De aprobarse la ley que prohíba la actividad minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se podrían cancelar importantes proyectos de “inversión productiva, socialmente responsables y compatibles con el desarrollo sustentable”, consideró Guillermo Haro Bélchez, extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A través de un texto publicado en la revista ‘Este País’, el exfuncionario dijo que es “completamente contraproducente la prohibición antes señalada, que además le resta al Ejecutivo autoridad y capacidad de decisión en las autorizaciones ambientales previas para el desarrollo de infraestructura y por tanto para el fomento de la actividad económica”.
Asimismo indicó una prohibición total en el aprovechamiento de los recursos mineros, dada la regulación que está vigente, desestima el potencial de nuestro país en este sector, desalienta el desarrollo de proyectos ambientalmente adecuados, la recaudación de importantes ingresos fiscales y que son una fuente de recursos para las comunidades de acuerdo a la legislación vigente.
También, se podrían perder beneficios para las ANP, tales como acciones de reforestación, revegetación y conservación de la vida silvestre.
Haro Bélchez advirtió que de aprobarse una regulación se abre un riesgo para que las actividades ilícitas crezcan ante la falta de ingresos y oportunidades de los pobladores de las zonas afectadas.
Destacó que en las entidades con una importante actividad minera, como son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luís Potosí, Sonora y Zacatecas, tienen indicadores que están por arriba de la media nacional, gracias a que las leyes vigentes para áreas naturales han permitido “elevar la calidad de vida en los municipios donde opera”.
En este sentido indicó que las concesiones mineras en operación sólo ocupan el 1.7 por ciento del total de la superficie terrestre y marina de las 182 áreas naturales existentes, que protegen 90 millones de hectáreas
Asimismo comentó que los 30 municipios que registran el 67 por ciento del valor de la producción minera nacional, cuentan con una mayor población derechohabiente que el promedio nacional y un mayor ingreso per cápita.
Una muestra de ello, es que en 2019, 36 municipios que concentraron el 75 por ciento del valor de producción minera, mostraron que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es superior a la media nacional y el Índice de Rezago Social (IRS) es inferior al registrado como medio a nivel país.
De igual forma, recordó que durante la pasada administración, la Profepa revisó las mil 134 minas que estaban operando y sólo en 20, un 1.8 por ciento, hubo irregularidades graves por lo que se aplicaron las sanciones correspondientes, así como los programas de remediación validados por Semarnat.
Además, aseguró que “la minería no es una industria intensiva en el uso de agua. El sector industrial con base en autorizaciones y permisos de Conagua, sólo ocupa el 4 por ciento del total y de este porcentaje el 0.9 por ciento ocupa el sector minero, que reusa y recicla cerca de las 2/3 partes del agua que utiliza”.
Agregó Haro Bélchez, que tampoco se debe olvidar que las operaciones mineras formales realizan actividades para rescatar y reubicar a especies en riesgo; programas para monitorear, ahuyentar, capturar y liberar fauna silvestre en sitios que cuenten con características ambientales similares a las de su lugar de rescate, así como la producción de plantas y árboles para reforestar.
Incluso, indicó que la inversión de los últimos años del sector minero en acciones a favor del medio ambiente y de desarrollo social superó los 5 mil 300 millones de pesos, adicionales a la contribución de los 3 mil 496 millones de pesos que conformaron el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera en 2019.
