Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de la República y por ende el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el velo del fraude electoral cubrió su naciente administración. El michoacano debió entonces encontrar una formula mágica para legitimar su mandato y como no hay nada nuevo bajo el sol, recurrió a una vieja práctica que no siempre suele ser infalible: echar mano de las fuerzas armadas. La historia nos da muchos referentes, George W. Bush, el 43 presidente de los Estados Unidos, llegó al poder en enero de 2001 tras acusaciones de fraude en su contienda contra Al Gore. Sin embargo, supo capitalizar la situación y legitimó su mandato por medio de las fuerzas armadas.
Primero invadió Afganistán en 2001 tras los atentados a Nueva York y al Pentágono y en 2003 arrasó Irak bajo el argumento de desposeer a Sadam Hussein de las armas de destrucción masiva que nunca le fueron encontradas, al final del día George W. Bush logró incluso reelegirse y ser presidente hasta 2009. Un caso similar, pero sin éxito, fue el que intentaron Galtieri y la junta militar argentina en 1982, al lanzarse a recuperar las Islas Malvinas por la fuerza, sin embargo, no contaron con la determinación y el orgullo británico, que llevó a las tropas de la recién fallecida Isabel II a reconquistar las islas en 2 meses y 12 días, lo cual representó el fin de la Dictadura Militar y el retorno de la democracia en la Argentina.
Calderón quiso jugar a la guerra para borrar la sombra de una elección desaseada, se enfundó en una guerrera verde olivo varias tallas más grandes que la suya, ciñéndose una gorra militar y desde un cuartel en Morelia declaró la guerra contra el narco. Los altos mandos del ejército y la armada obedecieron sin chistar fieles a la tradición de lealtad, estricta disciplina y honor militar que caracterizan a las fuerzas armadas mexicanas y ahí comenzó el caos. Calderón no permitió ninguna estrategia o preparación previa, con su talante autoritario lanzó a las tropas y marinería a las calles surgiendo infinidad de inconvenientes que no solo son privativos de México sino de cualquier sitio en cualquier época donde se mezclen soldados con población civil. Los problemas fueron desde tener a la tropa en la calle con el riesgo de portar armamento cargado con munición de guerra hasta situaciones tan inverosímiles como resolver donde debían dormir, comer o ir al baño los soldados.
No es lo mismo levantar un vivac a campo abierto que permanecer por turnos prolongados en un puesto de control militar dentro de un núcleo urbano. Otra situación es que los soldados y marinos no pudieron usar todo su armamento, atacar primero a los delincuentes o darles la categoría de beligerantes, no solo por el riesgo que conllevan las operaciones urbanas en su propio territorio, sino por las implicaciones legales e internacionales que pudieron y aún pueden derivar. Finalmente, y como sucede en todas partes, existe el riesgo siempre latente de la violación a Derechos Humanos, Garantías Individuales o de lamentables accidentes donde civiles pueden ser abatidos en fuego cruzado o confusiones. Un ejemplo claro es el que también se ha dado con fuerzas de Estados Unidos y de Aliados de la OTAN en sitios donde hay presencia de sus tropas en operaciones militares y han ocurrido excesos o accidentes con la población local.
Derivado de la presencia de las tropas en las calles y ahora en la vida cotidiana de los mexicanos, las fuerzas armadas lamentablemente y a pesar del reconocimiento que tienen en amplios sectores de la sociedad mexicana, llegando incluso a ser la institución más valorada tras la familia y por encima de las distintas iglesias, se enfrentan a una injusta andanada de ataques y señalamientos. Se dice que el país se militariza y se les juzga con dureza. Sin embargo, ¿si los soldados y marinos no aplicaran el plan DN-III o Marina, quien nos ayudaría ante los embates de la naturaleza o los accidentes tan frecuentes por descuido u omisión en nuestro país? Si las tropas no cuidaran las urnas, ¿a quién se las confiaríamos? ¿A las policías municipales? Enorme polémica también ha generado el hecho de que la SEDENA tenga subordinada a la Guardia Nacional, y entonces también me pregunto: ¿actualmente a qué político se le puede dar la responsabilidad de mandar una fuerza de casi 150 mil hombres? Me imagino que los mexicanos no queremos otro García Luna. En lo personal yo prefiero a un oficial de Guardia Nacional formado en el Heroico Colegio Militar que en una academia inventada al vapor por políticos corruptos.
Los tiempos del México independiente, desde 1821 a la fecha nunca han sido fáciles para nuestras Fuerzas Armadas, constantemente les toca “bailar con la más fea” pero de cualquier modo siempre han cumplido a cabalidad con su compromiso con la nación, preponderantemente en las batallas de 1846 y 1847, la victoria contra la intervención y el imperio en 1867, de la misma forma tras la revolución y recientemente como las Fuerzas Armadas más leales e institucionales de Iberoamérica en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del actual. Hoy desafortunadamente se les agrede con fines políticos, juzgándolos con dureza, no se comprende que su obediencia al poder civil no solo es mandato constitucional, sino que garantiza la existencia del propio estado mexicano. El ataque reciente de los hackers de Guacamaya no debemos festinarlo, es muy grave, no hiere a un partido político o a quien detente temporalmente el poder, hiere a México.
Con respecto a la obscura noche de Iguala y a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la herida está abierta, para sus familias y para México. Por ello gritar a todo pulmón o aseverar que “Fue el Ejército” es una injustica. Evidentemente han ocurrido excesos por parte de militares a lo largo de nuestra historia, por supuesto que han existido y subsisten quienes son indignos de portar el uniforme de nuestras fuerzas armadas, pero por no por ello deben pagar justos por pecadores y mucho menos condenar a las más antigua de nuestras instituciones.
Al final en este momento grave para nuestra patria, debe aplicarse un antiguo y certero Principio General del Derecho que establece que “Se juzga a las personas no a las Instituciones” amparándose en este añejo precepto queda firme y vigente que, si hay o hubo soldados indignos de México, la responsabilidad es de ellos a título personal, jamás en nombre de las Fuerzas Armadas, ahí queda firme y vigente porque no fue el Ejército.
