Sin embargo dicho plazo concluyó en 2019 y no lo hicieron.
Según Transparencia, consultada por el portal informativo Animal Político, ocurre que ‘de los 330 mil 776 policías federales y locales en activo en nuestro país (2019), apenas 84 mil 255 que equivalen a un 25.4% cuenta con el CUP. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían estar trabajando.’
Y por esa misma falta de formación y capacitación profesional causa estragos: La organización civil Causa Común, informa que de enero de 2018 a enero de 2020, se registraron 953 policías asesinados en todo el país, de los cuales 482 eran municipales, 413 estatales y 58 federales, lo que significa 1.25 casos diarios durante dicho lapso. Los municipales son los más vulnerables.
¿Quién se hace cargo de solucionar esto que costó la vida a Alexander, a Giovanni, a Diego Eruviel? ¿Y de tantos más cuyos casos se desconocen, o se han ocultado, o se han perdido en la maraña burocrática de la autodefensa? ¿Quién o quiénes son responsables de esto?
Urge que se depuren estos cuerpos policiacos y que se sigan protocolos de rigor extremo para seleccionar y capacitar a quienes formarán parte de estos cuerpos. Tanto en su salud mental como en su capacidad técnica, profesional y física. Una policía que ayude y no un problema social más.
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