Norma Meraz
Música para los oídos son todas y cada una de las promesas que escuchamos cada día que transcurre en cuenta regresiva al 1 de diciembre.
Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México, ha tendido una red de compromisos y designaciones en todo lo ancho y largo del país.
Sobre todo si se refiere a que acabará con la corrupción, con la impunidad, aumentará al doble las pensiones a los ancianos, habrá becas para todo el que quiera estudiar, bajará los sueldos a los funcionarios de alto nivel para recompensar a los que hoy ganan menos, se abrirán 100 universidades, la hasta hoy Residencia Presidencial de Los Pinos se convertirá en un centro cultural –antes fue llamada Casa del Pueblo, por doña María Esther Zuno de Echeverria, quién abrió por primera vez las puertas de esa residencia y sus jardines a grupos diversos como: estudiantes, artistas, indígenas, maestros, periodistas, políticos, académicos y otros más.
Designaciones anticipadas y compromisos impensados, pueden llevar, de no cumplirse, a un desencanto nacional.
Llama la atención –entre otros pronunciamientos– la afirmación y compromiso reiterado de Don Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad, cuando afirma que bajará al 50% la inseguridad y la delincuencia en un plazo de tres años.
El ingeniero Durazo Montaño habrá tomado en cuenta que, para combatir a la delincuencia, se requiere del diseño e implementación de más de una política pública que intervenga y complemente la tarea titánica que eso implica.
¿Acaso con sólo reiterarlo se resolverá el grave problema que hoy sufre México?
Aún no se habla de la cantidad de recursos interinstitucionales que se invertirán para llevar a cabo la tan atractiva disminución de la inseguridad.
La desincorporación de atribuciones que sufrirá la Secretaria de Gobernación e irán a dar de nuevo a una Secretaria de Seguridad no significa que, por sí sola, sea la que resuelva el problema que aseguran bajará al 50% el azote que padecemos hoy.
Al anticipar en voz alta este compromiso, es de admirar la audacia del futuro responsable de la Seguridad Nacional, aun cuando no se conoce cuál será la estructura y su presupuesto.
Hasta hoy se han realizado tres Foros con el tema de la pacificación nacional.
La pregunta es: ¿qué se ha aportado con estas reuniones multitudinarias en donde lo sobresaliente es el discurso del ingeniero Alfonso Durazo, las quejas y llantos de las víctimas de la delincuencia y el atropello de las autoridades que no ayudan ni resuelven nada.
Llama la atención que temas como la seguridad a los periodistas y la atención a las víctimas que dejan los innumerables asesinatos de profesionales de la comunicación no sean llevados a la mesa de discusión.
Los profesionales de la comunicación –reporteros, fotógrafos, camarógrafos– que cumplen con la noble tarea de informar, se ha convertido en presa fácil de los grupos de poder que se sienten afectados en sus intereses cuando salen a la luz las actividades ilegales que realizan y las victimas se quedan en el vil abandono respecto de las autoridades que no aplican la ley ni administran la justicia.
Ya hemos señalado en otra ocasión que, en México, de cada diez casos denunciados, sólo en tres se sigue la investigación.
¿Cuántos periodistas asesinados más se requieren para ser tomados en cuenta los derechos humanos de estos profesionales que cumplen con una importante labor en beneficio de la sociedad?
Este tema no es menos importante como para obviarse en los Foros para la pacificación nacional.
Otro asunto que cae bien para un discurso pero que al tocar base en la realidad es el del nuevo esquema de seguridad del próximo presidente de México.
Andrés Manuel López Obrador, empecinado cómo es, no da marcha atrás en lo que se refiere a su seguridad personal.
Si el gobierno cuenta ya con una institución profesional y leal que se encarga de la seguridad personal del presidente y su familia, ¿para qué borrar de un plumazo la existencia del Estado Mayor Presidencial sólo por cumplir con un pronunciamiento hecho en campaña y que dejó contentos a muchos por ver en ese cuerpo de seguridad como un despilfarro?
El Estado Mayor Presidencial, además de tener bajo su responsabilidad la seguridad del presidente, tiene bajo su resguardo Palacio Nacional, Los Pinos, el Deportivo de Lomas Altas, Molino del Rey y numerosas obras de arte que son patrimonio nacional.
Este personal conoce de todos los protocolos de seguridad y están perfectamente capacitados para hacer frente a cualquier eventualidad o emergencia respecto de la seguridad presidencial.
Si el EMP cuenta con siete mil elementos, pues en todo caso, valga reducir el número y algunos gastos innecesarios, pero prescindir de este servicio deja en un nivel alto de vulnerabilidad del jefe del Ejecutivo.
Hay que tener muy claro: su cargo es presidente, ya no candidato López Obrador.
Vamos, pues, que el prometer no empobrece –dicen las abuelas del pueblo–el dar es lo que aniquila.
Y ahí es cómo quedan algunas incógnitas del futuro.
Nos toca que:
¡Digamos la Verdad!
