En México cada año mueren 48 mil personas prematuramente por problemas de salud relacionados con la contaminación, de acuerdo con Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, y en Quintana Roo, miles de hectáreas de biodiversidad son afectadas por empresas y el desarrollo irregular, debido a que el estilo de vida actual está basado en un capitalismo cada vez más insostenible, social, económica y ambientalmente.
Ante este panorama, se realizan diferentes propuestas alrededor del mundo con un nuevo enfoque más consciente a través del capitalismo regenerativo, un modelo económico más sostenible que busca un cambio profundo en las reglas, normas e instituciones que gobiernan los mercados con resultados positivos para la sociedad y el planeta.
Este nuevo sistema fue desarrollado por John Elkington, fundador y director operativo de SustainAbility, en su libro Cisne Verde, en el que menciona que este nuevo sistema tiene como objetivo internalizar los costos y beneficios sociales y ambientales y garantizar que estos se reflejen en el precio relativo de los bienes y servicios, así como en las declaraciones de pérdidas y ganancias de las empresas, los costos de capital y las valoraciones de mercado.
De esta manera, se pretende que las empresas innoven de una forma más sostenible y que los mercados de capitales valoren y recompensen adecuadamente las prácticas comerciales sostenibles y como resultado, cada vez más capital se movilice para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con lo establecido en el Acuerdo de París.
¿Cómo lograr un desarrollo sostenible en Quintana Roo a través del capitalismo regenerativo?
Para John Elkington, que las empresas sean responsables ya no es suficiente, pues asegura que se necesita un sistema que pase de la responsabilidad a la resiliencia y a la regeneración mediante una gran inversión para que se haga efectiva y lograr, por ejemplo, acciones para proteger el medioambiente y construir ciudades sostenibles y resilientes.
En ese sentido, en Quintana Roo, la construcción de desarrollos sustentables llega como una solución que permitiría una reglamentación para mitigar los efectos negativos de los desarrollos inmobiliarios irregulares que persisten en el estado y que impactan en sus ecosistemas y biodiversidad, ante la falta de permisos de impacto ambiental, la insuficiente capacidad de vigilancia y el recorte de presupuesto a las dependencias ambientales.
Dentro de los procesos de este tipo de desarrollos, para solucionar los efectos negativos de la construcción irregular, se encuentra la planificación urbana sostenible que consiste en establecer regulaciones y políticas que limiten la construcción en áreas sensibles, promover el uso eficiente del suelo, fomentar la conservación de ecosistemas y respetar los derechos de las comunidades locales.
De esta manera se evitaría el desarrollo desordenado y la expansión urbana descontrolada, por lo que ayudaría a preservar sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), proteger el patrimonio cultural y evitar los impactos negativos del desarrollo irregular.
Estas acciones deben estar alineadas con objetivos específicos enfocados a la protección de las ANP, entre la sociedad civil, el sector inmobiliario y los tres niveles de gobierno, para lograr una regulación efectiva, un capitalismo regenerativo y un desarrollo sostenible que permita no sólo proteger el ecosistema, sino generar recursos para mantener su conservación e impulsar la economía y turismo del estado.
Consciente de los estragos que ha generado la irregularidad y del impacto positivo del turismo sostenible, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, expresó durante la Quinta Conferencia Internacional Anáhuac “Perspectivas Turísticas 2023”, que su gobierno impulsa este modelo de turismo a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que contempla el crecimiento económico, la preservación de los ecosistemas y el desarrollo social.
Mientras que en 2022, la gobernadora señaló que el estado se alineará a la Agenda 2030 por un desarrollo turístico sostenible y sustentable, a partir de un trabajo conjunto de la iniciativa privada y gobierno que permita que el beneficio de crecimiento sea en el sur y el norte de manera equitativa con una profunda responsabilidad social en beneficio de los trabajadores.
