Una vez más la Suprema Corte declaró como inconstitucional una ley que violenta los derechos de las personas. Este miércoles, tres ministros que integran la Primera Sala votaron en contra de la validez del artículo 478 de la Ley General de Salud que penaliza la portación de más de cinco gramos de cannabis, siempre y cuando sean para consumo personal.
Con ello, se elimina la penalización de la posesión de una cantidad mayor de cannabis y se estableció que jueces y fiscales determinen si la cantidad de droga que lleva alguien es para uso personal o si considera que es para uso comercial.
Con esta decisión, la Corte le ‘corrige’ la plana al Poder Legislativo que además de prohibir el uso adulto del cannabis, no ha legislado para estar acorde con lo que el mismo tribunal constitucional determinó en 2021.
En junio del año pasado, se determinó que es inconstitucionalidad la prohibición del uso lúdico de la cannabis y el psicotrópico THC (compuestos conocidos en conjunto como marihuana) de la Ley General de Salud, pues se contraponía al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Antes, en 2015, el tribunal constitucional se pronunció por primera vez a favor de la cannabis lúdica al otorgar un amparo a cuatro personas y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) les autorizara consumirla.
Y con ello, el Congreso de la Unión debió legislar para que las personas que quisieran consumir cannabis no se ampararan, sin embargo no lo ha hecho. La primera iniciativa fue descartada cuando los diputados la modificaron tras ser avalada por el Senado. Ahora, hay otra iniciativa que está en comisiones y aún no tiene fecha para llevarse al pleno.
El Congreso está incumpliendo con una legislación y mientras la ley sigue prohibiendo el consumo adulto del cannabis, a pesar de que la Corte, en dos ocasiones, ha determinado que esa ley es contraria a lo que establece la Constitución en materia de derechos.
Por otro lado, los mexicanos también se enfrentan a otra vía de la política prohibicionista en México: la de los vapeadores. Hace una semanas, el Senado aprobó la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que considera que los vapeadores “son indudablemente dañinos” y que sus emisiones podrían ser, incluso, equiparables a la amenaza a la salud que representan los cigarrillos combustibles comunes.
Sin embargo, lo que no han entendido los legisladores es que sin regulación queda abierta la puerta al mercado negro, y los jóvenes y niños están cada vez más expuestos a productos de dudosa calidad que se encuentran al alcance de cualquiera.
Mientras el contrabando de alternativas al cigarro sigue en aumento, los legisladores no terminan por establecer reglas claras para contrarrestar esta grave problemática que afecta a la salud pública, y a la economía, pues no hay que olvidar que estos productos no pagan impuestos -aproximadamente 12 mil millones de pesos al año- y a pesar de ello, se siguen comercializando en las calles como también ocurre con los cigarros combustibles o las bebidas alcohólicas, que están reguladas y, por ende, deberían tener mayor control.
Urge saber quién produce, quién distribuye y quién puede consumir estos productos, que tienen menor exposición a químicos dañinos como los cigarros tradicionales y por lo que, incluso, la FDA los autorizó en Estados Unidos como productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP).
Con este tipo de prohibiciones, además de impedir el acceso a información clara y desconocer los avances en salud pública que la evidencia científica ha logrado en países como Gran Bretaña, Nueva Zelanda o Japón, las autoridades están coartando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de los consumidores para elegir mejores alternativas, lo que no han podido hacer en los últimos años.
El mismo presidente López Obrador reconoció que en todo el país se trafican estos dispositivos y son muy populares entre los jóvenes, pero su gobierno no está considerando que los productos sin humo son una alternativa para reducir el tabaquismo entre la población adulta.
Y que quede claro, la regulación en la ley, debe ir acompañada por educación e información que venga desde el Estado y así niñas y niños conozcan los mitos, estigmas y la verdad sobre el consumo de estas sustancias.
