Cicuta
Jaime Flores Martínez
Viernes 17 de abril del 2026.- Sofocada por tantísimas presiones políticas y económicas, sin incluir la incontenible inseguridad del país, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo también debe responder por la “desaparición forzada” de 132 mil 532 mexicanos que se han registrado desde 1952.
Y aunque alguien podrá referir que la señora Sheinbaum (ya lo dijo ella) no tiene por qué cargar con los desaparecidos desde el año 52, ese “alguien” debe saber que —lo relevante de esa cifra— es que al menos el 90 por ciento de esos “desaparecidos” se han registrado en los últimos 20 años.
Esto quiere decir que desde 2006 (que fue implementada la llamada guerra contra el narcotráfico), el número de desaparecidos en México es superior a los 119 mil.
Hasta los más escépticos consideran que la tragedia de “las desapariciones en México” dejó de ser noticia para convertirse en paisaje incómodo y doloroso, especialmente para las familias que padecen la ausencia de uno (o más) de sus miembros.
Hay quien afirma que la ONU tiene fundadas sospechas de que en México se registran crímenes de lesa humanidad, lo cual pone al gobierno de Sheinbaum sobre la pared.
Sin embargo, da la impresión que no hay escándalo que dure para siempre pues —al menos para el gobierno— la estadística sustituye al nombre y el expediente reemplaza al rostro.
El pasado 20 de marzo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un posicionamiento dirigido al Estado mexicano sobre lo preocupante que resulta la escandalosa cifra de desapariciones en México.
Habrá que señalar que dicho documento no recurre a eufemismos al advertir que en México las desapariciones ocurren de forma generalizada y sistemática, con patrones que sugieren tolerancia, omisión e incluso aceptación de autoridades en distintos niveles.
El organismo ya había activado en 2022 el procedimiento del artículo 34 de la Convención, una medida excepcional reservada para contextos graves.
La respuesta del gobierno mexicano siguió un libreto conocido.
Como sucedió recientemente, en ese año la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó las conclusiones de la ONU.
En ese momento la SRE calificó el informe como “descontextualizado” y aseguró que en México no existen las desapariciones forzadas.
Para la mayoría resultó lógico que el gobierno rechazara ese señalamiento, pues resulta más sencillo cuestionar al mensajero que desmontar la maquinaria de horror que opera en buena parte del territorio nacional.
Para la ONU y para el mundo, está claro que familiares de desaparecidos en México realizan en trabajo que correspondería al Estado.
Esas familias buscan en fosas, excavan con sus propias manos, reconstruyen rutas que las autoridades ignoran o simulan investigar.
Ahí aparece Lupita Camarena quien no es activista profesional ni vocera de colectivo sino una madre de familia.
Cinco de sus nueve hijos desaparecieron y esta cifra —por si sola—rompe cualquier intento de normalización.
Lupita no pide estadísticas, exige presencia y suplica que la autoridad haga lo que le corresponde.
Su historia no abre noticieros de forma sostenida ni tampoco provoca renuncias. El caso de esta mujer se diluye en el ruido de un país que aprendió a sobrevivir con la herida abierta.
Nadie puede negar que el contraste entre el discurso oficial y la realidad resulta brutal.
Desde el poder se insiste en que el fenómeno responde al crimen organizado, como si esa explicación cancelara la responsabilidad del Estado. Sin embargo, el señalamiento de la ONU es letal pues subraya que la desaparición no solo ocurre por acción directa, sino que también prospera por omisión.
La ausencia de investigación efectiva, la evidente revictimización y la negligencia institucional construyen un sistema donde desaparecer a alguien no tiene consecuencias.
México enfrenta una crisis que ya no admite matices retóricos.
Ya la negación oficial no protege la soberanía, sino que la debilita.
El gobierno de México debe estar consciente que ignorar o esquivar a organismos internacionales no borra a los desaparecidos. Más bien los multiplica en la incertidumbre.
Positivo
Qué bueno que un juez del Estado de Jalisco anunció ayer que estudia detenidamente la posible reapertura del expediente del depredador sexual Nassón Joaquín García, líder de la secta La Luz del Mundo, actualmente preso y sentenciado en una prisión de California Estados Unidos.
Por razones incomprensibles, a finales del año pasado la Fiscalía General de la República decidió cancelar la carpeta “porque no había elementos” para continuar con el proceso.
Luego de la intervención de la presidenta Sheinbaum, la FGR se comprometió a gestionar la reapertura del caso.
Como no hacerlo si en Estados Unidos proceden legalmente contra él.
Cicuta News.com Cicuta.com.mx X: @cicutabc Facebook: cicuta YouTube: jaime cicuta columna Instagram: jaime flores cicuta TikTok: cicuta.news
