Juan Luis Parra
Hay funcionarios que administran instituciones y otros que administran propaganda. Jenaro Villamil decidió hace tiempo, al igual que la gran mayoría de la 4T, se dedicará a defender los errores presentes y futuros de la 4T al costo que sea, aunque eso signifique que te abran un expediente dentro del propio gobierno que te sacrifiscaste para defender.
Dicen que no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa…
Hoy, Villamil, personifica esa frase y enfrenta una investigación administrativa por la Secretaría Anticorrupción, una de esas señales que el poder envía cuando necesita aparentar que se vigila a sí mismo. El expediente no condena, pero incomoda, sobre todo porque no surge en el vacío, sino como la acumulación de una trayectoria que ha ido dejando demasiadas preguntas abiertas para alguien que encabeza medios públicos.
Villamil no es un burócrata clásico, es un converso.
Pasó de observar al poder como periodista a defenderlo con una convicción que por momentos parece más fervor que estrategia. En ese tránsito, el Sistema Público de Radiodifusión dejó de ser un espacio de comunicación estatal para deslizarse hacia algo más rudimentario, un aparato de respaldo político que opera con más disciplina ideológica que criterio institucional.
Infodemia es quizá la mejor síntesis de esa lógica.
Nació como un supuesto filtro contra la desinformación y terminó funcionando como un traductor oficial de la realidad hacia una versión conveniente del poder. El episodio de Palacio Nacional lo dejó expuesto: un video incómodo fue descalificado como inteligencia artificial y, días después, confirmado como auténtico por la propia Presidencia. Lo que quedó flotando no fue solo la rectificación, sino esas preguntas que el poder prefiere no contestar, sobre las piernas que aparecían en escena y cuya identidad nunca terminó de aclararse; un detalle menor en apariencia, pero revelador de la ligereza con la que se intentó negar lo evidente.
No fue un tropiezo aislado.
Cuando una estructura pública se acostumbra a reinterpretar la realidad, termina perdiendo la frontera entre defensa y manipulación. Y eso tiene consecuencias, especialmente cuando se sostiene con dinero público. Más de 400 millones de pesos asignados al SPR este año obligan a tomar en serio lo que de otro modo podría reducirse a una simple disputa digital.
La historia reciente de Villamil tampoco ayuda. Ahí están las antenas prometidas en lugares como Hermosillo que nunca aparecieron, contratos que en el mejor de los casos reflejan desorden y en el peor algo más difícil de justificar. Ahí están también los gastos cuestionados, las decisiones editoriales oportunas y las tensiones internas que dibujan un estilo de gestión más político que institucional. Nada definitivo por sí solo, pero suficiente para construir una imagen que empieza a incomodar incluso dentro del propio sistema.
Mientras tanto, la narrativa oficial sigue su curso, como si nada de esto alterara el guion.
Se insiste en una pedagogía política que roza lo paternal, donde al ciudadano se le explica cómo adaptarse a la escasez con resignación didáctica, como si el problema no fuera la falta, sino la expectativa. Si no alcanza para la carne, hay frijoles; si la gasolina premium resulta cara, siempre queda la magna. Es una lógica que no resuelve, pero intenta domesticar la inconformidad.
En ese esquema, Villamil no desentona, encaja.
Su papel no es corregir la realidad, sino administrarla discursivamente, suavizarla, traducirla, volverla digerible.
El problema es que la realidad no se deja editar indefinidamente. Puede maquillarse un tiempo, puede reinterpretarse, incluso negarse, pero tarde o temprano impone su propia versión. Y cuando eso ocurre, los expedientes dejan de ser trámites incómodos y se convierten en síntomas de algo más profundo: el momento en que el relato empieza a quedarse sin sustento.
